En una escalada de tensiones, Sanjuana Martínez Montemayor, exdirectora de Notimex, ha intensificado su disputa con figuras del gobierno vinculadas a la Cuarta Transformación, especialmente con Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un tono amenazante, Martínez sugirió que la publicación de pruebas podría afectar la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo, representante de Morena en las elecciones presidenciales de este año.
La periodista utilizó sus redes sociales para compartir una conversación mantenida con Jesús Ramírez Cuevas durante el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNotimex). Además, advirtió que posee más grabaciones en su «audioteca», asegurando tener registradas a todas las personas involucradas y expresando su disposición a revelar más información.
En medio de la controversia, Martínez afirmó haber recibido amenazas de muerte y acusó a Ramírez de canalizar dinero público en efectivo hacia «periodistas» afines a la Cuarta Transformación y de orquestar campañas de desprestigio utilizando recursos gubernamentales.
La gestión de Sanjuana Martínez en Notimex estuvo marcada por una huelga y la desaparición de la agencia de noticias estatal. Ahora, la periodista se presenta como víctima de Jesús Ramírez, alegando haber descubierto un acto de corrupción vinculado a los secretarios Luisa María Alcalde y Marath Bolaños.
En referencia a los artículos publicados en La Jornada los pasados 9 y 10 de enero, Martínez acusó a los secretarios de la STyPS de solicitar un «moche» del 20% en la liquidación de su equipo para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum.
En el audio difundido recientemente, se escucha a Martínez y Ramírez Cuevas dialogar sobre el conflicto interno en Notimex. Durante la conversación, el vocero presidencial sugiere retener a algunos sindicalistas y «dar cuello» a otros seis, basándose en expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Ramírez incluso ofrece ayuda para construir los expedientes y sacar a las personas señaladas en dos meses.
La polémica se intensifica con la revelación de estas grabaciones, dejando a la opinión pública a la espera de posibles acciones legales y consecuencias políticas derivadas de estas acusaciones.