LA NUEVA ES QUE el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora está presionando a gobernadores para que entreguen obras de infraestructura al ejército.
Más de un gobernador ha confirmado que, entre los temas que el mandatario lleva bajo el brazo en sus cada vez más frecuentes giras de fin de semana, se encuentra la recomendación para que confíen sus presupuestos de infraestructura a la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval.
Además de asegurar que la edificación de sus obras locales estaría libre de corrupción, López Obrador ofrece que se recibirían sin mayor trámite o restricción los recursos adicionales que los estados piden a la Federación en materia de infraestructura, vía la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jorge Arganis.
Hace un par semanas, por ejemplo, el presidente viajó a Oaxaca para supervisar, entre otras cosas, el avance en la construcción del tramo carretero Oaxaca-Puerto Escondido, conocido como la “autopista interminable” por cumplir ya más de una década en proceso de construcción.
En el proyecto que reduciría a tan sólo dos horas los tiempos de traslado, desde la capital del estado hasta la costa, han participado Omega de Jorge Melgarejo, ICA al mando de Guadalupe Phillips y ahora Coconal de Héctor Ovalle, mientras Banobras, de Jorge Mendoza, se mantiene como propietaria de la concesión de lo que será una nueva vía de peaje.
En versiones confirmadas por diversos funcionarios, se asegura que el presidente ya planteó al gobernador Alejandro Murat la posibilidad de que el ejército participe también en la construcción del 25% restante de una vía en la que se ha invertido una bolsa superior a los ocho mil millones de pesos.
Otra obra a la que el presidente ya le echó el ojo para entregar a los militares es el Puente Nichupté de Cancún, en Quintana Roo, de 8.5 kilómetros que cruzaría sobre la laguna del mismo nombre y que desembocaría en la zona hotelera de Cancún, con una inversión de cuatro mil 500 millones de pesos.
Aquí le hemos platicado que el proyecto resultó de una propuesta no solicitada de ICA, quien pondría su oferta económica a competir en licitación pública con firmas como Operadora CICSA de Carlos Slim, Grupo Indi de Manuel Muñozcano y Mota Engil de José Miguel Bejos.
El mencionado concurso licitatorio se ha retrasado por más de dos meses, y a la luz de las versiones sobre los encuentros entre de López Obrador y el gobernador Carlos Joaquín González, el proceso finalmente no tendrá lugar.
Incluso está en duda la posibilidad de que ICA reciba el pago al que tiene derecho por la elaboración del proyecto.
El presidente estará precisamente en Quintana Roo este fin de semana y, según la información que también ha llegado a las empresas constructoras, tiene como objetivo de la visita cerrar el mencionado trato.
El pasado 20 de septiembre un tribunal constituido bajo el capítulo de inversión de Tratado de Libre Comercio de América del Norte, determinó que México es responsable internacionalmente e incumplió lo previsto en el artículo 1105 de ese acuerdo comercial, como resultado de la denegación de justicia que el poder judicial del estado de Jalisco cometió en contra de la empresa canadiense Lion Mexico Consolidated. Dicho tribunal condenó a nuestro país a pagar al inversionista canadiense 47 millones de dólares para reparar los daños ocasionados por los funcionarios judiciales jaliscienses. Parece que este no será el único caso en que a México se le finque responsabilidad internacional por acciones cometidas por miembros del poder judicial. En diciembre del 2020 un grupo de fondos constituidos en Estados Unidos y administrados por Amerra Capital Management, presentaron una notificación de intención, al amparo del capítulo 11 del tratado, por presuntas ilegalidades cometidas por autoridades del poder judicial ahora de Sinaloa. De acuerdo con la notificación, los inversionistas estadounidenses otorgaron créditos a la Compañía Azucarera de Los Mochis y a Agrícola Ohuira, mismos que fueron garantizados por hipotecas, a petición de los accionistas de las empresas mexicanas: Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid. Cuando éstos incumplieron sus obligaciones de pago, los fondos inversionistas decidieron recurrir a sendos recursos nacionales para ejecutar las hipotecas constituidas a su favor y recuperar su inversión, sin éxito. Conforme a lo argumentado por los inversionistas, cada intento procesal fue recibido con una “flagrante desestimación” por parte de miembros del poder judicial sinaloense, quienes les negaron acceso a la justicia, lo que ha ocasionado que los bienes inmuebles hipotecados hayan sido injustamente divididos y repartidos a terceros. Según la opinión de diversos analistas, las semejanzas entre el caso Lion recientemente resuelto y la notificación de intención, podrían derivar en una nueva demanda contra México y otra resolución arbitral en su contra. Estos incumplimientos por parte de las propias autoridades resultan en un costo político para la Secretaría de Economía, que lleva Tatiana Clouthier, que se termina trasladando a los mexicanos, pues los recursos utilizados para indemnizar a los inversionistas afectados provienen del erario.
El juez segundo de lo Civil, con sede en Cholula, Puebla, dejó para este viernes el cumplimiento de una suspensión definitiva que permitirá a la Fundación Mary Street Jenkins recuperar el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), mismo que se encuentra ocupado por fuerzas policiacas desde el pasado 29 de junio. La suspensión, cuyo cumplimiento se ordenó ya mediante exhorto del Juez 24 Civil de la CdMx, Roberto Yáñez Quiroz, incluye la reinstalación de los miembros originales del patronato, la familia que lidera Roberto Jenkins, en la Fundación UDLAP, por lo que salen los miembros designados por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado de Puebla, y termina con ello el presunto periodo de rectoría de Armando Ríos Piter. Estudiantes y académicos de la universidad se aprestan a acompañar esta mañana al juez José Cuauhtémoc Blázquez Guevara para reabrir sus instalaciones.
A pesar del intento de Rafael Zaga para demandar con elementos al parecer infundados a Grupo El-Mann, buscando medidas cautelares y congelamiento de cuentas para André y Moisés El-Mann, resulta que un tribunal de la CdMx terminó declarando improcedente la aplicación de estas medidas, ya que el sustento de la denuncia de Zaga estaba construido sobre premisas inexistentes y mucho rencor. Hoy el único hecho concreto es que Teófilo Zaga se encuentra preso en un penal de máxima seguridad, Rafael sigue prófugo y en la mira como objetivo prioritario del Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero. En tanto los El-Mann avanzan en su apuesta por seguir invirtiendo en el país y Fibra UNO se consolida como la fibra más importante y sana de México.
Por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, a finales del 2020 se le congelaron unas cuentas a la Universidad Autónoma de Hidalgo que tenía en el HSBC, que capitanea Jorge Arce, porque supuestamente eran de procedencia dudosa. Después de todo el procedimiento de litigio y que la institución demostró que esos recursos eran de origen lícito, un juez ordenó la liberación de dicha congelación. Sin embargo el banco, en total desacato y en colusión con la instancia que ahora comanda Pablo Gómez, se niega a liberarlas.