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A la Fiscalía General de la República (FGR) llegó finalmente una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El expediente es el relacionado con el caso del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, aquella tragedia que le costó la vida a dos personas que murieron por la negligencia de las autoridades.
Según los hechos presentados por las huestes de David Colmenares al Ministerio Público, directivos del Centro SCT Morelos y de la Dirección General de Desarrollo Carretero estarían involucrados.
La máxima instancia auditora determinó un daño al erario por 101.4 millones de pesos, debido a obras de reparación del libramiento, cuyo costo inicial fue de aproximadamente mil 400 millones de pesos.
Hablamos de la dirección que en 2017, año en que se registró el suceso, estaba en manos de Carlos Bussey y de la delegación estatal de la SCT que comandaba en ese entonces José Luis Alarcón.
Ambas instancias son señaladas por la ASF como las principales responsables del incidente que provocó el fallecimiento de esas dos personas que circulaban por la vialidad.
La denuncia aclara que al consorcio contratista integrado por la española Aldesem, de Antonio Rubio Fernández, y Epccor, de Juan Diego Gutiérrez Cortina no pueden fincársele responsabilidades por los daños.
Y es que aunque hicieron también del conocimiento de la SCT la problemática que existía respecto al drenaje de la zona, nunca recibieron de la dependencia de Gerardo Ruiz Esparza la autorización para tomar acciones preventivas.
En su análisis de hechos, la ASF logró documentar todos los reportes y alertas que pobladores de la zona, la Comisión Estatal del Agua de Morelos, la Dirección General de Protección Civil Cuernavaca y hasta las contratistas encargadas de los trabajos de construcción, hicieron con anterioridad a los responsables del proyecto respecto a los riesgos de ‘socavamiento’.
También tendría responsabilidad jurídica en esta denuncia la firma encargada de la coordinación general del proyecto de ampliación del libramiento, identificada como SACC Ingeniería, que ignoró incluso las propuestas técnicas de solución al problema de drenaje.
A detalle, vecinos, constructores y autoridades estatales coincidían en que el kilómetro 93+857 de la autopista México-Acapulco era una especie de bomba de tiempo.
Existían problemas de desbordamiento de agua que, además de generar inundaciones en las colonias aledañas, ponían en riesgo la estabilidad de la estructura de la vialidad.
Todos los actores coincidían en que la simple sustitución de un tubo de drenaje con diámetro de 1.22 metros era suficiente para evitar la catástrofe, sobre todo porque el canal pasada debajo del Pado Express.
El tubo fue insuficiente para desahogar los flujos de excedentes de lluvia. Otro de por lo menos 2 metros de abertura hubiera subsanado el error.
La respuesta de la SCT a las recomendaciones fue contundente, y puede leerse en el “Reporte de Problemas, Seguimiento y Soluciones” elaborado por la dependencia y representantes de SACC en octubre de 2016.
“Se le informa a la empresa constructora que el reforzamiento de la tubería de concreto con 1.5 metros de diámetro, de la obra de drenaje del km. 93+857 (kilómetro 93+857.03), no se construirá conforme al proyecto: se deja como está y posteriormente se harán estudios en la zona. De momento se resolverá una obra reguladora.”
La Auditoría Superior de la Federación pone énfasis en la premura con la que la SCT realizaba la obra, sin respetar los plazos a los que legalmente se habían comprometido las constructoras.
Por ejemplo, en la denuncia se especifica que, a pesar de que la obra estaba programada para entregarse el 30 de junio de 2017, a principios de marzo surgió una orden desde la Dirección de Seguimiento y Control de Obra para que ésta fuera entregada el 31 de ese mismo mes.
De ahí que se contrataron adicionalmente los servicios de las empresas Jaguar Ingenieros Constructores y Freyssinet de México, para que apoyaran al consorcio contratista a concluir la obra 91 días antes de lo que establecía el contrato.
Se desprende que, por la urgencia de que el entonces presidente Enrique Peña Nieto inaugurara el Paso Exprés antes de la campaña electoral de 2017, la SCT obligó a los contratistas a ejecutar los trabajos de construcción del cuerpo izquierdo del libramiento en tan solo 24 días, cuando el cuerpo derecho de la estructura les tomó 180 días.
La conclusión de la ASF fue que se pusieron también en riesgo los procedimientos constructivos de estos trabajos, con el único objetivo de que Peña Nieto inaugurara la obra el 5 de abril, justo los días previos al inicio de las campañas en su entidad natal.
Posteriormente, según la denuncia, el 12 de junio de 2017 personal de la Dirección General de Carreteras realizó una reunión de trabajo para definir la situación del costo de la obra que ya estaba en operación.
Volvieron a tocar el tema del Kilómetro 93+857 y, ante la insistencia de las constructoras, se definió en la minuta final que ‘Se cotizará el hincado para sustituir el tubo existente’.
Pero un mes después, el Paso Exprés colapsó justo en ese tramo.
El comité de acreedores no garantizados de Aeroméxico, representados por Kelli Walsh, vicepresidente legal de GE Capital Aviation Services, acaba de presentar a la Corte de Quiebras de Nueva York una solicitud para asesorarse en cuestiones relacionadas al Derecho mexicano. Ese grupo pidió a la jueza Shelley Chapman permiso para contratar al bufete Santamarina y Steta, que capitanea Jorge León Orantes. Además de GE, en ese comité figuran Nordic Aviation Capital, Falko Regional Aircraft Limited, World Fuel Services y Sabre, importantes proveedores de la aerolínea que dirige Andrés Conesa y preside Javier Arrigunaga.
A pesar de que Alejandro del Valle asumió ya el control accionario y operativo de Interjet, la familia Alemán siguen absorbiendo la carga legal de la crisis de la compañía. Ahora es Seguros Atlas, de Rolando Vega Sáenz, la que demandó ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX a un conjunto de personas morales y físicas. Se trata de la afianzadora y cauciones. La acción va contra Impulsora de Productos Sustentables, Galem Energy, Energía Latina, ABC Aerolíneas, Offshore Oceanus, los señores Miguel Alemán Velasco y Christiane Magnani Pavese, así como sus hijos Claudia, Mónica, Carla y Miguel Alemán Alemán Magnani.
Unifin, de Rodrigo Lebois, es una de tantas financieras que está padeciendo la cerrazón de Pemex, que no paga a sus contratistas. La compañía dirigida por Sergio Camacho estaría preparando la emisión de 50 millones de dólares de deuda, con el objeto de aliviar la situación de muchas de ellas. Es una vergüenza lo que pasa al interior de la petrolera que disque maneja Octavio Romero. Unifin es de las más expuestas con esta crisis, pues muchos de sus clientes están descapitalizados. Apenas en agosto la empresa hizo un aumento de capital de 2 mil 500 millones de pesos. Fernando Chico fue uno de los principales aportantes.