La Corte Suprema de Estados Unidos desechó por unanimidad la demanda presentada por el Gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, en la que se les acusaba de facilitar, de forma indirecta, la violencia de los cárteles en la frontera sur al permitir el tráfico ilegal de armamento.
Con esta decisión, las empresas armamentistas quedan protegidas de enfrentar los miles de millones de dólares en daños que exigía México, amparadas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés).
México no logró demostrar complicidad directa
La jueza Elena Kagan, quien redactó la opinión del tribunal, explicó que la demanda no cumplió con los requisitos establecidos por la ley federal. “La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego a traficantes mexicanos”, afirmó.
Según Kagan, aunque se reconoce que “algunas de esas ventas tienen lugar, y que los fabricantes saben que sucede”, el caso no logró probar que las compañías tuvieran la intención de que las armas terminaran en manos del crimen organizado. Para que una demanda avance bajo la PLCAA, debe demostrar que los fabricantes participaron activamente en una violación legal relacionada con armas de fuego.
Reveses diplomáticos en un clima tenso
La acción legal, presentada por México en 2021, llegó en un contexto de crecientes tensiones bilaterales. El presidente Donald Trump ha endurecido su postura hacia el país vecino, exigiendo más control sobre la migración y el narcotráfico.
El gobierno mexicano buscaba con este litigio internacional señalar la responsabilidad de las empresas estadounidenses en la violencia derivada del tráfico de armas que cruzan la frontera. Sin embargo, la Corte Suprema dejó claro que la legislación vigente favorece una amplia inmunidad para el sector armamentista.
Un golpe a las aspiraciones legales de México
Con esta resolución, se cierra de forma contundente la posibilidad de que fabricantes como Smith & Wesson, Colt y Glock enfrenten demandas internacionales de este tipo bajo la actual normativa estadounidense.
Aunque la batalla legal no logró prosperar, el caso marcó un precedente diplomático: fue la primera vez que un país extranjero demandó a la industria armamentista de Estados Unidos por su rol en la violencia transfronteriza.
México aún puede buscar vías alternativas de presión o regulación, pero en el terreno judicial estadounidense, al menos por ahora, la puerta ha quedado cerrada.
