La pretensión del INE de requerir que los partidos postulen a mujeres en cinco de cada nueve candidaturas a gobernador fue detenida ayer. Partidos adversarios como el PAN y Morena coincidieron en sus argumentos al acusar al INE de exceder sus poderes.
Los representantes de los partidos alegaron que el Instituto electoral está tratando injustamente a las organizaciones, entrometiéndose en sus asuntos internos y reinterpretando a su conveniencia los conceptos de paridad y alternancia.
Durante una reunión conjunta de las comisiones de Prerrogativas y Partidos Políticos junto con la de Igualdad de Género, los consejeros electorales Uuc-Kib Espadas y Arturo Castillo respaldaron las quejas de los partidos y se comprometieron a establecer un diálogo con los partidos políticos para revisar la propuesta de paridad.
Todos los partidos insistieron en que se respete su autonomía, argumentando que ya habían incluido la paridad en sus estatutos y que las autoridades electorales ya habían aprobado estos documentos fundamentales.
El representante del PAN en las comisiones, Álvaro Malváez, consideró ilegal la idea de cancelar el registro de candidatos si no se cumple con la paridad.
La diputada de Morena, Julieta Ramírez, afirmó que su partido no debería estar sujeto a restricciones en cuanto a la paridad y que el INE está interfiriendo en asuntos internos de su instituto político sin la autoridad para hacerlo.
Morena se unió al PAN, PRD y PRI en sus demandas al Instituto y todos pidieron que se respete su derecho a la autoorganización, ya que, según argumentaron, si sus estatutos, aprobados por la autoridad electoral, establecen la paridad, pueden implementarla de la manera que consideren adecuada.
Los representantes también rechazaron la fecha del 4 de noviembre como plazo para informar al INE sobre la designación de mujeres en los estados, así como los métodos de elección y la medición de la competitividad, argumentando que es demasiado cercana y aún deben decidir si formarán alianzas con otros partidos.
Propusieron que las tres entidades que ya cuentan con legislación sobre alternancia o paridad no se incluyan en el acuerdo, y que solo se aplique en las otras seis, con tres mujeres y tres hombres.
El perredista Julio Cisneros afirmó que la alternancia no está regulada y, por lo tanto, no están obligados a seguirla de acuerdo con sus propias reglas y acuerdos con otros partidos.
La consejera Dania Ravel explicó que, aunque Jalisco, Yucatán y Puebla cuentan con legislación sobre paridad, esta no garantiza la alternancia, por lo que no deben quedar excluidos.
La consejera Carla Humphrey sugirió que el acuerdo incluya la obligación de designar a una mujer como candidata a la Presidencia y a cuatro gubernaturas, para lograr una paridad de cinco a cinco en todas las elecciones federales y locales.
Mientras tanto, los consejeros Espadas y Castillo coincidieron en que el Tribunal ha dejado claro que la paridad en las candidaturas a gobernador es responsabilidad de los Congresos, y el INE no tiene la autoridad para dictar cuántas deben ser mujeres.
Espadas argumentó que en México no existe una autoridad con poder para supervisar la llamada «paridad horizontal», y que la alternancia es un criterio, no un principio, sin un criterio vinculante.
Castillo expresó su disposición a establecer una cuota, pero pidió que el acuerdo esté bien fundamentado para evitar ser rechazado en la Sala Superior.
Se espera que la mesa de diálogo se establezca en los próximos días, y que la sesión de las comisiones involucradas se reanude el viernes o la próxima semana.