El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso una demanda contra el estado de Texas este lunes por instalar una barrera de boyas en el Río Bravo, que actúa como frontera natural con México, sin obtener la autorización federal necesaria. El objetivo de esta barrera era detener el flujo de migrantes.
La Fiscalía estadounidense había otorgado al gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, un plazo que finalizó ese mismo lunes para retirar las boyas debido a los riesgos ambientales y humanitarios que representaba para los migrantes. La demanda civil presentada exige la retirada de las boyas, ya que se considera que Texas violó la Ley de ríos y puertos de 1899 al instalarlas sin el consentimiento del Gobierno del demócrata Joe Biden.
La fiscal general adjunta, Vanita Gupta, señaló en un comunicado que la barrera flotante no solo amenaza la navegación y la seguridad pública, sino que también plantea riesgos humanitarios y ha provocado una protesta diplomática por parte de México, lo que afecta la política exterior de Estados Unidos.
La semana anterior, el Departamento de Justicia del Gobierno de Biden había amenazado con presentar una demanda contra el estado, pero el gobernador texano se negó a retirar las boyas en respuesta. Abbott escribió una carta a Biden acusándolo de inacción frente a la llegada de migrantes a la frontera sur del país y anunciando que Texas usaría su autoridad constitucional para abordar la crisis.
A principios del mes, el gobernador texano ordenó la instalación de la barrera de boyas y un alambrado para evitar el cruce de migrantes desde México. Sin embargo, esta medida ha generado rechazo tanto de grupos proinmigrantes como de ambientalistas, así como del Gobierno de México, que envió una nota diplomática a Estados Unidos advirtiendo que la barrera viola el Tratado de Aguas entre ambos países.
La Administración de Biden destaca que los cruces fronterizos han disminuido a sus niveles más bajos de los últimos dos años desde la implementación de la nueva política de restricciones en la frontera en mayo, que reemplazó al Título 42, una norma sanitaria que permitía la expulsión de migrantes debido a la pandemia de Covid-19.
Un alto funcionario del Gobierno afirmó ante la prensa que los republicanos «carecen de soluciones» y que simplemente buscan crear caos. Abbott, conocido por su postura antiinmigración, ha enviado autobuses para trasladar a migrantes que cruzaban la frontera con México a estados gobernados por demócratas desde el año pasado.