Se afirma que a nivel global, la Explotación Sexual Infantil es el segundo negocio ilícito más lucrativo y que México ocupa el segundo lugar mundial en la comisión de este delito, según la Fiscalía General de la República. De tres millones de personas que viajan cada año buscando relaciones íntimas con menores; 600 mil llegan a nuestro país.
Según ECPAT, una red internacional de organizaciones de la sociedad civil que trabajan contra la explotación sexual de los niños; en 10 ciudades, entre turísticas y fronterizas, se ha incrementado el Turismo Sexual Infantil. Hay quienes afirman que se debe a que depredadores y pederastas buscan países donde la legislación sea débil o vulnerable eligiendo a México.
Pero hace más de diez años que se combate frontalmente la explotación comercial sexual infantil. En el 2007, el Gobierno Federal la tipificó en la legislación penal y casi todos los Estados de la República hicieron lo mismo. En Quintana Roo, se modificó el Código Penal, clasificando como graves; la explotación infantil, la pornografía y la trata de personas.
En el año 2011 se reformaron los artículos primero y cuarto de la Constitución Política Mexicana para garantizar los derechos de la niñez y los adolescentes, a la salud y a la educación para su desarrollo integral. Al año siguiente se promulgó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas. Paralelamente en Quintana Roo se endurecieron las sanciones y se canceló el derecho a fianza para los presuntos culpables. Todavía en el 2017 se agregó un capítulo de Ciber-delitos, entre los que están los que inducen a la Explotación Sexual Infantil y recientemente se presentó una iniciativa de reforma en el Congreso, para que los jueces puedan aplicar la prisión preventiva de oficio a los acusados, lo cual hoy no está contemplado.
En este contexto, celebramos el surgimiento de un nuevo impulso desde la Comisión de la Niñez que preside Josefina Vázquez Mota en el Senado de la República, que ha convocado al Consejo Nacional Empresarial Turístico CNET, a otros organismos empresariales e instituciones públicas del sector turismo; a reforzar las adhesiones al Código de Conducta Nacional para implementar medidas de prevención contra la explotación sexual infantil. Las leyes están, pero es imprescindible que se denuncie para que este terrible crimen no siga ocurriendo bajo la oscuridad del anonimato y la complicidad de la indiferencia.