La cobertura social de servicios de telecomunicaciones, particularmente de banda ancha, está por sufrir un revés significativo.
Resulta que el fideicomiso 2058, mejor conocido como e-México, le ha sido arrebatado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin importar los efectos colaterales que esto implica.
El gobierno que no se cansa de repetir que se preocupa por los más necesitados, está a punto de dejar a ‘su pueblo’ sin las únicas redes que hoy les permiten acceder a internet y reducir la brecha digital.
México lleva más de 20 años construyendo redes satelitales que permitan conectar a la población que habita en comunidades rurales donde no llegan los proveedores de servicios terrestres.
Pero las secretarías de Hacienda, que capitanea Arturo Herrera, y de Comunicaciones, que comanda Javier Jiménez Espriú, están a punto de desconectar a esa población y condenarlas al aislamiento.
Esta medida afectará a más de 12 millones de mexicanos en más de 12 mil poblaciones que utilizan los servicios en escuelas, oficinas y centros de salud, rubro este último colapsado por la pandemia del Covid-19.
El golpe a la conectividad satelital rural se viene orquestando hace más de 18 meses desde la Subsecretaria de Comunicaciones y la Coordinación de la Sociedad de la Información.
Las instancias que dirigen respectivamente Salma Jalife y Luis Fernando López, son las responsables de tal situación, al igual que Telecomunicaciones de México, que maneja Sergio Viñals.
Simplemente han dejado de pagar a sus proveedores de servicios de conectividad satelital, al grado de complicar su solvencia económica, poniendo en riesgo miles de empleos formales.
Al igual que en Pemex, los funcionarios de la 4T a cargo de este programa no pagan, y mandaron decir a proveedores que a partir del pasado 1 de julio suspendan temporalmente el servicio.
Entre la falta de pago y la suspensión del servicio se afectarán a más de 350 familias que trabajan en empresas que daban servicio a Telecomm, mismas que en año y medio no han podido cobrar un solo peso.
Eliminar las redes de conectividad satelital que sirven a las poblaciones de menos de 5 mil habitantes va contra la narrativa de la política social de Andrés Manuel López Obrador.
Además, representa una violación al Estado de Derecho de los operadores, que seguramente harán valer sus derechos a través de costosos litigios en aras de cobrar lo que se les adeuda.
ES ALTAMENTE PROBABLE que mañana llegue a México Emilio Lozoya Austin. En las últimas horas han trascendido versiones de más delitos que engrosarían su expediente. Uno es el huachicol de gasolinas, flagelo que ciertamente repuntó de manera espectacular en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero no necesariamente en la gestión de Lozoya. Solo cuestión de revisar los mismos datos de Pemex. Entre 2015 y 2016, su último año, se robaban 8 mil barriles diarios de combustibles. Pero en el lapso 2016-2017 se duplicó a 16 mil millones y en el periodo 2017-2018 bajó a 13 mil millones. En el primero el director era José Antonio González Anaya y en el segundo Carlos Alberto Treviño.
AEROMÉXICO TIENE QUE tomar nota de su relación con Grupo Infra, de Agustín y Elmer Franco. Es uno de sus proveedores con los que mantiene adeudos atrasados. Se trata de un cliente esencial para la aerolínea que dirige Andrés Conesa, ya que les suministra el hidrógeno que se emplea en los neumáticos de sus aviones. El gas es vital para mantener la presión de las llantas durante los despegues y aterrizajes. La semana pasada fue crítica para la compañía de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo porque los Franco de plano ya no quisieron surtirles.
CARLOS CABAL PENICHE tiene su corazoncito en la banca. Si bien acaba de desembarcar en los negocios de la radio y la aviación, de la mano de Miguel Alemán Magnani, el tabasqueño sueña con recuperar Banco Unión-Cremi. El empresario que fue perseguido por el régimen de Ernesto Zedillo y vivió discretamente estos últimos años cosechando plátanos en el sureste, quiere un banco. El Banco del Bienestar, que ahora dirige Diana Álvarez Maury, está en su mira, pese y a que le hayan cancelado el contrato para proveerle cajeros automáticos.
SI DAVID MARTÍNEZ efectivamente se da a la tarea de recomprar los bonos de Posadas que están en el mercado secundario, se podría repetir la historia de Vitro. Tal vez se acuerde que hace seis años el dueño de Fintech rescató de los fondos buitre a los regiomontanos que preside Adrián Sada González. El financiero podría estarle haciendo un favor a los principales accionistas de la cadena hotelera: Roberto Hernández, Alfredo Harp, Fernando Chico y la familia de José Carlos Azcárraga. Quizás por ello no se preocuparon tanto en irse a default.
DILA CAPITAL QUIERE levantar hasta 100 millones de dólares en su nuevo fondo DILA IV. Alejandro Diez Barroso y Eduardo Clavé se pusieron la meta de obtenerlos hacia la mitad de 2021. De entrada BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo que dirige Luis Alberto Moreno, fondeará los primeros 25 millones antes de que que concluya este año. DILA está especializado en financiar nuevos negocios en México y América Latina. No los pierda de vista.
TRIADA, AUNDINGMEX, FMI Proyectos y Plan Desing son las que podrían inconformarse por el resultado de la última licitación del Tren Maya que ganó Sener. Acusan que la vencedora, la española que dirige César Quevedo, contó con información privilegiada porque el Fonatur le adjudicó semanas atrás la ingeniería básica. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Javier Jiménez Espriú, no están muy contentos por cómo Rogelio Jiménez Pons está asignando contratos.