Avalan legisladores reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y acuerdan celebrar sesiones de comisiones ordinarias vía remota.
La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó una reforma a la Constitución de Quintana Roo, para incluir el régimen de responsabilidad ambiental bajo el principio de que “quien contamina, paga”, para armonizar las disposiciones locales con las federales en materia de justicia ambiental.
En la sesión ordinaria número 30, se aprobó por unanimidad el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Con esta reforma constitucional, que será enviada a los ayuntamientos de la entidad para el trámite legislativo correspondiente, se homologa el sistema de justicia ambiental y se cumple con la obligación de tutela de los derechos humanos y protección de las víctimas ambientales, así como de cuidado y reparación integral del daño al ecosistema.
Las diputadas y los diputados avalaron también el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo, mediante las cuales se establece el impulso de la diversificación de la actividad económica de las comunidades rurales y el fortalecimiento de las mismas como el turismo rural, forestería, horticultura, acuicultura, entre otros.
Por otra parte, el Pleno del Congreso del Estado autorizó a las comisiones ordinarias de la XVI Legislatura, a llevar a cabo sesiones vía remota, mediante el uso de tecnologías de la información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que, por la pandemia del Covid-19, ha generado una crisis en diversos sectores sociales, económicos, políticos, entre otros.
En la misma sesión, se emitió un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, y a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente para que, en el ámbito de sus competencias, se coordinen para que diseñen estrategias y alternativas para la sustitución del uso del glifosato por otros herbicidas que no sean dañinos para la actividad agrícola, el medio ambiente y la salud de los ciudadanos en el Estado, principalmente.
También se aprobó un acuerdo para exhortar al municipio de Puerto Morelos, para que den cumplimiento a la obligación de actualizar su Plan de Desarrollo Urbano, tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos estatales, recogiendo las demandas de la sociedad.
Finalmente, el Pleno Legislativo dio lectura a nueve iniciativas de decreto presentadas por los legisladores, las cuales fueron turnadas a las comisiones ordinarias correspondientes para su estudio y análisis.