EL PRÓXIMO 16 de mayo, la Secretaría de Marina, que comanda el almirante José Rafael Ojeda Durán, dará a conocer los fallos de las dos licitaciones restringidas más importantes del Corredor Transístmico.
Estamos hablando de la rehabilitación de unos 787 kilómetros de vías de ferrocarril, para lo cual se prevé una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos.
En la licitación, que se dividió en dos y que fue por invitación, acuden cinco grandes consorcios que justo ayer presentaron sus respectivas propuestas económicas.
Anote primeramente a Mota Engil que preside José Miguel Bejos, junto con Nexumrail, de Iván Alejandro Lanzarín; un segundo tirador es ICA, que encabeza Guadalupe Phillips, que va sola.
Un tercero es GAMI, de Manuel Muñozcano, aliada a Construcciones Urales, filial de la española AZVI, y Regiomontana de Construcción y Servicios, de Humberto Armenta González.
Asimismo, Constructora y Pavimentadora VISE, de Santiago José Villanueva, en participación conjunta con la constructora española COPASA, presidida por José Luis Suárez.
Y finalmente agregue al que desde ahora se vislumbra como el gran favorito por las aportaciones que al proyecto del Corredor Transístmico ha realizado: Grupo México Transportes-Ferrosur, de Germán Larrea.
Para la rehabilitación de 328 kilómetros de vía férrea del tramo Coatzacoalcos a Palenque y su derecho de vía, la propuesta más baja fue la de Mota Engil, con 8 mil 470 millones 863 mil 212 pesos.
La más alta fue precisamente la de Larrea: que presupuestó 11 mil 81 millones 203 mil pesos.
En la otra licitación, la de la rehabilitación de 459 kilómetros del tramo Ixtepec-Ciudad Hidalgo y su derecho de vía, la oferta más baja fue la de VISE: 14 mil 885 millones 114 mil 303 pesos.
La más alta fue la de Mota Engil, con 18 mil 914 millones 352 mil 27 pesos.
Las obras que contempla el Corredor Transístmico son la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como el Ferrocarril del Istmo y de las carreteras adyacentes.
También diez parques industriales en Oaxaca, que gobierna Alejandro Murat, y Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García. Cinco en cada entidad, además del tendido de fibra óptica y un gaseoducto.
LA MINISTRA MARGARITA Ríos-Farjat apostó por vulnerar el secreto bancario en México. Y es que el SAT podrá intervenir y conocer los estados de cuenta de los contribuyentes. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside justamente la ex titular del SAT y hoy ministra, abrió la puerta a las autoridades hacendarias que ahora podrán irrumpir la intimidad y privacidad de millones de mexicanos. ¿Qué implica esto? Que, a diferencia de antes, el SAT contará con facultades para acceder sin mayor fundamentación y sin necesidad de una orden judicial previa a la información bancaria de cualquier mexicano y/o empresa. Es una resolución judicial que viola la Constitución, y lo peor, que puede generar un entorno de persecución y desconfianza que mucho daño le hace al país, más aún cuando México atraviesa un momento crítico en cuanto a la vigencia del Estado de derecho y la seguridad jurídica de su población, la privacidad y la protección de datos personales.
HETE AQUÍ QUE la Procuradora General de la República de Felipe Calderón, la abogada Marisela Morales, acaba de ser fichada ni más ni menos que por los hermanos Juan, Antonio y Julia Collado Mocelo, para que asista al primero en todos los procesos que tiene abiertos en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, incluida también la reciente denuncia de los abogados Juan Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández. Morales Ibañez, que ocupó el cargo de 2011 a 2012, fue contratada como operadora de los Collado ante el Poder Judicial Federal con miras a allanarles el camino ante magistrados y jueces en el caso que imputó la Fiscalía General de la República, que capitanea Alejandro Gertz Manero. Cabildera de lujo, pues.
LA DENUNCIA PENAL que el Bancomext presentó el mes pasado en torno al supuesto fraude de Homex por 456 millones de pesos, fue contra los hermanos Eustaquio, Gerardo y José Ignacio de Nicolás, además de otros dos consejeros que tuvieron en su momento acciones de la desarrolladora de vivienda, Luis Alberto Harvey y Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada. El primero, entonces socio del fondo Nexxus Capital, ya está amparado, y el segundo falleció hace dos años. En paralelo, el Ministerio público solicitó también órdenes de aprehensión, pero en este caso solo fueron dos: una contra el “Tato”, que fue detenido hace tres semanas, y otra contra Gerardo, prófugo ya.
LA CFE ALISTA el fallo para el arrendamiento de unos siete mil vehículos, un contrato por alrededor de 4 mil millones de pesos. Van firmes Casanova Rent, de Joaquín y Carlos Echenique, y Arrendomóvil, de Juan Antonio Hernández, con todo y que incumplió el contrato que Manuel Bartlett le dio en 2019 por intermediación del entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, ex abogado de aquél. Pese y a esa falla, donde Arrendomóvil sólo entregó mil unidades, la CFE no se quedó sin movilidad porque Casanova entró al quite y amplió contratos con los mismos vehículos que surtió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El problema es que sigue habiendo escasez de autos por la crisis de los chips.
PUES NADA, QUE María Asunción Aramburuzabala sigue vendiendo sus empresas. Hace ya tiempo le platicaba que simplemente puso distancia de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador. Se fue a vivir a Suiza y trasladó buena parte de su actividad a España. En Salamanca está desarrollando vivienda residencial. Aquí primero se deshizo de Kio Networks, el negocio de tecnologías de información que adquirió el fondo I Squared Capital, y ahora mismo está buscando compradores para su cadena de universidades Unea y Tangamanga, amén de los desarrollos inmobiliarios y reservas de Abilia, su otro brazo de emprendimiento. El encargado de colocarlos es su hijo Pablo Zapata Aramburuzabala.
AEROMAR Y MAGNICHARTES están sentenciadas a que si no pagan sus respectivos adeudos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), serán trasladadas al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Y es que las empresas de Zvi Katz y Luis Bojórquez registran atrasos en pagos por concepto de usos de plataforma, tractores, autocares, hangares, mostradores, servicios de rampa y de tránsito aéreo. Habría que ver si la turbosina, que se negocia con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que dirige Oscar Argüello, no la terminan incluyendo también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el Subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons.