Claudia Patricia Díaz Guillén, quien solía trabajar como enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, y su esposo recibieron una condena de 15 años de prisión y tres años de libertad condicional por parte de un tribunal de Florida.
La sentencia establece que deben devolver US$136 millones en bienes y efectivo, lo cual representa las ganancias obtenidas por participar en un esquema corrupto de lavado de dinero que desangró las arcas del Estado venezolano. Además, ambos deberán pagar una multa de US$75.000. En diciembre de 2022. Díaz Guillén había sido declarada culpable de dos de los tres cargos de lavado de dinero que se le imputaban en una corte de Florida.
Adrián José Velásquez Figueroa, quien ocupó el cargo de jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante el mandato de Chávez, fue declarado culpable de los tres cargos de lavado que se le imputaban.
Díaz Guillén formó parte de la Guardia de Honor, la cual es responsable de la seguridad de los presidentes de Venezuela, y también trabajó como parte del equipo médico y de enfermeras que atendían al fallecido mandatario Hugo Chávez. Según la Fiscalía estadounidense, Chávez la nombró Tesorera Nacional, y a través de un esquema corrupto de lavado de dinero logró enriquecerse en ese cargo.
El juicio en su contra es el resultado de un proceso judicial que se hizo público en 2018, cuando ella y su esposo fueron detenidos en Madrid, donde residían, luego de una solicitud de extradición de las autoridades venezolanas que los acusan de presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito.
En 2022, las autoridades españolas aprobaron una solicitud de extradición de Estados Unidos para Claudia Patricia Díaz Guillén y su marido, Adrián José Velásquez Figueroa, después de que la petición de Venezuela no prosperara.
En una entrevista con BBC Mundo en 2018, Díaz Guillén afirmó haber logrado sus cargos públicos por sus propios méritos y explicó que estudió enfermería y derecho en la Universidad Central de Venezuela mientras era miembro de la Guardia de Honor.
Fue nombrada Tesorera Nacional por Hugo Chávez en 2011 y permaneció en el cargo hasta su destitución en 2013 por Nicolás Maduro.
Según la Fiscalía estadounidense, Díaz Guillén recibió sobornos de al menos US$65 millones entre 2011 y 2013, pagados por el empresario Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, para permitir operaciones de cambio de divisas en Venezuela.
En el juicio, Díaz Guillén enfrentó acusaciones por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero, mientras que su esposo fue declarado culpable de los tres cargos que se le imputaban. A diferencia de otros exfuncionarios del gobierno de Chávez que han sido juzgados en Estados Unidos, Díaz Guillén no admitió ninguna culpa. Los abogados de la pareja planean apelar la sentencia.