Ayer entró en vigor la reforma al artículo 38 constitucional que establece que, no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo, o comisión en el servicio público; cualquier Persona que tenga sentencia firme por delitos intencionales contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; sea equiparada o doméstica; por violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos y además, por ser persona deudora alimentaria morosa. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 29 de mayo y también modifica el artículo 102 para aplicar el criterio, en el nombramiento del Fiscal General de la República.
Esta reforma constitucional es trascendente, porque tuvo que ser aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores; y luego ser aprobada por la mayoría de los Congresos Estatales -Por cierto, que el de Quintana Roo, fue orgullosamente el tercero en hacerlo. Finalmente la aprobaron 23 entidades federativas de 32. En consecuencia, aplica tanto a nivel federal como estatal y municipal, en los 3 poderes de gobierno; de ahí que se le nombre la 3 de 3.
Detrás de este gran logro se encuentran colectivos y grupos feministas como Mujeres en Plural con filiaciones partidistas y apartidistas; fue decisivo el trabajo de legisladoras tanto de los Congresos estatales como del Congreso federal, -diputadas y senadoras-, que sin importar partido ni ideología trabajaron juntas para alcanzar este fin en común.
Gracias a ello, a partir de 2024 estos nuevos requisitos de elegibilidad aplicarán en las elecciones presidenciales, en las del Congreso Federal, en 30 Legislaturas estatales, 9 gubernaturas y alcaldías en 29 entidades. Con este logro, las mujeres pueden clamar: “Ningún agresor al poder”.
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