HACE TRES AÑOS, el candidato que ya se perfilaba a dirigir el Infonavit era Juan Carlos Centella. Sin embargo su nominación se vino abajo por un gran negativo que le vio la 4T: su cercanía a David Penchyna.
Carlos Martínez llegó de rebote a la dirección de ese instituto: estaba perfilado para una subsecretaría en la Secretaría de Desarrollo, Agrario y Territorial, pero su amigo, Román Meyer, lo redireccionó.
Pero esa decisión resultó peor que la de bajar a Centella, pues los adversarios del obradorismo terminaron por enquistarse en el principal fideicomiso de América Latina en manejo de recursos financieros.
Desde su arribo Martínez se arropó con Bernardo Altamirano, quien fue su jefe en la Profeco y en la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Felipe Calderón. Jefa de ambos, Patricia Flores.
De hecho existen denuncias no documentadas de que el actual director del Infonavit está ayudando a su ex jefa como candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Durango.
Al interior del Infonavit están bien definidos dos bandos: los alineados a la 4T y los leales a Martínez y a Altamirano, lo que ha derivado en que el titular sea constantemente acusado en Palacio Nacional.
En el primer equipo apunte a Alicia Barrientos y a Rogerio Castro, Subdirectora General de Gestión de Cartera, y Secretario General y Jurídico, respectivamente, del Infonavit.
Rodrigo Gutiérrez, Subdirector General de Crédito, y Laura Méndez, Contralora General, son también parte de ese mismo frente, cercanos al inquilino de Los Pinos.
En contrapartida, leales más a Martínez y Altamirano, Pedro Tadeo Valenzuela, Coordinador General de Cobranza Social; Rodrigo Gutiérrez, Subdirector General de Crédito.
En ese mismo barco incluya a Raúl González, Subdirector General de Tecnologías de Información, y a Gustavo Rivera Loret de Mola, Subdirector General de Comunicación Social.
Martínez no quiere romper el coto de una red de despachos externos panistas que incrustó su ex jefe en el sexenio de calderonista y que ya le han causado varias de llamadas de atención desde Presidencia.
Andrés Manuel López Obrador no es ajeno a esas irregularidades y le ha mandado decir a Martínez a través de su amigo, Meyer, que no le gustan algunos perfiles de sus más cercanos colaboradores.
Para suplir a Altamirano le ordenaron colocar en el área de gestión de la multimillonaria cartera, donde operan los despachos externos panistas, a un tabasqueño de todas las confianzas: Agapito Domínguez.
Pero Martínez se atravesó y terminó haciendo un enroque: mandó a Gestión de Cartera a Barrientos, que estaba en la Subdirección General de Operaciones, y colocó en ésta última a Domínguez.
Y para asegurarse que la red de despachos externos gestionadores de la cobranza del Infonavit quedara intocada, ubicó en calidad de cuña de Barrientos a Valenzuela.
Otro foco de irregularidades e intereses son los programas Hipoteca Verde y Remodelavit. El grupo panista de Martínez igualmente favoreció una red de empresas privadas externas que sacaron raja del Infonavit.
El director general los suspendió abruptamente pero para curarse en salud, porque hasta Palacio Nacional llegaron denuncias y le pidieron al jurídico, Castro, preparar una ficha informativa.
Estos dos programas equivalen al 30% de la cartera total del Infonavit y entre 7 mil y 8 mil millones de pesos en derrama económica para remodelar vivienda, recursos con los que funcionan los externos.
Para tapar el foco de corrupción, Martínez lo suspendió. Fue el 18 de marzo pasado, ocho días antes de que el Jurídico enviara su reporte informativo a Presidencia.
Otro hoyo negro del Infonavit es el manejo de las escrituraciones de casas, donde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha movido sus influencias para tener injerencia, a través de su hijo, Eduardo García Villegas Sánchez Cordero, en el “Indice de Notarías”.
DESDE SU EXILIO el ex director de Pemex, Carlos Treviño, fue otro que alertó a la Fiscalía General de la República de lo que podría ser un acuerdo reparatorio ilegal que implicaría la comisión de un delito para quienes accedan a poner en libertad a Emilio Lozoya Austin. En una carta enviada a Alejandro Gertz Manero, el ex funcionario cita solo un ejemplo del cuantioso daño que aquél le causó a la petrolera y que no puede resarcirse con 10.5 millones de dólares, como ya había pactado con el fiscal: la eliminación de la “cláusula de inmunidad soberana” en el contrato de la planta Etileno XXI. Su desaparición, apenas a unos días de que Lozoya asumiera la dirección de Pemex, le provocó a la empresa un daño patrimonial de 2 mil 813 millones de pesos por concepto de penalizaciones. Y no solo eso: dejó vulnerable ante cualquier controversia u arbitraje internacional a la principal empresa productiva del Estado, porque perdió el blindaje legal que ese estatus le daba, al menos frente a Braskem-IDESA.
CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, Aiza y Enríquez, de Carlos Aiza y Jean Michel Enríquez, ya fue fichado por Citi, que preside Jane Fraser, como asesor legal externo que acompañárá el proceso de desinversión de sus negocios de banca de consumo, empresarial, seguros, afore y patrimonio cultural en México. Le decía que el proceso aquí lo manejarán el propio CEO de Citibanamex, Manuel Romo, y Manuel Falco, el director general de Industria Global de Citi. Ya se dieron los primeros contactos con Banorte, que dirige Marcos Ramírez, y Santander, que capitanea Héctor Grisi. También con el grupo de Antonio del Valle Ruiz.
PUES NADA, AL final el proyecto del Puente Nichupté de Cancún será obra civil. A pesar de que a finales del año pasado Andrés Manuel López Obrador había anunciado que lo construiría la Defensa Nacional, que comanda Luis Cresencio Sandoval, el subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño, operó para sacarlo del alo castrense. La secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, de Jorge Arganis, acaba de lanzar la convocatoria y a principios de mayo recibirá las ofertas. La obra tendrá un costo de unos 4 mil 500 millones de pesos. ICA, Mota-Engil, INDI, Alfa Proveedores y Carso están interesados.
PARECE QUE LOS de la 4T están peleados con el dinero de privados, siempre que no lleguen a sus bolsas. Aquí otra oportunidad que dejaron pasar en torno al Tren Maya. Hará como ocho meses el presidente de Grupo Xcaret, Miguel Quintana Pali, ofreció construir la estación en la parada de Valladolid, Yucatán. Obviamente tenía un interés legítimo: la escala quedaría muy cerca de su nuevo parque temático Xibalbá. El costo de la obra rondaba los 100 millones de pesos que el Fonatur pudo haberse ahorrado. Pero una voz se levantó y le dijo a Andrés Manuel López Obrador “no”. Fue la de Daniel Chávez, el dueño de Grupo Vidanta.
UNA DE LAS principales empresas mexicanas comprometidas con la sustentabilidad es Cemex, que preside Rogelio Zambrano. La regiomontana echa mano del “reciclaje energético”, una solución para convertir los residuos urbanos en energía para sus propias operaciones. Forma parte de su programa #FuturoEnAcción, con el cual buscan alcanzar la neutralidad de carbono y cuidar el medio ambiente. Inmersos de lleno en la economía circular, la compañía que dirige Fernando González también consigue con ello disminuir el uso de los combustibles fósiles, temas cruciales en este momento para la vida política del país.