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LA EXTINCIÓN DE de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resguardan unos 20 mil millones de pesos, es para donde ahora enfilará el gobierno de la 4T.
Tras la votación de ayer, en la que se confirmó nuestro adelanto de la tracción que alcanzó la ministra Norma Piña con la caída de Yasmín Esquivel, viene un fuerte revire de Andrés Manuel López Obrador.
Mal empezó 2023 el tabasqueño: con dos horas de diferencia perdió la posibilidad de controlar la Corte y también perdió la oportunidad de controlar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El ascenso de Guillermo Valls a éste último y la llegada de Piña a la SCJN es la señal más estruendosa contra el obradorismo y el primer paso firme hacia un equilibrio de poderes frente a una Presidencia omnímoda.
Norma Piña arranca una Presidencia de cuatro años complicada donde su primer reto será aguantar la presión que viene con las reformas al Poder Judicial que preparan AMLO, la Consejería Jurídica y Gobernación.
El Presidente está enardecido, agraviado y enganchado con la impresionante operación de la “ultraderecha” que sepultó a su candidata Esquivel Mossa, por lo que alista dichas reformas para vulnerar a la Corte.
Cuando en 2018 Arturo Zaldívar llegó a la Presidencia de la SCJN se encontró con el tesoro del presidente saliente, Luis María Aguilar: 10 fideicomisos y dos fondos para prestaciones sociales de los trabajadores.
También para el desarrollo de infraestructura que facilitaría la adopción del nuevo sistema de justicia y que al 31 de diciembre de 2018 su saldo total era por la friolera de 15 mil 500 millones de pesos.
La propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante el Informe de Auditoría 2018-0-03100-19-0003-2019, puso los ojos sobre esos mismos fideicomisos.
David Colmenares señaló como una práctica irregular la subutilización de los fondos, pues las prestaciones de seguros médicos, jubilaciones e infraestructura, se pagaban con gasto corriente.
Aún con estos señalamientos Arely Gómez, la controlara de la Corte, decidió mantener por cuatro años más está práctica, por indicación por supuesto de Zaldívar Lelo de Larrea.
En números, el ministro saliente logró acumular en su periodo cuatro mil 500 millones más, que pasarán íntegros a la administración de la presidencia de Piña, y que ya están en la mira de Palacio Nacional.
Recién le platicaba que como parte de la iniciativa de Reforma al Poder Judicial, Andrés Manuel López Obrador prepara la disolución de esos fideicomisos, para vulnerar, al igual que al INE, este otro poder.
La permanencia de Gómez fue clave para evitar que esos recursos pasaran a engrosar los flujos de los programas del Bienestar del gobierno de la 4T, ávido en este naciente 2023 de dinero.
La contralora tenía influencia en la propia ASF, a través de su eterno colaborador Eber Omar Betanzos, quien se mueve ahora como mano derecha de Colmenares.
Pero doña Arely, al igual que el resto del equipo de Arturo Zaldívar, presentó su renuncia el 31 de diciembre para darle a la nueva ministra Presidente la libertad de nombrar a su propio equipo.
¿Perderá la Corte esa bolsa de 20 mil millones de pesos y los once ministros y el poder judicial en general todos sus beneficios? En la casa presidencial y Bucareli ya cargan los primeros misiles.
EN EL ÚLTIMO tramo del 2022 le adelantamos otros dos intentos de control del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador: el del espacio aéreo mexicano y el de la entronización del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En otro madruguete legislativo como el del TFJA, los morenos comandados por Ignacio Mier pasaron otra iniciativa para modificar las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil para transferirles el control de tales actividades administradas por autoridades civiles al Ejército. Aquí en octubre ya le adelantábamos que la Secretaría de la Defensa de Luis Cresencio Sandoval le quitaría a Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano esa facultad y que el general Isidoro Pastor, director del AIFA, estaba bloqueando al aeropuerto de Toluca. Viene de regreso una contraofensiva de la industria aérea nacional.
POR CIERTO QUE entre Navidad y Año Nuevo la Secretaría de Marina, Armada de México firmó finalmente el contrato para equipar tecnológicamente las 17 aduanas marítimas que están bajo el control de las huestes del almirante José Rafael Ojeda Durán. Se adjudicó a las empresas estadounidenses Rapiscan Systems, que preside Mal Maginnis, y a Astrophysics, de Francois Zayek, un negocio de alrededor de cinco mil millones de pesos durante los próximos seis años, para la proveeduría de sistemas de detección con rayos X. ¿Recuerda que aquí le informé que Aduanas todavía a cargo entonces de Horacio Duarte lo iba a entregar a los chinos, lo cual propició un extrañamiento del embajador Ken Salazar? Los cerca de 250 millones de dólares saldrán del FACLA, el fideicomiso que administra la Agencia Nacional de Aduanas.
ESTE VIERNES MELCHOR, Gaspar y Baltasar, podrían dejarle regalo a los cerca de ocho mil 600 ex trabajadores de Mexicana de Aviación. Pero muy lejos del anhelado oro que llevan esperando hace más de 10 años. Y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ofreció solo 20 millones de dólares por los activos que aún poseen los sindicatos de pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra y jubilados, donde la marca es el más importante. Agregue también el Centro de Adiestramiento, dos simuladores y oficinas en Guadalajara y la CdMx. Si los trabajadores aceptan lo que puso en la mesa la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Acalde, cobrarán una bicoca que cubriría apenas tres meses, frente a los cuatro años de liquidación que habían firmado en el laudo con la compañía, y que arrojaba una cifra cercana a los ocho mil millones de pesos.
QUIENES ASISTEN A las mesas interdisciplinarias que las autoridades llevan a cabo sobre el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana, aseguran que en próximas semanas serán llamados a declarar todos los involucrados en las compras que esa dependencia hizo a las empresas vinculadas con Fernando Zurita, mejor conocido como el “Rey del abarrote”, esto durante el periodo en que fue dirigida por Ignacio Ovalle. Se trata de las compras fantasma de 25 toneladas de azúcar que se pagaron por adelantado a Servicios Integrales Carregin, así como los contratos que obtuvieron Gainmate Comedores Industriales y Comercializadora Aservayan, mismas que vendieron insumos supuestamente con sobreprecio durante la pandemia, hasta por 53 millones de pesos.