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    OpiniónLos pendientes de UBS: Darío Celis

    Los pendientes de UBS: Darío Celis

    Opinión

    EL BANCO UBS anunció que dejará de operar en México y no sólo podría estar próxima a dejar de atender a sus clientes mexicanos, sino adicionalmente es posible que con ello evite hacer frente a sus responsabilidades legales.

    Y es que actualmente se están dirimiendo controversias judiciales en contra del grupo suizo que preside Ralph Hamers por discriminación en agravio de Leonardo Poblete Galván con motivo de su orientación sexual.

    El ejecutivo fue despedido por UBS a inicios del 2019, después de que iniciara una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la que hubo resoluución desde el 2019.

    El organismo resolvió que Poblete fue víctima de discriminación agravada por parte del personal UBS, procedimiento en el cual además el banco violó medidas cautelares que se habían dictado para cesar cualquier conducta discriminatoria y evitar represalias en su contra.

    El agraviado, ex director legal de UBS México, se vio en la necesidad de iniciar diversos procedimientos judiciales, representados entre otros por el litigante Christian Zinser, en contra de empresas y entidades financieras del grupo UBS.

    Ahora UBS pretende dejar de operar en México, pese a la existencia de procesos abiertos por discriminación en su contra y buscando evadir las reparaciones que corresponden.

    La familia Poblete Camarena integrada por Leonardo Poblete, Mauricio Camarena y sus dos hijos buscan que su caso no quede impune frente al anuncio de grupo UBS de cerrar sus operaciones en el país.

    Habrá que estar pendientes.

    Si no sucede nada extraordinario, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá hoy la contradicción de tesis 39/2021 en relación con la constitucionalidad del precepto de la Ley General para el Control de Tabaco que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que encabeza Alejandro Svarch, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, han empleado para prohibir el consumo de cigarros electrónicos. Las posturas de los ministros están muy cerradas. Por la inconstitucionalidad están el propio ponente del proyecto, Juan Luis González Alcántara, amén de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña. Abiertamente a favor de la prohibición Jasmín Esquivel Mossa, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. En duda Margarita Ríos-Farjat y el propio presidente Arturo Zaldívar. El voto decisivo podría ser el de éste último que no se ha pronunciado previamente. Dado que sus tesis son progresistas y fue promotor de la legalización de la mariguana para uso medicinal, no sería lógico que votara por la constitucionalidad.

    Pues nada, que el Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Daniel Ramírez Peña, ya giró orden de aprehensión contra el ex director de Pemex, Carlos Treviño. Lo curioso es que la orden de captura no es por lo que lo acusó Emilio Lozoya Austin, esto es haber recibido supuestos sobornos de Odebrecht para aprobar el cuento de la Reforma Energética, sino por no haberse presentado hace casi un mes a la audiencia en la que lo iban a imputar. Otra vez la justicia selectiva que caracteriza a la 4T. Van por los eslabones más vulnerables de la cadena y con tratos diferenciados. Ricardo Anaya se ha conectado dos veces, pero desde el extranjero y en lugar de librarle orden de aprehensión le dieron hasta noviembre para que compareciera.

    Este próximo fin de semana, el domingo 24 de octubre para ser precisos, vence el plazo del contrato que firmaron los representantes de Altos Hornos de México (AHMSA) con Julio Villarreal, en representación de la Alianza Minerometalúrgica Internacional. Se sabrá si el famoso acuerdo para que este último grupo asuma el 55% de las acciones que posee la familia Ancira en la acerera de Monclova transitará o, como le he platicado, Alonso Ancira se desistió de vender su empresa a nuevos inversionistas, como pactó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acceder a un criterio de oportunidad.

    Este jueves iba a ser la audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde la jueza Shelley C. Chapman revisaría el plan de reorganización financiero de Aeroméxico. Se corrió para el 10 de noviembre. La fecha límite para que los acreedores lo aprueben o rechacen se fue ahora al 13 de diciembre. Este fin de semana la aerolínea que dirige Andrés Conesa actualizó su plan. Entre otros aspectos, la Autorización de Inversión Neutra, para que al menos 10% de las acciones estén en manos mexicanas. Con ello se mantendrían, por lo pronto, las participaciones de Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío y Jorge Esteve.

    Otra reestructura en proceso es la de Senda. El grupo autotransportista de pasajeros adeuda tres mil 500 millones de pesos a BBVA, Credit Suisse, Bancomext, Banorte, Santander, HSBC, CI Banco, Afirme, el Export Development Canada, el China Development Bank, Bancrea, Monex, Navistar y Unifin. La empresa de Jaime Rodríguez está a la espera de la consumación de uno de los dos concursos mercantiles, justo el segundo que promovieron los acreedores liderados por el banco que dirige Eduardo Osuna. Por la pandemia su plantilla se ajustó a tres mil 500 trabajadores desde ocho mil que llegó a tener.

    Finalmente se concretó la oferta pública que lanzó Fibra Plus, de Gustavo Tomé, para adquirir el 100% de los títulos en circulación de Fibra HD de Javier Lomelín y con ello combinar los negocios y activos de ambas fibras. Todo apuntaba a una larga y compleja disputa legal, pero finalmente la sangre no llegó al rio. Tomé mejoró su oferta: un certificado de Fibra Plus por cada 2.50 certificados de Fibra HD. En total se intercambiarán 309 millones 974 mil títulos que representan un 70.90% de los papeles de la última.

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