Mandos policiales bajo investigación por irregularidades tras asesinato de colaboradores en CDMX

La muerte de dos cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la CDMX desató una tormenta política y policiaca. Dos jefes de sector han sido separados de su cargo por presuntas anomalías en el manejo de evidencias clave. Aún no hay detenidos.

El asesinato a tiros de dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destapó posibles actos de encubrimiento dentro de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las autoridades separaron del cargo a dos mandos policiacos tras detectar irregularidades en el manejo de evidencias clave.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. Ximena Guzmán y José Muñoz, operadores políticos y funcionarios de confianza de Brugada, fueron ejecutados cuando se dirigían al trabajo. Al menos cuatro sicarios participaron en el ataque, según las primeras investigaciones.

Alteración del protocolo de cadena de custodia

Elementos de la SSC descubrieron que los mandos policiales del sector Nativitas alteraron el protocolo de cadena de custodia, específicamente con ropa encontrada en un vehículo vinculado con los agresores. La institución suspendió a la jefa de sector y a un subordinado, y turnó el caso a la Fiscalía capitalina para una investigación penal.

La Fiscalía tomó el control de las pesquisas y confirmó que los atacantes huyeron en vehículos que abandonaron minutos después del crimen. Peritos forenses ya analizaron los objetos asegurados, pero aún no logran identificar a los responsables.

Hasta ahora, Clara Brugada no ha emitido declaraciones públicas. Su equipo mantiene total hermetismo, mientras el caso genera creciente tensión a días de las elecciones.

Diversos actores políticos y organizaciones civiles ya exigieron a las autoridades que garanticen la seguridad de brigadistas, operadores y personal involucrado en campañas electorales. También demandan una depuración a fondo en las corporaciones de seguridad capitalinas ante los indicios de posible infiltración del crimen organizado.

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