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El Tribunal Supremo decidió, con una mayoría de ocho votos contra tres, que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no puede tener el control de la Guardia Nacional (GN).
En septiembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa del Presidente López Obrador, con el apoyo de Morena y sus aliados, para que la SEDENA tuviera el control operativo y administrativo de la GN. La iniciativa alteró las leyes secundarias para evitar una reforma constitucional que requería una mayoría de dos tercios de los legisladores, lo cual no era posible para el partido oficial.
A través de una impugnación presentada por la oposición en el Congreso, la Corte Suprema de México determinó que la decisión de los diputados de otorgar a la Secretaría de Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional era inconstitucional. La mayoría de la Corte, compuesta por ocho votos a favor y tres en contra, estableció que la reforma constitucional de 2019 dejó en claro que la Guardia Nacional es una corporación civil que debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con solo una participación transitoria de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina en su creación, que no debe extenderse más allá de 2028.
El proyecto presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara fundamentó la inconstitucionalidad de la decisión legislativa y estableció que la transferencia administrativa, presupuestaria, orgánica, funcional y de mando era inconstitucional y eliminó disposiciones que sometían a los miembros de la Guardia Nacional al régimen disciplinario y de justicia de las Fuerzas Armadas.
La Corte dejó pendiente para la próxima semana la aclaración de los efectos de la sentencia y el Ministro Alfredo Gutiérrez propuso fijar un plazo para que el Congreso regule nuevamente la participación transitoria de los militares que conformaron la Guardia Nacional.