La consulta pública sobre la construcción del Tren Maya dirigida a los pueblos indígenas de Yucatán Tabasco, Quintana Roo y Campeche, fue cuestionada por no cumplir con los estándares internacionales en el convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo, La OIT, con respecto a los requerimientos para un proceso de consulta indígena. No solo por algunos colectivos y organizaciones sino por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las observaciones fueron en el orden de que la consulta fue solamente para expresar la conformidad con el proyecto a cambio de recibir atención a sus necesidades básicas de salud, educación y trabajo. También se dijo que las asambleas informativas estuvieron orientadas a establecer acuerdos con las comunidades sobre esos beneficios; lo cual, -en su opinión-afectó el carácter libre de la consulta, además de que ésta, sólo hacía referencia a los beneficios del proyecto y no a los posibles impactos negativos que pudiera tener.
Pese a ello se dio a conocer hubo una aceptación del 92.3 por ciento con una participación de 93 mil indígenas, por lo tanto comenzará a desarrollarse a partir de este año 2020.
El Convenio 169 de La OIT sobre pueblos indígenas y tribales en Su artículo 7º numeral 1, establece que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y que deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional, susceptibles de afectarles directamente.
No hay duda de que, históricamente los gobiernos han tratado de establecer políticas públicas qué buscan traer desarrollo y beneficios sociales a los indígenas, sin embargo, ha quedado pendiente el hecho de tomarlos en cuenta debidamente para entender sus prioridades y conocer cómo deben ser atendidas, en congruencia con sus particularidades étnicas y sociales.
Este tema es extremadamente sensible porque el respeto a los usos y costumbres de los indígenas implica dar preferencia a sus derechos culturales y humanos así reconocidos por la UNESCO.
En nuestro país -donde la presencia de la población indígena es manifiesta en todas las regiones-, es posible que los derechos de los indígenas puedan ser percibidos como severas amenazas al desarrollo económico y al flujo de las inversiones; Sin embargo, con igual fuerza pueden ser interpretados como una valiosa oportunidad para construir un diálogo incluyente en el que se sumen a la urgencia de desarrollar el Sureste mexicano, lo cual es en su propio beneficio.
Me despido de ustedes y les invito a seguirme en Twitter @Cristinalcayaga.