Ayer, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados llevaron a cabo la disolución de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con un monto total de 15 mil millones de pesos. La votación en general obtuvo 259 votos a favor de Morena y sus aliados, 205 en contra de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, y una abstención por parte del diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, quien respalda a Marcelo Ebrard.
La oposición expresó su preocupación de que lo aprobado se considerara ilegal, tanto debido al procedimiento seguido como a lo que percibieron como una «confiscación» de los recursos pertenecientes a los trabajadores del Poder Judicial. Los legisladores de oposición anunciaron su intención de presentar acciones de inconstitucionalidad contra la propuesta del oficialismo.
Este proceso de votación en San Lázaro fue el punto culminante de un día de protestas en el que los trabajadores y sindicalizados del Poder Judicial se enfrentaron físicamente con la policía de la Ciudad de México. Los enfrentamientos se produjeron en dos ubicaciones: en Periférico Sur, donde los empleados de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa bloquearon la vía, y en Insurgentes Sur, cerca de La Bombilla.
La Oficial Mayor de la Suprema Corte, Gisela Morales, negó ante los diputados que el Poder Judicial desviara remanentes y subejercicios de sus presupuestos a los fideicomisos, y argumentó que estos recursos estaban destinados a brindar pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios a los trabajadores.
Jesús Gilberto González, comisionado del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, enfatizó que los fideicomisos estaban destinados a beneficiar a los 45 mil trabajadores y no a los Ministros.
Durante el debate legislativo de anoche, los diputados de la oposición calificaron la reforma como un acto perjudicial para los trabajadores del PJF y argumentaron que, en realidad, formaba parte de los esfuerzos del Ejecutivo federal para debilitar al Poder Judicial.
Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que el proceso de aprobación de la reforma fue irregular y pronosticó que conduciría a recursos legales y, posiblemente, a desafíos de inconstitucionalidad. Además, destacó la preocupación de que la Suprema Corte tuviera que resolver una cuestión en la que, en última instancia, estaría juzgando una medida que afecta directamente al Poder Judicial.
La panista Margarita Zavala argumentó que la reforma era cruel y contraria a los principios de separación de poderes y debido proceso.
La disolución de los fideicomisos ahora pasará al Senado de la República, donde la oposición intentará detener la eliminación de estos fondos.