Según informes de grupos de libertad de prensa, el gobierno de México presuntamente siguió utilizando el software espía Pegasus para infectar los teléfonos de activistas de derechos humanos que trabajan en el centro Miguel Agustín Pro Juárez hasta finales de 2022, a pesar de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner fin a este espionaje.
El centro ha sido blanco de espionaje en el pasado y ha trabajado para denunciar los abusos del gobierno, incluido el ejército mexicano. Los grupos señalaron que la infección por Pegasus fue confirmada por una investigación forense realizada por Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
“En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos tres activistas de derechos humanos y dos periodistas han sido espiados ilegalmente con Pegasus, presuntamente por el Ejército, que según información de prensa es el único organismo (gubernamental) que actualmente tiene Pegasus”, según un informe del grupo de libertad de prensa Artículo 19, La Red por la Defensa de los Derechos Digitales y organizaciones de medios mexicanas.
El software espía Pegasus, fabricado en Israel, solo está disponible para las agencias gubernamentales de los países. Este programa malicioso se infiltra silenciosamente en teléfonos y otros dispositivos para recopilar información y potencialmente espiar a sus propietarios.
La noticia llega justo después que la Corte Suprema de Justicia de México anulara una regulación de 2016 que permitía al ejército intervenir los teléfonos de civiles sin una orden judicial.
En diciembre de 2018, al asumir el cargo, el presidente López Obrador prometió acabar con el espionaje del gobierno. El presidente afirmó que él mismo había sido víctima de la vigilancia del gobierno durante décadas como líder de la oposición.
Cuando se le preguntó sobre los presuntos ataques el martes en su rueda de prensa diaria, el presidente no respondió directamente, pero reiteró que lo que hace su gobierno es recopilar inteligencia, no espiar.
“Tenemos la conciencia tranquila de decir que no se van a violar los derechos humanos, tampoco se va a espiar a nadie”, dijo López Obrador. “No se lo hemos hecho a nadie”.
Santiago Aguirre, director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el director de asuntos internacionales del centro fueron las víctimas más recientes del software espía Pegasus. Según un informe, sus teléfonos fueron infectados entre junio y septiembre de 2022, mientras estaban involucrados en investigaciones y protestas por abusos del ejército en el pasado, incluido el secuestro y desaparición en 2014 de 43 estudiantes de una escuela rural de maestros. Otras víctimas incluyen al periodista y autor Ricardo Raphael en 2019 y 2020, y a un periodista anónimo de Animal Político.
En octubre, los mismos grupos publicaron un informe que afirmaba que el ejército mexicano habría continuado usando el software espía contra objetivos, incluido el activista de derechos Raymundo Ramos, quien ha documentado abusos militares y policiales en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. En 2020, el teléfono celular de Ramos también había sido infectado con el software espía Pegasus. En respuesta a los supuestos ataques, el gobierno mexicano afirmó que estaba recopilando inteligencia y no realizando espionaje.
Según documentos filtrados, el ejército mexicano habría solicitado cotizaciones de precios para programas de vigilancia de empresas relacionadas con la distribución de Pegasus, según informó el grupo de piratas informáticos Guacamaya. El informe señala que se encontraron documentos del ejército que indican solicitudes de cotizaciones de precios de 2020, 2021 y 2022. Las víctimas de los ataques de spyware sospechan que los militares son responsables debido a la naturaleza de su trabajo y al momento del espionaje. El Departamento de Defensa de México aún no ha respondido a las acusaciones.
El principal funcionario de seguridad de López Obrador ha afirmado que los dos gobiernos anteriores gastaron $61 millones en la compra del software espía Pegasus. Desde su llegada al poder, López Obrador ha confiado más en las fuerzas armadas, otorgándoles más responsabilidades, como la construcción de proyectos de infraestructura y la supervisión de puertos y aeropuertos, que cualquiera de sus predecesores.
Algunos se preocupan de que el ejército mexicano, que históricamente ha evitado involucrarse en política, esté ganando poder y convirtiéndose en una entidad autónoma con una supervisión y transparencia limitadas.