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    Servidores públicos deben cumplir con su declaración patrimonial

    Opinión

    En mayo, el gobierno de Quintana Roo realizará el proceso para que todos los servidores públicos presenten sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, una obligación establecida en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

    La Secretaría de la Contraloría (Secoes) llama a servidores públicos del Poder Ejecutivo a que del 1 al 31 de mayo presenten su declaración patrimonial.

    La Secoes recuerda que desde el año pasado todos los integrantes del servicio público están obligados a presentarla, debido a la entrada en vigor de la reforma aprobada por el Poder Legislativo Federal en 2017.

    En 2021, el padrón de integrantes del servicio público ascendió de 4 mil a 40 mil 469 declarantes, de los cuales 38 mil 167 —es decir el 94.31 por ciento— cumplieron en tiempo y forma con la declaración.

    La sanción por la omisión en el cumplimiento de esta obligación puede llegar hasta el cese de los efectos del nombramiento o contrato.

    En el acuerdo publicado el 11 de mayo de 2021, en el “Periódico Oficial del Estado”, se establecen los formatos en que debe presentarse la declaración patrimonial.

    Documentación que deben de presentar

    La Secretaría de la Contraloría pide a las personas servidoras públicas a tener listos los documentos necesarios para cumplir con esta obligación.

    Para las personas servidoras públicas que presentan el formato simplificado se recomienda tener a la mano CURP; RFC; comprobante de domicilio; datos curriculares; datos del empleo; cargo o comisión; experiencia laboral (cinco años anteriores); recibo de nómina y/o declaración fiscal, y, en su caso, acta de nacimiento de hijos y/o dependientes económicos, y en su caso, acta de nacimiento de hijos y/o dependientes económicos.

    La declaración patrimonial permite el registro y el seguimiento de la evolución en la situación patrimonial de los servidores públicos, y sirve para vigilar la actuación honesta y transparente de quienes desempeñan un cargo en la administración pública.

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