Un enfrentamiento entre el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, y el Gobernador Manolo Jiménez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila ha dejado al descubierto un pacto secreto firmado en 2023. Este acuerdo incluía disposiciones detalladas sobre la distribución de cargos y candidaturas políticas entre ambas fuerzas.
El pacto en cuestión establecía la asignación al PAN de cinco diputaciones, así como la concesión de tres secretarías estatales, un 20% de subsecretarías y oficinas de recaudación, además de la entrega de seis notarías públicas. También se delineó que para las elecciones de 2024, el PAN nominaría candidatos en 14 municipios, entre ellos Torreón, de un total de 38 que estarían en juego.
El PAN ha salido a la palestra exigiendo al Gobernador Jiménez y al liderazgo del PRI el cumplimiento íntegro del acuerdo establecido en 2023, según lo declarado en un comunicado oficial.
Sin embargo, el Gobernador Jiménez argumenta que el acuerdo vinculaba al PAN con la obtención del 20% de los votos en 2023, cifra que, según él, no se alcanzó, obteniendo únicamente un 6%. Ante esto, Marko Cortés, líder del PAN, refutó estas aseveraciones y exhibió el documento del acuerdo en sus redes sociales, desmintiendo la relación entre el pacto y los porcentajes electorales.
El mandatario priista defendió las acciones del PRI, señalando que, a pesar de los resultados electorales desfavorables para el PAN, el partido ha sido atendido en términos del acuerdo, destacando la presencia de dos mujeres del PAN en secretarías y las cinco diputaciones concedidas en el Congreso.
Jiménez también resaltó la abrumadora preferencia electoral en municipios como Torreón y Monclova, donde el PRI obtuvo un número significativamente mayor de votos, afirmando que estas cifras no reflejaban una proporción justa para el PAN según lo acordado.
Además, se han dado a conocer detalles del acuerdo, que incluyen no solo cargos gubernamentales, como secretarías y subsecretarías, sino también el control sobre entidades como el subsistema de Educación, el Instituto de Transparencia, registros civiles, direcciones educativas, notarías y la ratificación de un magistrado, entre otros.
Este conflicto político entre ambos partidos ha evidenciado tensiones y desacuerdos sobre la interpretación y el cumplimiento de lo pactado, dejando en entredicho la estabilidad de la coalición y la distribución de poder en el estado de Coahuila.