DE CARA AL enfrentamiento penal, que empieza a visualizarse con el involucramiento de la Fiscalía General de la República, entre el gobierno de Quintana Roo y Aguakan, ésta última se defiende.
Aguakan es la concesionaria para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las ciudades de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.
En el capital social de Aguakan participan indirectamente más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos a través de cuatro fondos privados de pensiones que invirtieron en la compañía.
La cancelación del permiso a Aguakan, vía el Decreto 195 votado el 22 de diciembre por la Legislatura de mayoría morenista, y alentado por el gobierno de Mara Lezama, impactará el ahorro de esos trabajadores.
Y es que los principales inversionistas son Pensionissste que lleva Edgar Díaz Garcilazo, Sura a cargo de Emilio Bertrán, Banamex que dirige Luis Armando Kuri y Principal que preside Pablo Sprenger.
Aguakan es pieza clave del cuidado del medioambiente en el norte del estado al recolectar las aguas negras en un sistema de alcantarillado, sanearlas en plantas de tratamiento y reinsertarlas en el subsuelo.
Ha invertido más de 8 mil millones de pesos al 2023 en infraestructura y paga contraprestaciones por 7 mil 964 millones al gobierno estatal y a la Comisión Nacional del Agua, de Germán Martínez.
Adicionalmente, Aguakan, que dirige Paul Andrew Rangel Merkley, ha venido cubriendo impuestos federales y locales por aproximadamente 5 mil 93 millones de pesos en números reales al 2023.
La suma de infraestructura, contraprestaciones e impuestos pagados por esta empresa filial del Grupo Mexicano de Desarrollo, de Jorge Ballesteros, es de más de 21 mil millones de pesos en números al 2023.
Tan sólo en el 2022, por concepto de infraestructura, contraprestaciones, impuestos y pago de deuda, Aguakan liquidó mil 767 millones de pesos, lo que representó el 98.5% de su flujo operativo.
Aguakan cubrió en ese mismo año un dividendo de 100 millones de pesos, lo que significó el 5.6% del flujo operativo, utilizando parte de la caja disponible de años anteriores. Estos porcentajes han sido similares en los últimos 10 años de operación.
Con respecto a quejas ante la Profeco, Aguakan durante el 2023 tuvo solamente 73, la cuales en su mayoría se han concluido satisfactoriamente para las partes.
Agukan atiende a más de 463 mil cuentas, lo que significa que las quejas representan el 0.016% de los usuarios.
La concesionaria logra cobrar el 94% de las cuentas de agua, esto es mucho más que la cobranza de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado (CAPA) en los municipios no concesionados.
Esa cobranza ayuda a las finanzas de Quintana Roo, que recibe un porcentaje de dichos cobros.
SE ESTIMA QUE Crédito Real salga de concurso mercantil hacia finales de marzo o principios de abril. Por lo pronto mañana jueves vence el plazo que fijó el liquidador nombrado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Miguel Escamilla, para presentar la lista definitiva de acreedores. Cumplida esta fase, la Juez Primera Especializada en Materia Concursal, Olga Borja, estaría emitiendo la sentencia de reconocimiento de créditos en la primera quincena de febrero. Acto seguido, la sofom que dirige Fernando Alonso de Rivera y los bonistas, léase principalmente los fondos Amundi, Shiprock, Alfa Capital, Julius Bear, amén de BNP Paribas y Credit Suisse, que concentran una deuda de mil millones de dólares, se encaminarán a presentar el convenio final.
Y MIENTRAS UNAS salen otras entran. No pierda de vista a Grupo Biossmann. Ya le habíamos platicado de esta compañía propiedad de Adrián Cervantes especializada en la proveeduría de servicios integrales de anestesia, ortopedia y mantenimiento de equipo médico para el IMSS, que lleva Zoé Robledo, el ISSSTE que dirige Pedro Zenteno y la Defensa Nacional que comanda Luis Cresencio Sandoval. Arrastra pasivos bancarios por cerca de mil 900 millones de pesos. Sus principales acreedores son Banco del Bajío de Salvador Oñate, BBVA que preside Eduardo Osuna, Banorte que capitanea Carlos Hank González y Santander que maneja Felipe García Ascencio. La empresa está buscando una capitalización para evitar el concurso.
A PROPOSITO DE Santander México, en diciembre salió Didier Mena. Era vicepresidente de Administración y Finanzas. Era prácticamente el número dos del banco que preside mundialmente Ana Botín. Tenía ocho años en la institución y compitió fuerte con el propio Felipe García Ascencio para asumir el liderazgo de ese grupo financiero aquí. Pupilo de Héctor Grisi, que dejó esa posición para asumir la dirección general global, Didier no pudo congeniar con su nuevo jefe de ahí que optó por dejar Santander. Por lo demás, el banco se apresta a entrar fuerte al negocio de gestión de activos y operación de fondos de inversión tras haber adquirido la cartera del BNP Paribas. Lo hará a través de Santander Asset Managment, que cuenta con un patrimonio de 210 mil millones de euros.
ALTAN RESUELVE…
LA DEFENSA DEL ex senador Jorge Lavalle pedirá en las próximas horas que se presente Emilio Lozoya Austin a declarar ante el mismo juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia. Puede incluso que los abogados de Lavalle, Felipe Gómez Mont y José Zapata, ya lo hayan solicitado desde ayer. Sería la primera vez que el ex director de Pemex diera la cara públicamente, tras nueves meses de permanecer aislado en su casa de Jardínes de la Montaña, en el sur de la Ciudad de México. Los penalistas pretenden carear a Lozoya para demostrar que sus dichos contenidos en la denuncia contra el ex legislador panista no tienen sustento legal. El ex cercano colaborador de Enrique Peña no tiene forma de esquivar el emplazamiento, que deberá ser desahogado de manera presencial. El objetivo es que diga qué más sabe del caso Odebrecht. En la audiencia de Lavalle, que duró más de 19 horas, un nombre que la parte acusadora cuidó mucho fue el del gobernador de Querétaro, el también panista Francisco Domínguez.
LA PROCURADURÍA GENERAL de Justicia del Estado de Hidalgo va tras la líder de la Sección XX del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud local y de las empresas Consorcio Peredo, Acércate a Tu Nómina, Dinerito Audaz, Exitus, Operación y Auditoría, Credi Empleado, Hynvsa y Presyserd de México. Éstas presuntamente falsificaron las firmas de los trabajadores a quienes les cobraban créditos de nómina hasta con un 300% de interés. De acuerdo con las investigaciones grafoscópicas que solicitó el exencargado de despacho de esa procuraduría, Santiago Nieto, la mayoría de las firmas sí eran originales, por lo que se estaría ante un caso de fraude, más que de falsificación, que el gobernador Julio Menchaca está empeñado en fincar responsabilidades.