DESPUÉS DE ENCONTRAR finanzas públicas de Quintana Roo comprometidas, la gobernadora Mara Lezama, se vio en la necesidad de llevar a cabo un proceso de profunda reingeniería financiera.
La estrategia se basó en ordenar el gasto público e incrementar los ingresos propios de la entidad para corregir el desbalance fiscal acumulado durante más de una década.
Las administraciones de los priístas Roberto Borge y Carlos Joaquín, aunque éste llegó abanderado por el Partido Acción Nacional, abultaron la deuda estatal.
En los primeros tres meses de gobierno, se inició la aplicación de una profunda reforma fiscal, al tiempo que se determinaron diversas medidas para disminuir el gasto público de las actividades no esenciales.
En su primer año de administración Mara logró enderezar un barco que había perdido rumbo.
Con decisiones que requirieron fuertes negociaciones y un genuino poder de convencimiento, las finanzas públicas de Quintana Roo se han saneado y estabilizado, mejorando significativamente los ingresos propios y los niveles de liquidez.
En consecuencia, en tan solo un año, se obtuvo una drástica mejora en la evaluación del Sistema de Alertas que instrumenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por primera vez desde que se lleva registro, Quintana Roo alcanzó el “semáforo verde”, un nivel de endeudamiento sostenible que se traduce en una posición de alta fortaleza en el pago de pasivos y del servicio de la deuda.
Asimismo, obtuvo una calificación crediticia en niveles de “A”, que en palabras de Standard & Poors, que dirige Patricia Calvo, es resultado de una mejor capacidad de pago y la reducción de los costos de la deuda pública a niveles no vistos en más de 12 años.
Adicionalmente, se inició el proceso de reestructura de deuda de largo plazo de la entidad para mejorar las condiciones crediticias (tasa y plazo) de la deuda heredada por las anteriores administraciones.
CON PREOCUPACIÓN VEN en la Concanaco-Servytur, que preside Héctor Tejada, la próxima edición del Buen Fin, a realizarse del 17 al 20 de noviembre. Tres datos: el primero, la edición 2022 dejó una derrama de 134 mil millones de pesos, 30% menor que la de 2021. Si bien esta última fue de siete días en consideración a la pandemia, se esperaba que en 2022 las tiendas se abarrotaran en cuatro días debido al término del confinamiento y la sana distancia. No fue así. En segundo lugar, la encuesta de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que preside Pierre-Claude Blaise, respecto a la desconfianza en las promociones como principal razón para no comprar en el Buen Fin, de acuerdo a 45% de los entrevistados. Un porcentaje muy alto y un motivo preocupante, lo que evidencia el reetiquetado y promociones limitadas al pago con tarjeta a meses sin intereses. Por último, el incremento exponencial del comercio en línea ha permitido a los consumidores acceder a períodos de ofertas más atractivas y creíbles como el “black friday”, el día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, o el “cyber Monday” y el Hot Sale, ambas de comercio on-line, así como el Prime Day de Amazon, entre otros. Mucho trabajo tienen por delante la Concanaco-Servytur, la Secretaría de Economía de Raquel Buenrostro y la Profeco, ahora a cargo de David Aguilar, para recuperar la credibilidad e interés en el Buen Fin.
COMO LE ADELANTÉ, el gobierno de México nunca envió una oferta formal a Vulcan Materials por la compra de las 2 mil hectáreas de terrenos en Playa del Carmen, Quintana Roo. La compañía estadounidense, propietaria de la cantera Calica, se enteró primero por la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y, semanas después, recibió, a través del embajador Esteban Moctezuma, un avalúo por 6 mil 500 millones de pesos por los predios. En las cartas enviadas por el CEO de Vulcan, J. Thomas Hill a los embajadores de México y Estados Unidos, se reveló que esta cantidad es muy inferior al valor del negocio, inversiones y las reservas de los cuales son propietarios legales, pues no se trata de una concesión. Vulcan continuará con su defensa en el arbitraje internacional en el CIADI, represtada por Covington & Burling, en Washington, mientras que en México Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, seguirán atendiendo su defensa en instancias federales y locales. Aún esta por verse si la intención de declarar los terrenos y el puerto de Punta Venado como reserva natural protegida mediante un decreto presidencial, lejos de solucionar el conflicto, lo intensificará, particularmente en un año electoral para ambos países. De nuevo primero el golpe y la amenaza y quizás después una negociación.
LE PLATICABA DE la inconsistencia en los reportes financieros de Nu México, que lleva Iván Canales, que son disfrazados con una agresiva estrategia de marketing que tiene por objetivo conseguir la licencia bancaria y dejar de ser sociedad financiera popular. Detrás de las pérdidas se encuentra una cartera vencida por más de 2 mil 100 millones de pesos que se vieron obligados a castigar durante el 2023 con el objetivo de mejorar sus índices de morosidad, además de aprovechar los beneficios fiscales que se obtienen por cartera vencida. La eliminación de cartera de clientes que no han pagado por más de 180 días, es un reconocimiento tácito de que no se va a recuperar, y por lo tanto es eliminado del balance general de sus estados financieros. ¿Esto lo sabrán sus más de 3.6 millones clientes? Por cierto que mañana estarán de visita por segunda vez en este año los cofundadores de Nu Bank, encabezados por David Vélez, Cristina Junqueira y Guillherme Lago.
LA SEMANA PASADA le comenté de la expansión de los negocios de los hermanos Luis y Mauricio Amodío en España. Los empresarios mexicanos dueños de Grupo CAABSA voltearon la proa a Europa, a partir de la compra de lo que en su momento fue la poderosa OHL, de Juan Miguel Villar-Mir. Pues bien, resulta que con independencia de que más de uno de sus abogados ya inició acciones civiles y penales en contra de ellos, sus empresas N3ERL y Cupkiris L&N ya se encuentran en la lista de “homeland security” por lavado de dinero. Veamos qué tanto tarda en llegar y escalar este conflicto a la Office of Foreign Asset y al Financial Control de Estados Unidos, las equivalentes a la Unidad de Inteligencia Financiera de México.