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    OpiniónSueños guajiros en sector energético: Darío Celis

    Sueños guajiros en sector energético: Darío Celis

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    El gobierno tiene en la tubería proyectos energéticos por 452 mil 181 millones de pesos: dos en análisis por 38 mil 984 millones, ocho de la Secretaría de Energía por 182 mil 385 millones y 15 comprometidos en el contexto del T-MEC por 230 mil 812 millones de pesos más.

    Los dos primeros corresponden a la CFE de Manuel Bartlett: las centrales de generación de ciclo combinado de Celaya por 21 mil 560 millones y de Charrería por 17 mil 424 millones. La primera está programada para iniciar en marzo y la segunda en julio de 2021.

    Los ocho que tiene en cartera la dependencia de Rocío Nahle, son la planta coquizadora de la refinería de Tula por 54 mil 705 millones y la conversión del tren de aromáticos a tren de refinación en el complejo la Cangrejera por 52 mil 500 millones de pesos.

    De forma preponderante también, la unidad de licuefacción en Topolobampo por 42 mil 420 millones, y la unidad de licuefacción en Salina Cruz por 25 mil 200 millones de pesos.

    Añada las terminales de almacenamiento y distribución Escolín por 2 mil 163 millones, la refrigerada de amoniaco y etano Cobos por mil 722 millones, la de etano de Pajaritos por 2 mil 520 millones, y la planta de fertilizantes de Camargo por mil 155 millones de pesos.

    Los 15 proyectos restantes están planteados en el contexto del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura y en el nuevo acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

    Considere primeramente los contratos petroleros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ahora preside Rogelio Hernández Cázares, las famosas rondas petroleras que se asignaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto por un monto de 120 mil millones de pesos.

    En el listado también la planta de amoniaco de Topolobampo por 20 mil millones de pesos de la suiza-alemana Proman, que dirige aquí Arturo Moya, y que ahora Andrés Manuel López Obrador condicionó a una consulta pública.

    Un ducto de transporte de gas natural en Chiapas por 17 mil millones, la planta de generación de ciclo combinado de Tapachula por 16 mil millones y el sistema de terminales Sirius Tuxpan-Hidalgo por 16 mil 500 millones de pesos.

    La construcción de la terminal de almacenamiento de refinados de Topolobampo de iEnova, que lleva Tania Ortiz, por 2 mil 250 millones, y la planta de manufactura pesada portuaria para componentes de la industria energética por 4 mil millones de pesos.

    De igual forma, la terminal marítima Sirius-Lázaro Cárdenas para almacenamiento, distribución, importación y exportación de petrolíferos por 2 mil 400 millones, y la terminal de combustibles en Puerto Altamira por 3 mil 740 millones de pesos.

    Agregue el gasoducto Jaltipan-Salina Cruz por 12 mil 860 millones, el proyecto de interconexión Nuevo Pemex-Valladolid por 7 mil millones, y la ampliación del gasoducto de 160 kilómetros conexión con Mayakán por 2 mil 660 millones de pesos.

    Finalmente 10 terminales de almacenamiento de combustibles por 2 mil 200 millones, la planta de manufactura de componentes de la industria energética del puerto de Altamira por 2 mil 860 millones, y la base logística para exploración y producción de Altamira por mil 342 millones de pesos.

    ¿Usted cree francamente que la 4T tiene el dinero para desarrollar, ya no digamos, en conjunto con la iniciativa privada, todo esto sin que Nahle y Bartlett salten?

    El proyecto de presupuesto que hoy presentará el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ilustrará lo austero que se propone seguir siendo López Obrador. No hay ni habrá dinero para esto.

    Es muy probable que hoy el gobierno de López Obrador anuncie el rechazo de la Propuesta no Solicitada del Proyecto Carretero Cancún-Tulum. Con ello el Tramo 5 del Tren Maya quedará en el limbo. Trascendió ayer en los pasillos de Palacio Nacional que al presidente no le convenció el modelo de APP (Asociación Público Privada) presentado por el consorcio integrado por Black Rock de Larry Fink, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir y Pinfra de David Peñaloza, firmas que propusieron invertir en la modernización, ampliación y mantenimiento de la carretera de 120 kilómetros 16 mil 750 millones de pesos. Tan solo ayer el tabasqueño ponderaba en su conferencia mañanera el esquema de APP en el que la inversión privada entra a aligerar la carga financiera del Estado por que son ellos los que aportan el financiamiento. En el Tramo 5 las empresas iban a aportar capital por alrededor de una tercera parte, unos 6 mil millones de pesos, y los 10 mil millones restantes sería deuda. El abrupto cambio de AMLO representa un duro golpe a la confianza de los empresarios y llega en el peor momento, justo cuando se prepara un dizque paquete de proyectos de infraestructura de la mano del sector privado. Esta APP que se patea iba a ser la que abriría camino a otras, pero sobretodo allanaba el camino a nuevas inversiones. Pero López Obrador no quiso. Los rudos del gabinete ganan otra partida.

    La semana pasada en la Secretaría de Gobernación fueron las reuniones para evitar la huelga en Telmex. Se trata del enésimo intento del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por cambiar la regulación que la Ley de Telecomunicaciones y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le aplican, tanto a la empresa que dirige Héctor Slim Seade, como a su hermana, América Móvil, que capitanea Daniel Hajj. La postura de Olga Sánchez Cordero fue más que generosa con el gremio que lidera Francisco Hernández Juárez y los pupilos de Carlos Slim. Y no es para menos: recuerde que las notarías de su familia dan servicio a las empresas del magnate. No es la primera vez que tanta salamería pone en entredicho la competencia para el dúo Telmex-AMX. El detalle no pasó desapercibido ni en la Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, ni entre los comisionados del regulador que preside interinamente Adolfo Cuevas.

    Le referí del proyecto de un nuevo tren suburbano en la zona metropolitana de Monterrey. El gobierno de Nuevo León que encabeza Jaime Rodríguez estima que costará alrededor de 22 mil millones de pesos. Ya fue registrado tanto en la SCT, que lleva Jorge Arganis, como en la SHCP, de Arturo Herrera. Tendrá una longitud de unos 62 kilómetros y contará con 40 estaciones. Será una línea mixta, es decir de pasajeros y carga. La española Sener, que preside Jorge Sendagorta, ganó el contrato para hacer los estudios de preinversión tras ofrecerlos en 17.5 millones de pesos más IVA. Conectará a Apodaca y el aeropuerto local.

    El proyecto que nada más no avanza son las escolleras de Salina Cruz. La obra fue adjudicada desde diciembre a Grupo Indi, que comanda Manuel Muñozcano, tras ofertar 4 mil 700 millones de pesos. Dejó en el camino a ICA de Guadalupe Phillips, La Peninsular de Carlos Hank Rohn y la española Sacyr que maneja Enrique Alonso. Se trata del rompeolas oeste de esa API y que es un componente estratégico del Tren Transísmico, otro de los megaproyectos insignia de Andrés Manuel López Obrador. El punto es que no le han liberado el anticipo al constructor y las dichosas escolleras llevan en el limbo ¡ocho meses!

    Aeromar, que dirige Danilo Correa, es otra compañía aérea que se encuentra en una situación financiera extremadamente endeble. La firma que fundara Zvi Katz estima que por el efecto del Covid-19 registre pérdidas este año por cerca de 500 millones de pesos. Con todo, mantiene 21 de sus 27 vuelos. Hace un mes la aerolínea suscribió una alianza comercial con Interjet, la que ahora controlan Carlos Cabal, Alejandro del Valle y Miguel Alemán Magnani. No se descarta que la sociedad crezca más allá de los códigos compartidos. Sin embargo, otro lastre que arrastra Aeromar es una deuda con el SAT por mil millones de pesos.

    Napoleón Gómez Urrutia sigue empeñado en mantener vivos conflictos laborales finiquitados legalmente hace años, como las huelgas de Sombrerete y Cananea. Ahora el senador opera a todo vapor para prolongar la de Taxco. En su más reciente gira por Guerrero, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a intermediar para poner fin a ese diferendo que lleva ya 13 años, con la consecuente afectación a esa ciudad. Con la promesa presidencial es de esperarse que las negociaciones con Grupo México, de Germán Larrea, se reanuden.

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