Más de diez años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el caso vuelve a ocupar los titulares con la detención de Lambertina Galeana Marín, exjueza del estado de Guerrero, por su presunta implicación en la desaparición de pruebas clave del expediente.
Un arresto que reaviva la indignación
Lambertina Galeana Marín, de 79 años y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue detenida este jueves por su probable responsabilidad en la desaparición de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, donde los normalistas fueron vistos por última vez el 26 de septiembre de 2014.
Este nuevo arresto es parte de una serie de acciones legales emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2022, cuando se emitieron órdenes de aprehensión contra militares, policías y funcionarios judiciales del estado. En su momento, las autoridades no revelaron los nombres de los implicados, pero ahora se confirma la participación de figuras del poder judicial.
Reacción del gobierno
La presidente Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del viernes, confirmó el arresto y reiteró que la Fiscalía Especial continúa investigando la eliminación de los videos, un reclamo histórico de los familiares de los desaparecidos. “Las familias han exigido durante años una investigación completa y transparente. Este paso es parte de ese compromiso”, expresó.
Sheinbaum heredó este tema no resuelto de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió esclarecer los hechos durante su mandato, sin lograr una resolución satisfactoria para los padres de los estudiantes.
Un caso marcado por omisiones del Estado
Desde la noche en que los estudiantes fueron interceptados por policías municipales y fuerzas federales, los informes sobre lo que ocurrió han sido confusos y contradictorios. En 2022, un informe oficial calificó la desaparición como un “crimen de Estado”, señalando responsabilidad directa del aparato gubernamental.
En 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respaldado por la ONU, denunció que las Fuerzas Armadas de México ocultaron información y limitaron el acceso a pruebas esenciales. Meses después, los expertos renunciaron, denunciando la persistencia de secretismo institucional y obstrucción sistemática.
Las familias: entre el dolor y la exigencia de justicia
Felipe de la Cruz, portavoz de los padres de Ayotzinapa, afirmó que el arresto de la exjueza solo confirma lo que han sospechado durante años: que existe un pacto de silencio entre autoridades y actores involucrados en la desaparición. “Este caso sigue abierto. Seguiremos luchando por la verdad y la justicia”, aseguró.
La detención de Lambertina Galeana no cierra el caso, pero sí abre una nueva etapa. A casi once años de los hechos, las familias aún esperan respuestas claras, responsables procesados y, sobre todo, justicia.
