En el 2015 la población en las cárceles superaba por mucho su capacidad. Sorprendentemente en sólo cuatro años, se redujo en 25%. Pasaron de ser 255,638 internos a 198,384 de los cuales -por cierto-sólo el 5.1% son mujeres. la disminución fue de 57,254 presos. Un artículo publicado por el portal “Animal Político“ con datos de la Comisión Nacional de Seguridad ; revela que el hecho coincide con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, que eliminó la prisión preventiva automática y limitó los delitos en que aplica. Paralelamente, los índices delictivos en todo el país han aumentado. Predominan el homicidio y el robo con violencia; y todos nos preguntamos si se debe a que los delincuentes ahora enfrentan sus procesos legales en libertad o a otras variables.
Para los expertos la reforma legal representa un avance en materia de Derechos Humanos pues garantiza de mejor forma la “presunción de inocencia“ del inculpado, y pone fin a la práctica de mantener a personas encerradas por años sin juicio. Opinan que las cárceles sobrepobladas contribuyen al maltrato de los reclusos y los autogobiernos establecidos por los internos perjudican los fines de readaptación social del sistema. También sostiene que no hay relación directa entre la disminución de presos y el aumento de la violencia; un ejemplo es que entre 2011 y 2012 hubo un incremento de la población carcelaria y también aumentaron los homicidios.
Posiblemente la respuesta esté en aspectos que son comunes al Sistema Penal Acusatorio y al Sistema Carcelario Mexicano. Uno es que a partir de la reforma penal del 2008, obligatoria desde junio del 2016, el refuerzo a las exigencias para reunir evidencias acusatorias les complicó a la policía y a los fiscales el crear caso sólidos por qué no había la capacitación debida.
Otro aspecto es que la finalidad social del sistema penitenciario es la reinserción de los presos a la sociedad y sería deseable que se hiciera a través de un proyecto de desarrollo social del actual Gobierno. El costo por preso es de 140 pesos diarios mientras que la UNAM paga menos por cada alumno de bachillerato, 115 pesos diarios.
Si se invirtiera – por ejemplo- lo que hubiera costado el aeropuerto de Texcoco, tendríamos un programa social que alcanzaría para el funcionamiento de las cárceles, la reinserción social, la tan deseada reducción de la violencia y la impunidad.
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