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    Opinión Todo el poder del Estado: Darío Celis

    Todo el poder del Estado: Darío Celis

    El 25 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) cruzó peligrosamente un umbral que nadie debe de perder de vista, mucho menos los empresarios y los que la 4T considera sus adversarios.

    Ese día la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) giró cinco órdenes de aprehensión, de las cuales dos cumplimentó el 6 de enero.

    Fueron contra Rafael y Teófilo Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, accionistas de Telra Realty, y Omar Cedillo y Alejandro Cerda, secretario general y ex coordinador general jurídico, respectivamente, del Infonavit.

    En una acción excesiva, los dos últimos fueron remitidos al penal de máxima seguridad del Antiplano, por el único hecho de haber firmado una indeminización que fue avalada por el Consejo de Administración.

    A los Zaga la 4T los persigue de meses atrás. Primero la Procuraduría Fiscal, que comanda Carlos Romero, intentó acreditarles una defraudación fiscal y un juez ya los exoneró.

    Seguidamente, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales tampoco pudo acreditar lavado de dinero, de ahí que su titular, Juan Ramos, turnara el expediente a la SEIDO.

    Cedillo y Cerda bien pudieron ir a una prisión de la CDMX. El supuesto delito que se les imputa no se relaciona con delincuencia organizada. Los mandaron a la prisión donde se fugó El Chapo.

    Los criterios de inclusión para penales de máxima seguridad van desde ser parte de una organización criminal hasta ser un riesgo potencial para la seguridad nacional, pasando por capacidad de soborno, narcotráfico, historial de intentos de evasión, etcétera.

    Como es obvio que ni Cedillo ni Cerda caen en esos criterios, resulta escandaloso que la FGR los tenga en el Antiplano, de ahí la señal que las autoridades mandan a los Zaga, y atrás de ellos, a quienes no se cuadren a sus designios.

    Y es que ya le decía que el pecado de los funcionarios del Infonavit fue haber plasmado su firma en un contrato que no solo contó con el aval del Consejo de Administración del Infonavit, sino que lo hizo suyo.

    ‘Derivado de la resolución RCA-5933-05/17, emitida en la sesión ordinaria número 794 del 31 de mayo de 2017 de este Órgano Colegiado y del recurso de mediación sustentado en cumplimiento a dicha resolución, para resolver la problemática contractual del Programa de Movilidad Hipotecaria con la empresa Telra Realty, este Consejo de Administración aprueba por unanimidad, acepta y autoriza en todos sus términos y condiciones, haciéndolo suyo, el contrato de transacción sujeto a condición suspensiva celebrado el 22 de agosto de 2017 entre el Infonavit y Telra…’

    ¿Quiénes formaban parte del Consejo de Administración que dieron su aval? Por el sector obrero Carlos Aceves del Olmo, Filemón Arcos, Marco Antonio Bazarte, Rafael Oriol Salgado, José Carlos Torres, Arturo Contreras, Fernando Salgado, Eduardo Vázquez, Armando Vera y Abelardo Carrillo.

    Por el sector patronal: Gustavo de Hoyos, Manuel Herrera, Ricardo Navarro, Enrique Solana, Héctor Jesús Aguirre, David Roberto Anda, José Manuel López Campos y Carlos Guillermo Medina.

    ¿La FGR de Alejandro Gertz Manero aplicará el mismo rasero que ejerció contra los funcionarios menores del Infonavit, Cedillo y Cerda, contra los demás consejeros? ¿Girará orden de aprehensión y recluirá en el Antiplano, por ejemplo, al ex presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos?

    Lo podría hacer, que no. Ahí está el riesgo y la indefensión para los adversarios de la 4T.

    Tal cual le adelanté, Andrés Manuel López Obrador convocó ayer al medio día a su gabinete legal y ampliado. Para algunos asistentes, un Presidente entre enojado y acelerado, que exigió recorte de gastos, programas y áreas porque 2021 viene muy difícil. Reiteró que desaparecerán tres organismos autónomos: el Instituto Federal de Telecomunicaciones que preside Adolfo Cuevas, la Comisión Federal de Competencia Económica de Alejandra Palacios y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que encabeza Blanca Lilia Ibarra. Pidió a sus colaboradores que le propusieran cómo los van absorber sin despedir a los trabajadores de base, pero a los de confianza sí, porque los comisionados ganan mucho dinero. También de cómo algunas dependencias pueden fusionar atribuciones de otras, como la Secretaría de Turismo, que lleva Miguel Torruco, y de actividades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que conduce Jorge Arganis. Asimismo, aunque él no lo mencionó, está en la mesa la fusión de Nafinsa y el Bancomext, que dirige Carlos Noriega, con Banobras, y de esta última que capitanea Jorge Mendoza, eliminar a la Sociedad Hipotecaria Federal. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha referido un requerimiento presupuestal este año de 220 mil millones de pesos. La instancia está ajustando a la baja variables como precio del petróleo, recaudación fiscal y crecimiento económico. El apretón será más fuerte porque se tienen que destinar entre 35 mil y 50 mil millones de pesos para apartar y comprar las vacunas contra el Covid-19.

    El 2021 va ser un año complicado para las operaciones de Iberdrola en México. La firma que preside José Ignacio Sánchez Galán se alista para lo que puede ser una cuasi expropiación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el primer productor privado de electricidad aquí. En la 4T creen que se trata de una empresa española, pero la realidad es que hoy es más global que nunca. El estado de Qatar, que gobierna el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, es el accionista principal individual, con cerca del 10%, seguido de un conjunto de fondos internacionales, como BlackRock, de Larry Fink. De hecho su principal filial es estadounidense, por lo que sus inversiones están amparadas bajo el T-MEC.

    Entre los expertos no fue sorpresa que Aeroméxico solicitara ayer a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que preside María Eugenia Navarrete, la suspensión de los contrat los colectivos de trabajo tanto del sindicato de pilotos, que lidera Rafael Díaz Covarrubias, como del sindicato de sobrecargos, que encabeza Ricardo del Valle. La empresa que dirige Andrés Conesa invocó el Artículo 434 Fracción I de la Ley Federal del Trabajo, que contempla terminación por causa de fuerza mayor, en este caso la pandemia del Covid-19. No obstante la decisión, la compañía que tiene entre sus accionistas a Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo se mantiene en negociaciones.

    No es remoto que la Sección 15 de la CTM solicite ya la quiebra de Interjet, que preside Alejandro del Valle. El sindicato que lidera Joaquín del Olmo evalúa esa posibilidad como medida de protección de los derechos laborales de los cerca de 5 mil trabajadores de esa aerolínea que fundaron Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani en 2005. Le decía que la situación de la empresa es muy complicada ante la inviabilidad de pagar sus deudas fiscales, unos 7 mil millones de pesos, que a su vez imposibilitan la entrada de recursos frescos por parte de nuevos inversionistas. Interjet, que dirige Carlos Rello, debe 7 quincenas, fondo de ahorro y aguinaldo. Estallaron huelga el viernes.

    Thomas s. Heather se está integrando al bufete Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez como consejero. El abogado, con una destacada carrera de más de 40 años y partícipe como asesor en una gran parte de las operaciones y proyectos más emblemáticos de los negocios, deja la firma Ritch-Mueller, que capitanea Luis A. Nicolau. Reconocido como uno de los mejores abogados en materia de reestructuras en México y líder en temas de arbitrajes y de gobierno corporativo, se une al despacho que encabeza Carlos Aiza el próximo 18 de enero.

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