La presidente de México, Claudia Sheinbaum, solicitó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe con precisión qué pruebas existen sobre los presuntos vínculos criminales del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Asunción Murguía, detenido el pasado sábado 3 de mayo.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió a preguntas sobre el caso, subrayando la importancia de que se clarifique públicamente si existen conexiones entre Murguía y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal señalado por operar un centro de entrenamiento en ese municipio.
Un rancho convertido en base del crimen organizado
La detención de Murguía ocurre días después de que las autoridades descubrieran un presunto centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del CJNG en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. Este lugar había sido previamente señalado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco como un posible “campo de reclusión y exterminio”, luego de que familiares de personas desaparecidas hallaran allí objetos personales.
Aunque el fiscal general Alejandro Gertz Manero reconoció que el sitio servía para actividades del CJNG, descartó que se tratara de un centro de cremación, como afirmó el colectivo. Guerreros Buscadores sostiene que ha entregado pruebas contundentes que apuntan a un campo de exterminio, y continúa exigiendo justicia.
Movimiento Ciudadano respalda al alcalde
José Asunción Murguía, militante del partido Movimiento Ciudadano, fue presentado ante un juez el domingo, aunque decidió no declarar. El partido emitió un comunicado expresando su confianza en que el alcalde “demostrará que actuó siempre en el marco de la ley” y pidió una investigación imparcial.
Por el momento, no se han revelado los delitos específicos que se imputan al alcalde ni el lugar exacto de su detención. Tampoco se ha confirmado oficialmente si cuenta con defensa legal.
Avances en el diálogo con víctimas
En relación con las denuncias del colectivo Guerreros Buscadores, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Gobernación ha estado mediando entre las familias de víctimas y las autoridades, facilitando reuniones que, según dijo, “van muy bien”.
Este caso vuelve a poner bajo la lupa la presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y la lenta respuesta institucional ante las exigencias de verdad y justicia de los colectivos de búsqueda en Jalisco.
