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martes, octubre 19, 2021
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    OpiniónOoootra ministra en problemas: Darío Celis

    Ooootra ministra en problemas: Darío Celis

    Opinión

    HACE EXACTAMENTE UNA semana el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a lanzar contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    “Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga, de un juicio que se llevó en el sexenio pasado. Pero a los ministros de la Corte no les preocupa…

    “Esos duermen tranquilos, pero imagínense lo que representa entregar mil millones, cuantas becas para niñas, niños con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre. Son unos insensibles…”

    Aunque no los mencionó por nombre, el tabasqueño lanzó los dardos sobre tres ministros de la Segunda Sala que fueron los que votaron a favor: Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Yasmín Esquivel Mossa.

    López Obrador tiene muy clara esta película que motivó su diatriba de hace una semana: la esposa de su entrañable amigo, el estructurista José María Riobóo, actuó totalmente fuera de la lógica jurídica.

    Y lo que no suena lógico suena metálico: por eso la ministra, otra ministra más, está metida en un problema, tanto, que ha tratado de desviar el asunto culpando a terceros, como al SAT y a la Procuraduría Fiscal.

    Sí, el SAT tuvo dos momentos en que debió dar vista del asunto a la Procuraduría Fiscal. El primero en 2012, cuando su titular era, paradójicamente otro ministro en funciones, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

    Entonces el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA) rechazó el amparo de Carmela Azcárraga Milmo a favor de la devolución de 330 millones de pesos porque no acreditó ese derecho.

    El SAT se guardó el tema ocho años y lo sobre llevó con litigios por demás deficientes en el que la sucesión de la señora Azcárraga ganó tiempo y el monto creció en intereses, hasta los mil millones de pesos.

    Pasaron las administraciones del SAT de Enrique Peña Nieto, con Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín al frente, y nos situamos ahora en el gobierno de la 4T, con Margarita Ríos-Farjat como nueva titular.

    La ahora ministra, integrante de la Primera Sala, cometió la misma negligencia que sus antecesores, pero con una agravante: no volvió a dar vista a la Procuraduría Fiscal en un punto de inflexión.

    El 19 de septiembre de 2019, hace exactamente dos años y un día, Ríos-Farjat debió avisar al procurador Carlos Romero Aranda que la sucesión de doña Carmela daba un giro crucial al expediente.

    Los fiscalistas de la mamá de Alejandro “El Güero” Burillo, ante un nuevo rechazo a su amparo por parte del TFJA, se fueron a la Corte a alegar la interpretación de la constitucionalidad de las leyes.

    El asunto no era menor porque la Corte no tenía tampoco porque darle entrada a ese amparo directo que cuestionaba artículos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Estaba impedida y lo aceptó.

    Tampoco hubo vista a la Procuraduría, por lo que resulta absurdo que, ahora, se le pretenda imputar “errores de procedimiento”, lo que más bien son argumentos de la ministra Esquivel para curarse en salud.

    La última línea de defensa que tuvo el SAT y el gobierno de la 4T para evitar pagar los mil millones de pesos era la Segunda Sala de la Corte, donde la ministra Yasmín es presidenta y fue ponente de este caso.

    Esquivel Mossa había preparado inicialmente un proyecto en el que rechazaba el pago, descartando conceptos como “el derecho subjetivo” que alegaba Azcárraga, pero que no procedía porque no podía probarlo.

    Hubo el suficiente margen para enmendar la cadena de fallos y omisiones, pero inexplicablemente la ministra modificó su proyecto para encaminar la sentencia a favor de la sucesión de Azcárraga Milmo.

    Incluso otro integrante de la misma Segunda Sala, Javier Laynez, ex procurador fiscal, presentó un dictámen en el que argumentaba técnicamente a favor del desechamiento del amparo de la quejosa.

    Pero aún así, el 14 de abril de este año la sala de Yasmín Esquivel emitió fallo a favor de la devolución de los mil millones de pesos. La Procuraduría Fiscal intentó sensibilizar a la Corte sobre el efecto.

    Votaron en contra los ministros Laynez y Fernando Franco y a favor Esquivel Mossa, Pérez Dayán y Aguilar Morales.

    Romero Aranda se reunió días después con Esquivel para solicitarle que propusiera una aclaración de la sentencia. El asunto ya era del conocimiento de López Obrador, quien también quiso intervenir.

    En la última reunión que tuvo en Palacio Nacional con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, el 5 de agosto, pidió reconsiderar el fallo, pero palabras más menos, le dijeron que ya no había marcha atrás.

    En sesión del 8 de septiembre pasado, los ministros de la Segunda Sala, ahora sí por unanimidad, declararon improcedente la aclaración de la sentencia, por lo que se tendrían que pagar mil 64 millones de pesos.

    Pero esta historia no ha llegado a su fin. Viene la revancha del Ejecutivo en dos frentes: contra la sucesión de Carmela Azcárraga y contra los ministros “insensibles”. Que nadie cante victoria.

    La resolución IO-002-1218 de la Comisión Federal de Competencia Económica, que encontró a los 18 clubes de futbol, a la Federación Mexicana de Futbol y a la Liga MX culpables de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichajes de jugadores profesionales en el 2018, se empezará a notificar a los agentes involucrados esta semana. Le adelanto que tanto la federación que preside Yon de Luisa como la liga que comanda Mikel Arriola, acatarán el fallo de la instancia antimonopolios que recién asumió Brenda Gisela Hernández, que se allanarán a la multa y que, por consecuencia, no la impugnarán en tribunales. Los clubes determinaron ir juntos en un solo frente y con una posición única. Es un acuerdo de sector, dicen. Se lo pasamos al costo.

    Tal cual le adelanté hace unos días, el comité adhoc de bonistas de Aeroméxico y los acreedores comunes integrados en otro comité, cerraron filas para virtualmente desplazar ya a Apollo Global Management, que encabeza Marc Rowan, como el principal fondeador y reorganizador de la deuda de la compañía que dirige Andrés Conesa. El viernes en Nueva York se subió una moción ante la Corte de Quiebras que lleva el Chapter 11, en el cual se aceptan los documentos de valuación que días antes la aerolínea que preside Javier Arrigunaga presentó, y se señala que son consistentes con la propuesta de bondholders y acreedores.

    Pues nada, que Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) se encuentra en desacato de la sentencia de una corte de distrito en Colorado, Estados Unidos, que le ordenó indeminizar a la Sociedad Boliviana de Cemento. Esta compañía inició en 2011 un litigio tras de que la empresa de Federico Terrazas Becerra no respetara el derecho de preferencia de su socia, cuando se desinvirtió de su posición accionaria y vendió a un tercero. GCC fue condenada a resarcir 36.1 millones de dólares y no solo no paga, sino que ni siquiera notifica a sus accionistas el pasivo contingente. ¿Y dónde está el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)?

    Quienes también se preguntan dónde está Juan Pablo Graf son los accionistas de Fibra HD, que capitanea Javier Lomelín, y los socios del Banco Accendo, que encabeza Javier Reyes de la Campa. Y es que ya hace una semana que los primeros emitieron un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores rechazando la oferta de compra de Fibra Plus, de Gustavo Tomé, previniéndose ante lo que se ve como una compra hostil. Y los segundos siguen esperando que la CNBV se pronuncie respecto de los índices de capital y morosidad que registra esta atribulada institución. Pero de Graf, ni sus luces. Si alguien lo ve, dígale que ahí lo buscan.

    Mañana reunión de consejeros independientes de Pemex sin el director de Pemex en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. No es consejo de administración de la petrolera que dirige aún Octavio Romero. Es una convocatoria de la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Viajan de la Ciudad de México Juan José Paullada y Laura Itzel Castillo y se mueven de Villahermosa Humberto Mayans y José Eduardo Beltrán.

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