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sábado, septiembre 18, 2021
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    OpiniónMuy grande para fallar: Darío Celis

    Muy grande para fallar: Darío Celis

    Opinión

    Alonso Ancira tarde o temprano logrará zafarse de los cargos que la 4T le imputa, esto es lavado de dinero por un presunto soborno a Emilio Lozoya Austin de 3.5 millones de dólares.

    El 24 de octubre pasado el mismo juez de control, Artemio Zúñiga, giró una segunda orden de aprehensión tras de que un Tribunal Colegiado dejara sin efecto la captura que se instruyó en mayo de 2019.

    Los abogados del dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) ya se inconformaron contra los lineamientos del juez y están preparando otra demanda de amparo que seguro derivará en un recurso de revisión.

    El proceso legal de Ancira corre paralelo a la reestructura financiera de su grupo y no es nada remoto que en ambos salga airoso. Al final de cuentas lo que le interesa al gobierno es el resarcimiento del daño.

    Es decir, que devuelva los 200 millones de dólares producto de lo que consideran una venta fraudulenta de AgroNitrogenados a Pemex, operación que pactó con el ahora colaborador de este régimen: Lozoya.

    Y ya hay un acuerdo para que Julio Villarreal, el dueño del Grupo Villacero e histórico socio y amigo de Ancira, los pague. El empresario regiomontano firmará un compromiso para liquidarlos.

    Será a plazos, ni siquiera un desembolso inmediato, con lo cual Andrés Manuel López Obrador estará dando luz verde para que Villarreal, a quien tiene en muy buena estima, se quede con AHMSA.

    Lo que el gobierno de la 4T busca es la recuperación de los 200 millones de dólares. Con ello da por reparado el daño y extingue las acciones punitivas del Estado contra Ancira Elizondo.

    Si ese escenario se llega a dar, Alonso no necesariamente se va desprender de su negocio. Seguramente desde Estados Unidos seguiría atrás de la operación de un AHMSA reestructurado.

    Villarreal y Ancira están en ruta de transitar a una nueva sociedad en un poderoso grupo industrial verticalmente integrado, desde las minas hasta la distribución de bienes con alto valor agregado.

    Altos Hornos como procesador de acero, y Lámina y Placa Comercial como fabricante y distribuidor de bienes terminados, dan paso a un conglomerado equivalente a la unión de HYLSA e IMSA.

    La primera, Hojalata y Lámina S.A., perteneciente al Grupo Alfa de Eugenio Garza Sada, y la segunda, Industrias Monterrey S.A., de Fernando Canales Clariond y Eugenio Clariond Reyes-Retana.

    Porque AHMSA es ‘muy grande para fallar’, no pierda de vista el compromiso de pago y la desactivación del daño patrimonial.

    Aeroméxico solicitó a la Corte de Quiebras de Nueva York apruebe un nuevo ajuste a su plantilla laboral. Sin duda un trago amargo para la empresa que dirige Andrés Conesa y preside Javier Arrigunaga, pues el recorte solicitado ahora es de mil 807 puestos de trabajo. En concreto, a la jueza Shelley C. Chapman se le está pidiendo su consentimiento para prescindir 850 puestos sindicalizados de personal de tierra y 975 de confianza, éste último rubro impacta las áreas corporativas, esto es Finanzas, Recursos Humanos, Legal, Relaciones Laborales, Mercadotecnia, Auditoría, Ventas, Seguridad, Tecnologías de Información, etcétera. Estamos ante un recorte parejo como nunca se había visto, que se agrega al despido de los 766 sobrecargos de hace unos días.

    Miguel Alemán Magnani ofreció al SAT un terreno de mil 400 hectáreas en La Balandra, La Paz, y un rancho de 250 hectáreas en San Miguel de Allende, Guanajuato, para resarcir el pago de impuestos que Interjet debe. Pero la jefa del organismo, Raquel Buenrostro, no los quiso tomar. Y es que la nueva política de la 4T es cobrarse con dinero en efectivo, a diferencia de otras administraciones que aceptaban daciones en pago. Esos activos tendrían un valor comercial de 200 y 230 millones de dólares, respectivamente. El quid es que los fondos que trae Carlos Cabal no entrarán si no hay acuerdo con el SAT. El de Interjet y sus cinco mil trabajadores es la otra papa caliente de la 4T. Al tiempo.

    La oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, ya echó a andar la compra consolidada de vales de fin de año. Son las prestaciones sociales que las dependencias del gobierno federal otorgan a sus empleados. El contrato es por un mínimo de 3 mil 691 y un máximo de 5 mil 851 millones de pesos. Apunte de interesados a Edenred de Andrea Keller, Sodexo de Thierry Guihard, Up Sí Vale de Gerardo Yépez, Toka de Hugo Villanueva, Efectivale de Pedro de la Peña, One Card de Oscar Ramos, PagaTodo de Alejandro Coronado y Broxel de Gustavo Gutiérrez. El fallo es el próximo 12 de noviembre. 

    El próximo 15 de noviembre expira el plazo para que los bondholders de Posadas, que comanda José Carlos Azcárraga, acepten subirse en la reestructura del bono de 450 millones de dólares que se liquida en 2022. Este mes se les vence otro pago semestral. En junio defaultearon 15.70 millones de dólares del cupón. DD3 Capital, de Martin Werner, es el asesor de la cadena hotelera en la que también son accionistas Alfredo Harp, Roberto Hernández y Fernando Chico Pardo. A los bonistas que lidera el fondo Ashmor los asesora Rothschild, de Daniel Nicolaievsky.

    Le adelantaba que hoy es la subasta de créditos de los jubilados del IMSS que están en Banco Famsa. Además de Crédito Real de Ángel Romanos, Consupago de José Ramón Chedraui y Alpha Credit de José Luis Orozco, considere también con contratos con la dependencia al mando de Zoé Robledo a Dimex Capital de Juan Clariond, Multiva de Olegario Vázquez Aldir, Libertad Servicios Financieros que preside Silvia Lavalle, Mifel de Daniel Becker e Inbursa de Carlos Slim. Le decía que el IPAB colocará 16 mil créditos por cerca de 700 millones de pesos.

    Y ya que hablamos de Zoé Robledo, tiene una bomba de tiempo en las manos. Se llama Javier Guerrero, secretario general del IMSS. Este político priísta, cercano al ex gobernador Humberto Moreira, se logró incrustar en la 4T, pero arrastra el estigma de la Estafa Maestra porque también fue del grupo compacto de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social, junto con Ernesto Nemer y Juan Carlos Lastiri. Todo este clan está siendo investigado por la Fiscalía General de la República a instancias de Emilio Zebadúa, quien se acogió al criterio de oportunidad.

    Hoy entra en vigor la Ley Federal de la Propiedad de Industrial luego de siete meses de jaloneo en el Senado. México ya tiene una legislación a la altura, pero perfectible. Los titulares de derechos de propiedad industrial buscan se aplique a rajatabla y el IMPI el reto hacer valer lo que establece. Bajo el auspicio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Nuevo León, este día Roberto Arochi, socio fundador de Arochi & Linder, ofrecerá al medio día una conferencia virtual sobre el tema.

    No, el abogado José Miguel Castillo Hernández no está asesorando la defensa del ex secretario Luis Videgaray. Ni él en lo personal ni ningún otro miembro de su firma Castillo & Boelsterly están interviniendo. Lo que sí es correcto es que efectivamente trabajó como pasante y posteriormente como abogado de los años 2001 a 2013 en el despacho de Alonso Aguilar Zínser, esto es en Bufete Aguilar y Quevedo. Valga la aclaración.

    La Universidad Anáhuac México entregó ayer el Doctorado Honoris Causa al Arquitecto Agustín Hernández Navarro, en reconocimiento a sus altos merecimientos y a su compromiso con los valores humanos y por su innovadora contribución a la arquitectura moderna mexicana. Es el último representante de los grandes arquitectos mexicanos del siglo XX.

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