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La Cuarta Transformación
Los cambios en la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) están a la orden del día.
De hecho, todo el personal está temblando, no sólo porque están llegando los militares a paso redoblado, sino porque todos se sienten en peligro de perder su trabajo.
En la semana que pasó hubo al menos dos cambios importantes, ya que en la dirección ejecutiva de Seguridad Aérea sustituyeron al ingeniero Jesús Moreno Bautista, un especialista muy querido en el medio.
Entró al relevo el mayor Guillermo Macías Avila, que nadie sabe a ciencia cierta cuáles son sus cartas credenciales, más allá de ser un piloto aviador retirado de la Fuerza Aérea Mexicana.
El segundo cambio fue la sustitución de Marcos Shussler, quien estaba al frente del Centro de Adiestramiento de Aviación Civil, por otroooo recomendado de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa.
Aquí es también un general en toda la línea, pues es nada menos que de División: Benjamín Romero, que viene a sumarse a las huestes del general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, el titular de la AFAC.
Este mes podrían salir más: apunte a Pablo Carranza, director general adjunto de Aviación; Ricardo Colliers, director de Control, y Constantino Tercero, de Investigación de Accidentes.
Y la pregunta en las oficinas de la recién creada AFAC es qué otros generales, tenientes, mayores y sargentos vendrán a completar la nómina de la extinta Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Lo malo es que se están yendo a los que sí saben del tema, por lo que en manos de la milicia la AFAC podría estar a años luz de recuperar la Categoría 1.
La reconfiguración de de la refinaría de Tula, Hidalgo, será uno de los pilares de la 4T para lograr la “soberanía gasolinera” al final del sexenio. Es una mega obra que ya arrancó y que es liderada por ICA y Techint. La primera, que dirige Guadalupe Phillips, posee 70% del proyecto, y la segunda, de Paolo Rocca, con el 30% restante. Tendrá un costo cercano a los tres millones de dólares, financiado en su totalidad con recursos públicos. Algunos datos relevantes del proyecto son: 855 kilómetros de tubería; 295 mil 70 metros cúbicos de concreto, 57 mil 595 toneladas de acero de refuerzo y estructuras metálicas y nueve mil kilómetros de cable eléctrico y de instrumentación. La reconfiguración estará concluida en un tiempo récord de 28 meses, contempla una inversión estimada de 2 mil 800 millones de dólares y dará empleo al menos a seis mil trabajadores. Será el cuarto proyecto insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego del Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
Sígale la pista a la perforadora noruega Seadrill, del multimillonario John Fredriksen y dirigida desde finales del año pasado por Stuart Jackson. La petrolera, importante proveedora de Pemex en México, inició en febrero pasado un procedimiento de quiebra bajo el Chapter 11 en los Estados Unidos en una corte federal ubicada en Texas. No descarte un escenario similar en México. A través de su filial SeaDragon, en México rentó a Pemex Exploración y Producción cinco plataformas auto elevables, la West Courageous, West Defender, West Intrepid, West Oberon y West Titania. Resulta que la semana pasada la Secretaría de la Función Pública recibió una enérgica demanda de “conciliación” contra Pemex, de Octavio Romero, como una medida desesperada de la perforadora por los adeudos y rentas vencidas que le debe desde hace año y medio por casi 300 millones de dólares. Apenas el 31 de mayo se anunció la renuncia del presidente del consejo de Seadrill, Glen Ole Rodland.
Uno de los problemas que tiene la dupla UNOP-INSABI con el sector salud y con las empresas del sector farmacéutico, es la transparencia. Nadie sabe y no puede exigir explicación de sus decisiones para las compras de gobierno. El problema será cuando la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, llame a cuentas al INSABI, de Juan Antonio Ferrer, y a la UNOPS, que lleva Guiseppe Mancilleni, para explicar las razones por las que compró tal o cual medicamento al IMSS, ISSSTE y otras dependencias públicas. Va a topar en pared. Ocurre que gracias a una modificación legal de la Cámara de Diputados, la UNOPS quedó exceptuada del cumplimiento de la ley reglamentaria que obliga a las dependencias a su cumplimiento. Dicho de otro modo, la UNOPS, por ser un organismo multinacional, no estará obligado a rendir cuentas a nadie: llámese ASF, Función Pública y demás.
Y ya que hablamos del binomio INSABI-UNOPS, uno de los tantos medicamentos que no ha podido adquirir es el propofol con edato, anestésico que se volvió básico para las personas intubadas por Covid-19. Quedó en el limbo la compra de 1.3 millones de unidades, por lo que el IMSS salió a conseguirlo con un sobreprecio que le representó una merma de más de 200 millones de pesos. Resulta que 902 mil unidades de urgente adquisición se las asignaron a Landstainer, de Miguel Granados, por 795.5 millones de pesos. De siete ofertas los pupilos de Zoé Robledo tomaron la más alta, 880 pesos la unidad, contra 650 la más baja. Pero la cosa es que incumplieron las entregas. Al 31 de mayo las óredenes de reposición era por 451 mil piezas y llevaban 161 mil 239.
No pierda de vista tampoco a Santiago Nieto. Es otro que se menciona que podría cambiar de aires, como parte de los cambios al gabinete que alista Andrés Manuel López Obrador para después de las elecciones de este domingo. Al Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda lo podrían mandar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lugar de Rosa Icela Rodríguez. Esta podría incorporarse a la Secretaría de Gobernación.
Y el que no esperó las elecciones y renunció al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue Juan Lozano. El funcionario tiró la toalla de la 4T y está en tratos con la Asociación de Bancos de México, que preside Daniel Becker. Se lo pasamos al costo.