El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer una polémica iniciativa que busca transformar el entramado administrativo del gobierno federal antes de que concluya su mandato. Durante su conferencia matutina del pasado lunes 11 de diciembre en Palacio Nacional, enfatizó su intención de enviar una propuesta de reforma administrativa con el objetivo principal de eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a los que calificó de inútiles al afirmar que «no sirven para nada».
El mandatario mexicano arremetió contra estos organismos, a los que calificó de «supuestamente autónomos», alegando que no representan los intereses del pueblo, sino que actúan en favor de minorías. Manifestó su determinación de que, de no aprobarse su iniciativa, quede constancia de su desacuerdo, asegurando que no desea ser cómplice de lo que considera un sistema disfuncional.
En sus declaraciones, López Obrador enfatizó la urgencia de realizar ajustes en la administración pública, haciendo hincapié en la eliminación de estos organismos a los que considera gastos superfluos y que, según él, desvían el control de las decisiones del poder público. Insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma administrativa integral para desmantelar lo que él describe como un aparato paralelo al gobierno que interfiere en las decisiones cruciales del país.
El presidente también ejemplificó su argumento al mencionar que, en situaciones en las que busca defender a empresas estatales como Pemex o la CFE, estos organismos autónomos intervienen en favor de los intereses privados. Destacó la importancia de llevar a cabo los ajustes propuestos y reiteró su firmeza en la presentación de la iniciativa, dejando claro su descontento en caso de que esta no sea aprobada antes de finalizar este año o el próximo, antes de culminar su administración.
Esta propuesta de reforma administrativa planteada por López Obrador ha generado un intenso debate en México, ya que implica cambios estructurales significativos en el aparato gubernamental y sus mecanismos de control. La discusión se aviva entre aquellos que respaldan la visión presidencial de reducir costos y eliminar lo que considera entidades ineficaces, y quienes cuestionan la eliminación de organismos que han sido garantes de la transparencia y la competencia en el país.