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lunes, octubre 18, 2021
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    Larrea vende caro su amor a la 4T: Darío Celis

    Opinión

    GERMÁN LARREA ESTÁ buscando una reunión con Andrés Manuel López Obrador. El tema es la cesión de un tramo de su línea Ferrosur para hacer un trayecto sin costuras del llamado Corredor Interoceánico.

    Ferrosur, que Larrea le compró a Carlos Slim en 2002, sale de Pantaco, en la CdMx, y llega hasta Coatzacoalcos, en Veracruz. Pero es concesionario de un tramo de vía que es estratégico para el corredor.

    Ese tramo va de Medias Aguas hasta Coatzacoalcos, y sigue hasta El Chapo, todo en el estado de Veracruz. El gobierno tiene que pagar un derecho de paso para subirse. Pero en la 4T no gusta eso.

    Rafael Marín, el encargado del proyecto del Corredor Interoceánico, quiere blindar la operación del ferrocarril del gobierno que unirá los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos controlando toda la ruta.

    Para ello el Ferrocarril del Itsmo de Tehuántepec (FIT) tendría que absorber ese tramo de Medias Aguas a El Chapo para completarse de lado a lado, de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en Veracruz.

    El FIT tiene un derecho de paso para extenderse desde Medias Aguas a El Chapo, solo pagando una tarifa por usar la vía de Ferrosur y listo. Pero Marín y la 4T quieren tener todo el tramo.

    En ese contexto el gobierno de López Obrador tendría que expropiar, afectando el título de concesión de Ferrosur y propiciaría un largo litigio con Larrea. Por eso se está negociando para que se regrese a la nación.

    Pero Larrea no se los va regalar. El dueño del Grupo México baraja varias opciones como moneda de cambio. Las opciones que se han puesto sobre la mesa son muchas y variadas.

    Van desde desechar cualquier reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, al que le metió mano el senador Ricardo Monreal, hasta un veto a la fusión del Kansas City Southern y el Canadian Pacific.

    También una intervención determinante del gobierno federal para acabar, de una vez por todas, con los bloqueos a las vías de ferrocarril que amenazan con ampliarse más allá de Michoacán.

    Otra: que todo el tema ferroviario de carga en el sur-sureste sea operado por Ferrosur; que sigan manteniendo control del puerto de Veracruz, y renovar desde ahora la concesión de Ferromex.

    Este otro ferrocarril de Larrea, Ferromex, el más grande del país, tiene la concesión desde 1998 y se le vence en el 2048. Quieren otros 50 años más y si la aseguran desde ahora con la 4T, mejor.

    Siguiendo la pista a los temas petroleros, le cuento que la semana pasada el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche, en el juicio 1090/2021, le negó a Javier Camargo Salinas la protección contra una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Camargo, ex dueño de Evya y ahora de la empresa Bufete de Mantenimiento Predictivo Industrial, se queja de que en la orden de búsqueda, localización y aprehensión que se le giró «no fue citado en el periodo de investigación». Pero las autoridades no tienen porqué avisar de cada fase de sus pesquisas a los presuntos responsables porque nunca cumplimentarían las órdenes. El 10 de octubre está programada la audiencia constitucional en el citado juzgado. Pero de no haber un cambio de situación jurídica, Camargo puede ser detenido desde ya. Además de denuncias de particulares, el empresario es investigado por autoridades federales, dado que sus empresas recibieron 74 contratos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

    Pues al final de cuentas la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que dirige José Oriol Bosch, paró la pretensión de su competidora, la Bolsa Institucional de Valores (Biva), que maneja María Ariza, de acceder casi por decreto a que las operaciones de cierre tuvieran que hacerse por las dos bolsas para jalar un volumen que fácilmente hubiera incrementado su participación de mercado entre 20 y 25%, desde el aproximadamente 10% que posee actualmente. Estamos hablando de las famosas “reglas de mejor ejecución”, que a principios de año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf, ya había autorizado y que daban esa ventaja a Biva, que preside Santiago Urquiza. Recordará que GBM de Diego Ramos, Banorte que dirige Marcos Ramírez y Accival a cargo de José Antonio Espíndola nunca estuvieron de acuerdo. Al final Biva no podrá beneficiarse con cuando menos 30% de las posturas pasivas de las operaciones bursátiles.

    La jueza de la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, Shelley C. Chapman, amplió ayer al 8 de octubre el plazo para la presentación del plan de reestructura final de Aeroméxico. La encargada del Chapter 11 extendió un mes más ese trámite, que venció el 8 de septiembre. Estamos hablando del virtual cierre de este expediente, en el que la aerolínea dirigida por Andrés Conesa irá decantando con qué fondos y bancos reorganizará su deuda, preparará el financiamiento de salida y liquidaría casi seguro a Apollo Global Managment. Este fondeador, como le informé ayer, está reacio a aceptar los documentos finales de valuación que le envió hace unos días la empresa que tiene de accionistas principales a Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo. Justo en la etapa final se está dando una rebatinga para ver con quién se casa Aeroméxico. El apetito por la aerolínea bandera de México a todo lo que da.

    Apunte este nombre: Marco Antonio Pérez Valtier. El socio director del bufete Econometría Aplicada cambió recientemente su residencia a la Ciudad de México desde Monterrey. Se lo pidió el flamante secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien asesora prácticamente de tiempo completo desde hace seis meses. El también articulista pertenece al círculo más cercano del funcionario y se rumora que asumirá un puesto de subsecretario. Lo más interesante es que sería la de Ingresos, que a principios de este gobierno desapareció Carlos Urzúa. Ramírez de la O quiere recuperarla, lo que implicaría un golpe en el índice de flotación a Raquel Buenrostro y al SAT. Tómelo muy en cuenta.

    Pues nada, que Frida Kahlo Corporation, que preside Carlos Dorado, demandó hace unas semanas atrás en Estados Unidos a un agente representante del Banco de México por violar sus derechos de propiedad intelectual sobre la marca e imagen de la afamada pintora. El banco que gobierna Alejandro Díaz de León, que se ostenta como fiduciario de la obra de la artista y de su esposo, Diego Rivera, se ha extralimitado en sus funciones y ha hecho de su facultad una actividad mercantilista. Y lejos de frenar esa actitud ambiciosa de sus abogados, ahora hasta amenazan y presionan. ¿Qué parte no están entendiendo en el instituto central?

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