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    OpiniónRegalazo a Slim: Darío Celis

    Regalazo a Slim: Darío Celis

    Opinión

    “¡QUÉ SABIO EL señor migrante de San Quintín cuando me recomendó: ‘separe al poder económico del poder político; así como Juárez separó al poder religioso del poder civil”.

    Así machacaba, una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas el 30 de septiembre pasado, para dejar claro que su gobierno, el de la 4T, pintó su raya con los grandes empresarios.

    Pero la relación con Carlos Slim va en total sentido contrario a su narrativa: cada día queda más claro que el inquilino de Palacio Nacional paga con amor el creciente amor que el ingeniero le profesa.

    Más allá del trato recibido por Carso tras la caída del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, o de que oficialmente ingresó a su Consejo Asesor Empresarial, el tabasqueño le cumplirá al magnate un viejo sueño.

    El Instituto Federal de Telecomicaciones (IFT), que preside Adolfo Cuevas, ya se apresta a aprobar a Claro Video, una empresa de Slim Helú, el otorgamiento de la concesión del servicio de televisión de paga.

    Fuentes del regulador adelantan que la fecha del pleno en el que se subiría el expediente para votar esa autorización a la empresa especializada en servicios de streaming va ser el próximo 20 de diciembre.

    Claro Video es una compañía que pertenece al mismo grupo económico de Telmex, Telnor y América Móvil, que son las que expresamente tienen la prohibición de ofrecer televisión.

    Pero el IFT ya preparó un estudio sobre convergencia que estima otorgar a Claro la “Concesión Única” para ofrecer cualquier tipo de servicio, lo que implica darle la vuelta a su propia prohibición.

    Mientras Cuevas concentra esfuerzos en permitir que el Agente Preponderante incursione en televisión, López Obrador busca cumplir su promesa de llevar internet a todos los rincones del país, donde Slim es un jugador clave en ese objetivo de la 4T.

    El IFT permitirá al grupo económico de Slim ofrecer servicios de televisión tras una solicitud presentada por la empresa hermana de Telmex, que dirige Héctor Slim, y América Móvil, de Daniel Hajj.

    Como es una filial, no le aplica la restricción contenida en la Condición 1.9 de los títulos de concesión de Telmex y Telnor, de ahí que Claro Video presentara su solicitud el 8 de diciembre de 2018.

    Tres años, los mismos que el tabasqueño celebrará con tanta estruendosidad este miércoles en el zócalo, le llevó al regulador de las telecomunicaciones, analizar esa solicitud y encaminar la autorización.

    Lo que tanto soñó el hombre más rico de México y Latinoamérica, y el número 16 del mundo, se lo hará realidad no los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña. Se lo cumplirá López Obrador.

    La autopista barranca Larga-Ventanilla se convirtió en una obsesión para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Al final de su mandato va ser una carretera con un altísimo impacto social porque acortará de seis a solo dos horas el traslado de Puerto Escondido a la ciudad capital. Es una vía que lleva construyéndose 10 años. Para Murat también va representar el cierre con broche de oro de su administración el año próximo. Asimismo, le subirá los bonos al subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño, a quien el propio tabasqueño le encomendó el proyecto desde que estaba en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. Nuño se ve ya como secretario, desplazando a Jorge Arganis, quien brilló por su ausencia en la gira de dos días por ese estado. Pero que no coma ansias, porque puede caerse. Fernando Palma Soto, su Director Coordinador de Seguimiento a Títulos de Concesión de la Dirección General de Desarrollo Carretero, está siendo investigado por ser gestor y enlace directo entre constructoras y Altor Finanzas e Infraestructura, el despacho de consultoría fundado por Fernando Aportela, Dionisio Pérez-Jácome, Carlos Montaño y Alejandro Poiré. En el tema ya está metido el mismo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que ya le congeló al propio Nuño el tercer paquete de infraestructura por sus nexos con Altor.

    Ayer entre las 9:55 y las 10:05 de la mañana se perdió total comunicación en el Centro de Control México. Durante casi 10 minutos se quedaron incomunicados controladores y pilotos (lado aire-tierra), como controladores con aeropuertos adyacentes (tierra-tierra). En cuanto inició la falla, se le pidió a todas las torres de control que no dieran orden de despegue a ningún avión hasta nuevo aviso, mientras que los que estaban en el aire se les pidió se mantuvieran en patrón de espera. De acuerdo con el personal de ingeniería, durante cinco minutos falló el equipo de comunicación Frequentis. Los aviones se mantuvieron en tierra para evitar accidentes. Hubo pasajeros afectados por varias demoras. Según especialistas, una incomunicación de este tipo es muy grave porque pone en riesgo la seguridad de las operaciones, ya que en caso de una pérdida de señal en los radares, las frecuencias de comunicaciones operativas pueden ayudar a garantizar la seguridad. Pero sin métodos de comunicación esta tarea sería imposible. Otra más que pega a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que dirige Víctor Hernández.

    Mañana la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver la facultad de atracción número 410/2021, promovida por el ministro Juan Luis González Alcántara, con la finalidad de que esa sala conozca y resuelva el recurso de revisión cuyo fondo estriba en analizar sobre la constitucionalidad del No Ejercicio de la Acción Penal en contra de los hermanos y familia Jenkins. Polémico caso relacionado con el destino de más de 700 millones de dólares que pelean Roberto y Guillermo Jenkins y que involucra también el control de la Universidad de las Americas de Puebla, un asunto en el que también tienen intereses el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y el gobernador Miguel Barbosa.

    Ayer salió el fallo de la licitación para los vales de fin de año de la CdMx. Solo llegaron la francesa Sí Vale de Gerardo Yepez y la mexicana TENGO!, que dirige José Antonio García, una de las verticales de Broxel, de Gustavo Gutiérrez. Fueron 31 rondas donde estas empresas pujaron por el contrato. TENGO! ofreció el mayor descuento, -4.27%, con el cual se garantizó un ahorro de poco más de 262 millones de pesos en dos paquetes, uno de 131 millones y otro de 31 millones. El ahorro era el punto nodal para el gobierno de Claudia Sheinbaum, y de ahí la reposición del proceso de licitación la semana antepasada y el nuevo fallo de este lunes. El contrato es por tres mil 852 millones de pesos.

    Tan pronto como ayer mismo fue el pleno extraordinario del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el que se designó finalmente al conciliador del concurso mercantil de Altán Redes. Tal cual le adelanté, se nombró a Gerardo Sierra, quien ya había venido fungiendo como visitador de esta empresa concesionaria de la red compartida que preside Bernardo Sepúlveda y que dirige Salvador Álvarez. La compañía arrastra un pasivo cercano a los 30 mil millones de pesos, de los cuales, alrededor de 15 mil millones están contraídos con Nacional Financiera, que comanda Juan Pablo de Botton, y Banobras, que capitanea Jorge Mendoza.

    Si bien en Palacio Nacional ya hicieron un análisis político de la inviabilidad de la contrareforma eléctrica en los términos como los mandó Andrés Manuel López Obrador el pasado 30 de septiembre, lo que sí no podrá quitarle ni la oposición ni el poder judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los dientes para rescindir contratos que en la 4T califican de leoninos. En particular varios de la española Iberdrola, que encabeza José Ignacio Sánchez Galán. La negociación la dejó en curso Julio Scherer en la Consejería Jurídica y es otro expediente que retomó el secretario de Gobernación Adán Augusto López.

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