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EN QUÉ TREMENDO lío se está convirtiendo el proceso de adquisición de equipos de inspección no intrusiva (Rayos X) para el equipamiento de todas las aduanas del país de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fuentes cercanas apuntan que una de las empresas concursante ya tiene la venia de los militares. Se trata de Ingeniería Operativa de José Cañedo, quien también es propietario de la empresa Provetecnia.
Esta posee el contrato de equipos de Rayos X en el Aeropuerto Internacional de la CdMx (AICM), hoy inservibles, desactualizados y que representan un riesgo para la seguridad los usuarios.
Cualquiera que haya utilizado recientemente las dos terminales del aeropuerto que dirige el vicealmirante piloto aviador retirado Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño puede comprobarlo.
Con la llegada de la Secretaría de Marina al AICM se detectó la corrupción de Ingeniería Operativa y Provetecnia vía contratos millonarios en mantenimiento que no ejercían y el caos de los filtros de seguridad.
Por si fuera poco, ambas también han resultado beneficiadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), antes la Administración General de Aduanas del Servicio de Atención Tributaria.
En 2017 a Provetecnia Aduanas le asignó un contrato de arrendamiento de equipos para la identificación de sustancias, metales y minerales por un valor de 237 millones de pesos.
Posteriormente, en 2022, la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera (DGMEIA) de la ANAM (Aduanas) le asignó a Ingeniería Operativo otro por 130 millones.
Fue para el mantenimiento de los equipos de Rayos X y lo entregó José Marcos García Nieto, quien ha sido señalado por adjudicar contratos a empresas poco capaces.
Este funcionario responde a las instrucciones de Juan Carlos Madero Larios, ex jefe de oficina de la ANAM, anteriormente señalado por tráfico de hidrocarburos, lavado de dinero y corrupción.
Con todo, se asegura que las huestes de Luis Cresencio Sandoval ven con especial agrado a Ingeniería Operativa y que el mes pasado le adjudicaron dos partidas de bandas de Rayos X y detectores de metal.
Ante el evidente desastre de sus servicios, ¿qué les habrá ofrecido a los militares a cambio del contrato?
COMO SI MÉXICO no tuviera ya suficientes diferencias comerciales con Estados Unidos, ahora se agrega una más: ayer el Departamento de Agricultura publicó la regla de etiquetado “Product of USA” para productos cárnicos, avícolas y huevo. No es una norma obligatoria, pero al final operará como tal. Esta medida sin duda limitará las exportaciones mexicanas de ganado. Ya en el sexenio pasado la Secretaría de Economía, al mando entonces de Ildefonso Guajardo, llevó el caso a la Organización Mundial de Comercio y logró tirarla porque demostró que era una berrera técnica al comercio. El nuevo sello que pedirían las grandes cadenas como Whole Foods Market, Walmart, Costco y Sam´s Club orillaría a los procesadores de carne a tener dos líneas de producción: una para ganado 100% de Estados Unidos y otra para el que compran a México. Obviamente que no van a querer hacer un doble gasto y terminarán favoreciendo la venta de paquetes de carne de origen local. El tema ya prendió alarmas en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que preside Homero García de la Llata. También de la Secretaría de Agricultura, que capitanea Víctor Villalobos.
O EL GOBIERNO de la 4T es cómplice, o sus ordenamientos no causan efecto, pues aunque el pasado 4 de enero publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva circular para inhabilitar a las empresas Impromed y Dicipa de futuras licitaciones en el sector salud, éstas siguen participando en el ISSSTE, que dirige Pedro Zenteno, como grupo Falcón que el 30 de diciembre del 2022 ganó un contrato por mil 670 millones de pesos. Lo mismo sucede con Disimed de Grupo Centrum, que obtuvo un contrato del IMSS de Zoé Robledo, y pese a estar inhabilitado, acaba de obtener un amparo el 6 de marzo pasado contra la suspensión definitiva ordenada por el gobierno para no participar en futuras licitaciones.
UNIFIN, DE RODRIGO Lebois, está muy cerca de vender su plataforma Frida. Al parecer Perforadora Latina, que encabeza Adolfo del Valle Ruiz, sería la empresa que la adquiriría. Se habla en el mercado que la operación andaría entre 60 y 70 millones de dólares, recursos que sería oxígeno puro para la empresa bursátil que dirige Sergio Camacho. Recién le decía que Unifin ya empezó a presentar la versión actualizada del plan y modelo de negocios que dará sustento a su plan de reestructura financiera e iniciar los acuerdos que se plasmarían en un eventual convenio concursal. Esta semana continuará las presentaciones con los diferentes grupos de acreedores.
DISCRETAMENTE, Y VÍA adjudicación directa, Pemex de Octavio Romero entregó un contrato por 603 millones de pesos para el arrendamiento fijo de Camionetas Tipo SUV Utilitaria con Blindaje Nivel V Plus, para los ejercicios presupuestales de 2023 y 2024. El mencionado negocio, formalizado a mediados del mes de febrero, benefició a una extraña firma mexiquense sin experiencia en el sector de arrendamiento y comercialización automotriz. Se trata de Grupo Empresarial Perrod, de Fernando Pérez Monroy. El historial de esta compañía, constituida en diciembre de 2012, se concentra en la proveeduría de insumos y mobiliario para las instituciones de salud.
EL FONATUR, QUE dirige Javier May, licitó los servicios de seguridad, protección y vigilancia para sus oficinas centrales y para las instalaciones de las unidades de negocio de la empresa Tren Maya. Sólo recibió una propuesta. Fue del consorcio integrado por Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, Protección Resguardo y Servicios Empresariales y Servicios Integrales Valbón, que ganaron un contrato de 88 millones de pesos para dar servicio hasta el 31 de diciembre de 2023. Pryse es una de las que se benefició con contratos para resguardar casetas de Capufe, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el servicio sería proporcionado por cuerpos policiacos federales.
MAÑANA SE CONMEMORA el día del consumidor. Y precisamente un experto en el tema, el ex Procurador Federal del Consumidor, Bernardo Altamirano, se acaba de integrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es el coordinador de asesores del presidente de ese organismo, Javier Juárez Mojica. Altamirano conoce bien al sector. Fue artífice de la NOM 184 que se armó desde la Profeco y se publicó en 2012. De sus principales atributos, combatió las cláusulas abusivas que eran cosa común en los contratos de adhesión entre operadores y consumidores y dejaban en desventaja a los últimos.