LA SEMANA PASADA quedó cerrada la transacción mediante la cual simultáneamente entra el influyente fondo de infraestructura francés Ardian al capital de MXT Towers.
A su vez, se invierte este capital de este influyente fondo francés de Mark Benedetti en la adquisición del 100% de la empresa Centennial Towers.
Con esta operación MXT, administrada inicialmente por el fondo EXI, de Gerardo Colosio, y ahora con Ardian, dobla su capital e incrementa en más de 60% el número de torres de telecomunicaciones en el país.
Prestan el servicio a AT&T de Mónica Aspe, Telcel de Daniel Hajj, Telefónica de Camilo Aya, CFE de Manuel Bartlett, Altan de Carlos Lerma y Transtelco de Miguel Fernández.
MXT se convierte así en el cuarto operador de torres más importante, con mil 500 unidades, sólo detrás de Telesites de Daniel Goñi, American Tower de Guillermo Cordera y Mexico Tower Partners de Marc Ganzi.
En adición a las torres, MXT cuenta con más de tres mil 500 de fibra opaca y 11 DAS. Y la intención es continuar con un muy ambicioso proyecto de inversión en nuevas torres, fibra opaca y data centers, aprovechando la oportunidad que presenta el nearshoring.
Esta adquisición, que supera los 300 millones de dólares, es muy relevante, puesto que da una bocanada de aire al mercado de torres de telecomunicaciones.
No hubo transacciones, luego de la reducción de operaciones por parte de Telefónica y los problemas en los que cayó Altan antes de su reestructura financiera.
Es posible que esta incursión de Ardian marque un nuevo banderazo hacía la consolidación de este mercado con la posible próxima salida de Macquarie, de Jonathan Davis, y de Digital Bridge del capital de México Tower Partners (MTP).
Las mismas condiciones mencionadas no habían sido las mejores para llevar a cabo la venta de MTP, pero ahora se espera que se reponga puesto que Macquarie está en vías de finalizar las salidas de sus inversiones.
En la operación de Ardian participaron como asesores financieros los bancos de inversión Rothschild, que comanda Víctor Leclerq, y BTG Pactual, que capitanea Javier Artigas.
Como asesores legales apunte a los bufetes Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, que encabeza Pablo Mijares, y Greenberg Traurig, al mando de Juan Manuel González.
EN SU AVISO al público inversionista del 26 de septiembre pasado, en relación con la demanda interpuesta por José Luis San Vicente Ortíz, Jose Bertín Gutiérrez Domínguez y Rubén Rodríguez, Banco del Bajío reitera que los convenios judiciales, cuya nulidad se demanda, se celebraron con estricto apego al marco legal aplicable hace 26 años, informando que dicho criterio fue “confirmado recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. El supuesto “criterio” tendría que decir que en diciembre de 1997 no aplicaban los artículo 17, 19 y 106 fracciones IV y XVI de la Ley de Instituciones de Crédito, en vigor desde entonces y hasta la fecha, que prohíben que un banco opere sobre títulos representativos de su capital social y adquiera títulos o valores emitidos por él sin la autorización de la SCHP. Han pasado 40 días sin que se exhiba dicho “criterio” en el juicio, lo que implica otro engaño al público inversionista, al que se pretendió tranquilizar con el supuesto “criterio”, ya que tampoco se ha hecho de su conocimiento. ¿Será que no hay funcionario de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O,y/o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús de la Fuente, dispuesto a firmar un criterio que pretendería derogar la Ley de Instituciones de Crédito?
ADEMÁS DE LOS 25 mil 442 millones de pesos que los diputados de Morena y aliados acaban de autorizarle como extensión de su presupuesto el año próximo a Petróleos Mexicanos, como parte del Proyecto de Egresos de la Federación que aún se discute, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de instruir a Jorge Mendoza Sánchez para que Banobras le extienda un préstamo adicional de unos 18 mil millones de pesos a la petrolera que dirige Octavio Romero, con el único objetivo de pagar algo de lo que se le debe a los proveedores. Dado el tamaño de la colosal deuda que se tiene con proveedores, estimada en aproximadamente 232 mil millones de pesos, los recursos adicionales que está recibiendo Pemex se quedan cortos.
PUES CON LA novedad de que ooootra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajó de la lista de temas a dictaminar la discusión de la constitucionalidad de la Norma Oficial Mexicana 051. Estaba listada para ayer y en la víspera volvió deslistarse. Nadie de la instancia que preside Norma Piña informó la razón del nuevo aplazamiento. Una hipótesis es que hay otros expedientes similares en proyecto y que se pretende juntarlos en un solo bloque, pero eso se viene diciendo desde hace más de medio año. Le mencionamos ayer los asuntos de Barrilitos, Nutrisa, Nestlé, Mondelez-Ricolino y McCormick, algunos llevados por otros ministros además de Alberto Pérez-Dayán. Son los casos de Yasmín Esquivel y Luis María Aguilar.
LA EMPRESA DE pinturas y recubrimientos químicos Hysol Indael de México se adjudicó hace unas semanas el contrato para echar a andar el Proyecto Integral de Restauración y Adecuación del Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar. Se trata de un edificio histórico que la Secretaría de Salud, que lleva Jorge Alcocer, administra sobre la calle de Lieja, en la Colonia Juárez de la CDMX. Hablamos de un negocio superior a los 341 millones de pesos que la compañía que dirige Mario Alberto Vega, en participación conjunta con la firma de arquitectura Grupo Tares de David Pineda, ganó en un concurso en el que también participaron Inmobiliaria Tor Nor y Grupo Integral Dragde. Por cierto, la oferta ganadora fue la más elevada: casi el triple de la propuesta de menor costo.
LA ALCALDÍA DE Iztapalapa mandó una carta aclaratoria que en un su parte medular expresa: “Resulta tendencioso y poco ético afirmar que la Lic. Clara Brugada, carga con omisiones en materia de seguridad pública, argumentando que cuenta con un proceso administrativo por no cobrar para Iztapalapa apoyos para la seguridad pública mediante el subsidio conocido anteriormente como “Subsemun”, lo cual es falso. Mediante resolución de fecha 25 de junio de 2018, bajo el expediente número CG DGAJR DRS 0036/2014, dentro de su resolutivo PRIMERO, el Director de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, determinó la inexistencia de responsabilidad administrativa por parte de Clara Marina Brugada Molina. Dicha resolución puede ser consultada en el portal de internet de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México”.
LE COMENTABA DE los escándalos que rodean al litigante Javier Mondragón. Habrá segunda parte de esta investigación.