Pugnas del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, pusieron ayer en vilo la promulgación de la ley de tercerización en los tiempos exigidos por su jefe, el Presidente.
Ayer temprano Buenrostro estableció que las disposiciones fiscales sobre IVA e ISR tienen que entrar en vigencia al siguiente día que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, esto es el 1 de mayo.
Esta pretensión pasa por encima del periodo negociado entre la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar.
Sin embargo su jefe jerárquico, Herrera, está a favor de que las disposiciones se activen hasta 2022. Los empresarios ya amenazaron con desconocer los acuerdos de Alcalde si se impone la voluntad del SAT.
Pero al margen del súbito pleito entre Herrera y Buenrostro hay un segundo desencuentro alrededor de esta ley de outsourcing: el de panistas y morenistas que tiene como ring la Cámara de Diputados.
En el centro están las posiciones encontradas de los presidentes de las comisiones de Hacienda y del Trabajo, que encabezan la panista Patricia Terrazas y el petista Manuel de Jesús Baldenebro.
Y es que el reglamento de la cámara establece que las comisiones unidas deben ser convocadas con 48 horas de antelación y en este caso solo se hizo un día antes.
Terrazas está de campaña en su natal Chihuahua y ya mandó decir que si saben contar, no cuenten con ella porque no piensa regresarse a la CDMX antes de que termine el fin de semana que hoy inicia.
No se cumplieron las condiciones por lo menos ayer cuando fue imposible votar porque no se juntaron las mayorías en ambas comisiones.
En la sesión del próximo martes se prevee se dé la discusión con miras a que se vote hasta el jueves 15 de abril. La oposición quiere retrasar lo más que se pueda la promulgación de esta ley de tercerización mientras Morena y sus partidos satélites quieren votarla ya porque López Obrador pretende que entre en vigor el 1 de mayo.
Diputados del PRI, PAN y PRD opinan que el plazo establecido por el Ejecutivo para la instrumentación de la ley de outsourcing requiere más tiempo no sólo para procesar los aspectos fiscales que llevaron a este choque de Herrera y Buenrostro.
Sobre todo también para que Alcalde y sus pupilos puedan publicar los reglamentos para las empresas prestadoras de los llamados servicios especializados.
Los expertos consideran que esta nueva regulación está llena de agujeros que se deben solventar en el dictámen, por lo que preveen que la oposición pondrá muchas reservas a la ley en los términos en los que fue impuesta por López Obrador a los empresarios.
Por tal motivo no se descarta aquí también un tsunami de amparos. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, abogados advierten que el Presidente no puede publicarla en un periodo de veda electoral.
Netflix anda muy activo cabildeando políticamente contra la nueva Ley de Cinematografía. Fichó a la agencia de comunicación Eureka & Co. para que organice páneles como el de antier para “discutir” la iniciativa del morenista Ricardo Monreal. También a la ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, María Elena Estavillo, quien de plano se puso del lado de los norteamericanos. El gigante de Reed Hastings presionó a Economía, que lleva Tatiana Clouthier, con el argumento de que se violentaría el T-MEC. Pero Canadá tiene ya salvedades para su industria cultural y las está fortaleciendo en su “Broadcasting Act”. Monreal con todo y sus otras pifias en el sector financiero, en esta iniciativa en particular logró juntar a sectores que históricamente habían sido antagónicos: productores de cine, colectivos de artistas, sindicatos y empresas de medios de comunicación. Habrá que ver si ganan nacionalistas o extranjeros, discusión que ya se superó en Europa.
A partir del próximo mes los concesionarios de los ocho reclusorios que fueron adjudicados en el sexenio de Felipe Calderón cobrarán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una contraprestación menor. El Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, ha venido negociando con los cinco grupos en muy buenos términos. Al final logró un ahorro de 15%. Fueron los casos de Prodemex de Olegario Vázquez Aldir que opera Durango y Michoacán, EXI que comanda Mario Gabriel Budebo que maneja Sonora y Guanajuato, BlackRock de Larry Fink que administra Coahuila y GIA de Hipólito Gerard que tiene Oaxaca. Mención aparte merece Carso, que controla los reclusorios de Chiapas y Morelos. Y es que Carlos Slim fue el único que ofreció un descuento de 20%.
Le decía ayer que el rechazo de Alonso Ancira a aceptar intereses sobre el pago de 200 millones de dólares como reparación a la 4T por la venta de AgroNitrogenados a Pemex con el sobreprecio que dice Andrés Manuel López Obrador, es una de las razones que lo mantienen todavía en el Reclusorio Norte. Si se aplica ese interés de 2.5% que le mencioné ayer el monto a pagar serían los 219 millones que se manejaron en su momento. Ese diferendo impide que se protocolice la compra de su 55% en el Grupo Acerero del Norte, controladora de Altos Hornos de México. También la entrada como nuevo socio de la Alianza Minerometalúrgica Internacional. Por cierto que además de Julio Villarreal estarían ahí Rufino Vigil de Industrias CH y Eduardo Garza T. de Grupo Frisa.
Le informé a finales de febrero que Unities Alliance Group, una plataforma que opera empresas de diversos giros y que descuelga del fondo EFM Capital, ya empezaba a sentir presión de algunos acreedores. La novedad es que dos personas físicas demandaron el concurso mercatil pero el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo de Nuevo León desechó el 3 de marzo pasado la petición. Unities Alliance se dedica a la compra y venta de negocios vía el fondo regiomontano que llevan a la sazón Manuel G. Martínez y Oscar Morales.
Una degradación a Categoría 2 de la Federal Aviation Administration a México sería un golpe durísimo para Volaris, de Enrique Beltranena, y VivaAerobús, de Roberto Alcántara. Pero mucho más a Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa. Y es que dos restricciones que la agencia impone por incumplimiento de los estándares de seguridad, son que las aerolíneas no podrían ni abrir rutas hacia Estados Unidos ni crecer sus flotas. Ambos aspectos son esenciales para la reestructura financiera y el plan de negocios de la compañía que preside Javier Arrigunaga.
Desarrolladores como gicsa de Elías Cababié, Inmuebles Carso que lleva Alfonso Salem y Arquitectura y Construcción de Marcos Shabot están cabildeando al gobierno de la CDMX de Claudia Sheinbaum para acelerar la apertura de oficinas, rubro que quedará liberado hasta un cambio de semáforo a color verde. Y es que muchos de los inquilinos son compañías multinacionales que se apegan al 100% de la regulación. Algunos ya no están renovando contratos, otros devolviendo metros y unos más pidiendo descuentos en rentas.
Tal cual le anticipé, al cierre de esta columna seguía la audiencia del ex senador panista Jorge Luis Lavalle a quien la Fiscalía General de la República le imputa lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por el caso Odebrecht, según la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Los sabuesos de Alejandro Gertz Manero pidieron al juez Marco Antonio Fuerte la aplicación de la prisión preventiva. Los abogados de Lavalle, Felipe Gómez Mont y José Zapata, pidieron duplicar el término legal para definir la situación legal de su cliente.