La Misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un fuerte llamado al gobierno venezolano para que cese la «creciente represión» que se ha desatado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. La misión ha pedido una investigación exhaustiva de las muertes ocurridas durante las protestas que surgieron a raíz de denuncias de fraude electoral, y ha instado a que los responsables de estos actos rindan cuentas.
Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto para un tercer mandato, con un 52% de los votos, frente al 43% del opositor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, la falta de transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha publicado el detalle del escrutinio, ha alimentado una ola de manifestaciones en todo el país, denunciando la legitimidad de los resultados.
El reporte de la misión, encabezada por Marta Valiñas, ha documentado al menos 23 muertes, la mayoría por disparos, durante las protestas contra los resultados electorales. Valiñas subrayó la necesidad de investigar estos incidentes, especialmente en casos donde se sospecha el uso abusivo de la fuerza letal por parte de cuerpos de seguridad o la intervención de civiles armados, quienes presuntamente actuaron con la connivencia de las autoridades.
Además de las muertes, el informe detalla que más de 1,260 personas han sido detenidas desde el 28 de julio, incluyendo 160 mujeres. Estas detenciones han sido calificadas como arbitrarias por la ONU, que ha exigido la liberación inmediata de todos los detenidos. Entre ellos se encuentran dirigentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales fueron arrestados tras participar en manifestaciones o expresar sus opiniones en redes sociales.
El reporte también pone de relieve la preocupante detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes, quienes han sido imputados por los mismos crímenes graves que los adultos y que, en muchos casos, no han contado con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales. Francisco Cox, otro de los expertos de la misión, hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que garanticen el estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez en estos casos.
En respuesta, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, desestimó las afirmaciones de la Misión de Determinación de los Hechos, acusándola de actuar en contra de Venezuela y de intentar atribuirse investigaciones que no le competen. Saab también presentó su propio balance, contabilizando 25 muertos, incluyendo dos militares, y 192 heridos, de los cuales 97 pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado.
La situación en Venezuela sigue siendo crítica, con una creciente presión internacional sobre el gobierno de Maduro para que aborde las serias violaciones a los derechos humanos que se han denunciado en las últimas semanas. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, en busca de señales que indiquen un cambio en la gestión de esta crisis que ha conmocionado a la nación sudamericana.