El estado de Texas ha dado un paso decisivo en su política de inmigración al promulgar lo que se describe como la ley antiinmigrantes más rigurosa en Estados Unidos en las últimas dos décadas. Firmada por el gobernador Greg Abbott, esta legislación ha generado una profunda controversia desde su aprobación, siendo objeto de críticas y preocupaciones por parte de diversos sectores de la sociedad.
La nueva normativa, conocida como SB4, establece una serie de medidas que endurecen el tratamiento hacia los inmigrantes y otorgan a las autoridades locales la facultad de cuestionar el estatus migratorio en cualquier parte del estado, lo que incluye la posibilidad de detener a aquellos que no puedan demostrar legalidad en su presencia en el país. Este enfoque, que está programado para entrar en vigor en marzo del próximo año, ha suscitado una ola de opiniones divididas en la sociedad texana y a nivel nacional.
El gobernador Abbott defendió enérgicamente la medida argumentando la necesidad de autodefensa del estado ante la aparente falta de acción del Gobierno federal. Abbott afirmó que la situación actual en la frontera representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, citando ejemplos de intentos ilegales de ingreso, incluyendo un número significativo de ciudadanos chinos el año anterior.
El aspecto más controvertido de esta ley radica en la facultad que concede a las autoridades estatales para llevar a cabo detenciones y deportaciones, facultades que tradicionalmente recaen en las autoridades federales. Se considera que esta medida, según críticos y expertos, podría propiciar el perfilamiento racial, la discriminación y socavar los derechos constitucionales, especialmente al privar a los inmigrantes de un debido proceso legal.
La postura adoptada por Abbott ha generado tensiones no solo dentro de Texas, sino también en las relaciones con México. El Gobierno mexicano ha expresado su rechazo a esta ley, argumentando que la criminalización de los inmigrantes conllevará la separación de familias y el perfilamiento racial, además de rechazar la posibilidad de retorno de sus nacionales o extranjeros a territorio mexicano.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos han amenazado con acciones legales para impugnar esta ley, alegando su inconstitucionalidad y su impacto negativo en los derechos fundamentales de los inmigrantes. Incluso treinta exjueces de inmigración, provenientes de distintas administraciones políticas, han manifestado en una carta conjunta su opinión sobre la inconstitucionalidad de esta medida.
La aprobación de la SB4 coincide con el respaldo del gobernador Abbott al expresidente Donald Trump y su política migratoria, prometiendo una mayor deportación de inmigrantes si vuelve a la Casa Blanca en el futuro. Trump, quien elogió las tácticas implementadas por Abbott, también ha respaldado la aplicación de métodos más estrictos para contener el flujo migratorio.
Esta ley representa una de las varias iniciativas destinadas a reforzar la frontera de Texas, incluyendo la asignación de fondos considerables para intensificar la vigilancia y continuar la construcción de barreras físicas. Sin embargo, estas medidas han sido fuertemente criticadas por ser consideradas inhumanas y haber resultado en un aumento de muertes de inmigrantes, así como en una serie de demandas legales en los tribunales.
En última instancia, la aprobación de la SB4 ha encendido el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos, polarizando opiniones y generando una intensa discusión sobre la legalidad, los derechos humanos y las implicaciones a largo plazo de medidas tan restrictivas como las implementadas por Texas.