Las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales, así como de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, presentaron este miércoles el dictamen de la Reforma Electoral.
La diputada morenista Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión Política-Electoral, detalló que el dictamen, detiene 935 páginas, tiene com eje principal la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La línea más importante es el primer dictamen del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, recoge más de 152 iniciativas: 62 constitucionales y las demás propuestas para reformas de leyes secundarias”, dijo
“Esta muy interesante este dictamen, recoge todo el sentido de verdad por una mejoramiento de la democracia en nuestro país, que es el principal eje que debe conducirnos a todos los que nos dedicamos a a política, para llegar a hacer una realidad los deseos de la población que son quienes demandan que no haya tanto gasta del dinero público en partidos políticos, en instituciones que ya no están garantizando una democracia verdadera”, apuntó.
Comisiones unidas en San Lázaro presentan dictamen de Reforma Electoral
Sánchez Ortiz explicó que en las iniciativas que se presentan en el proyecto no se habla de desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).
“En ninguna se propone desaparecer al INE (…) el objetivo de esta reforma es fortalecerlo, no desaparecerlo, de darle mayor seguridad y mayor certeza”, indicó.
La diputada dejó en claro que esta reforma “va a ir por las buenas, porque así lo quieren todos los mexicanos”.
La reforma, que López Obrador presentó en abril pasado y que se discutirá próximamente en el Congreso, causa polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno.
También sometería a voto popular a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
También eliminaría a 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.