Olvidemos a los mensajeros. Esto no se trata de mí ni de quién publica. Se trata de la máxima figura política del país, de cómo se maneja el dinero de los mexicanos y de la transparencia y rendición de cuentas a la que está obligado.
La pregunta a la que todos los mexicanos -votantes o no de AMLO- merecemos una respuesta frente a las denuncias que hay sobre la mesa es clara: ¿están los hijos del presidente López Obrador, junto con su colaborador más cercano, usando sus influencias para que se canalicen grandes contratos de gobierno a amigos de ellos?
El presidente no puede solamente decir que no. Esa generalidad es insuficiente porque la opinión pública tiene frente a sus ojos la historia de un amigo íntimo de los López Beltrán que se volvió empresario multimillonario en este sexenio, contratos a las empresas donde ese amigo aparece como dueño, y audios en los que el amigo explica con morboso detalle cómo los hijos del presidente le dicen qué negocio hacer, cuánto producir, qué contrato le va a tocar.
El presidente dice que sus hijos no son traficantes de influencias. Dice que duermen tranquilos. Pero ayer en su mañanera admitió que es verdad la columna vertebral de los reportajes que hemos presentado en Latinus. El presidente reconoció:
a) Que Amílcar Olán es amigo de sus hijos.
b) Que su hijo Gonzalo es el “Bobby” de quién se habla en los audios, quien canaliza los negocios hacia su amigo y quien supervisa todo con el aval de su papá, el presidente.
c) Que Daniel Asaf es “El Gallo”, aunque el presidente no sabía que así lo apodaban, quien funge como el enlace en todo el entramado y organiza las citas de Amílcar Olán con los altos funcionarios del gobierno. Y con ello…
d) Validó la autenticidad de los audios y, de la mano, lo escandaloso que en esos audios dice el íntimo amigo de la familia presidencial.
Es el propio presidente López Obrador quien confirma que sus hijos han operado e instruido para que a Amílcar Olán, su viejo amigo, reciba contratos de gobierno y se le brinden todas las facilidades para obtener recursos públicos. Sí hay influyentismo, prepotencia y deshonestidad. Amílcar Olán, en contubernio con la familia presidencial, creó empresas en este sexenio para aprovechar estas influencias. En Quintana Roo el gobierno estatal morenista le dio un contrato que en cuatro días le pagaron cosa de 300 millones de pesos, parte de ese recurso por cierto se lo pasaron al estado vía el IMSS. Y por el proyecto del Tren Maya, el propio Olán presume que se embolsó 250 millones de pesos en utilidades en seis meses, gracias a los buenos oficios de “Bobby” López Beltrán.
Es común que el presidente cuando recibe críticas o acusaciones recurra a la estrategia de descalificar a quien las hace. Lo sigue haciendo porque le ha funcionado. Su base está muy aceitada para volverse impermeable a los datos y seguir la narrativa de saliva de la mañanera: el malvado es el periodista.
Aunque sé que no se deben normalizar estas agresiones, las pongo en segundo plano frente a la contundencia de las palabras de AMLO. Ayer, al validar las evidencias del tráfico de influencias de sus hijos, aceptó que se ha convertido en lo que tanto criticó.