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    OpiniónLa hoja de ruta de la contrarreforma: Darío Celis

    La hoja de ruta de la contrarreforma: Darío Celis

    Opinión

    La Cuarta Transformación

    LA MADRE DE las batallas sobre la contrarreforma eléctrica se va a librar en tres ejes y el gran circo del debate será el Congreso de la Unión… a partir de la próxima semana.

    Los tres frentes donde se van a ver la cara los legisladores de la 4T con el sector empresarial y los partidos de oposición son: el control del mercado por parte del gobierno en la producción; la eliminación de los contratos que tiene CFE con las empresas privadas, y la desaparición de los órganos reguladores autónomos.

    La contrarreforma eléctrica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una hoja de ruta muy definida y los principales operadores serán la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de la CFE, Manuel Bartlett.

    La 4T no va a expropiar a los concesionarios privados infraestructura eléctrica pero sí va a comprar plantas generadoras hasta tener el 56% de la capacidad de producción del mercado mexicano, y con ello lograr la “soberanía energética”.

    La Secretaría de Energía, a través de la CFE, va a cancelar los “ventajosos” contratos multianuales, de entre 20 y 25 años, que la empresa productiva del Estado firmó con productores privados durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

    El primero, le informé ayer, es el de autoabastecimiento que Iberdrola tiene con 17 compañías y que suministra a través de la planta Dulces Nombres en Pesquería, Nuevo León.

    Allí la multinacional que preside José Ignacio Sánchez Galán posee cuatro unidades de generación de electricidad y su permiso vence el próximo 31 de enero.

    La contrarreforma eléctriva va liberar a la CFE de la carga financiera que tiene con las empresas privadas, que se verán forzadas a competir en un entorno justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas prácticas comerciales y empresariales.

    Se sabe que la negociación importante entre el gobierno obradorista y la IP será en las “condiciones de salida” de estos contratos y no tanto en la venta de fierros, negociación ésta última que se va dar entre la CFE y cada empresa cuyas plantas y activos sean del interés de la ex paraestatal.

    Y es que como punto de inflexión están los montos de créditos de las empresas privadas que se amarraron a los contratos de producción y comercialización con la CFE.

    Ahí es donde se va estresar la relación de López Obrador con el Consejo Coordinador Empresarial, que comanda Carlos Salazar, y el Consejo Mexicano de Negocios, que capitanea Antonio del Valle Perochena.

    La cereza del pastel es que la Comisión Reguladora de Energía, que preside Leopoldo Melchi, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que encabeza Rogelio Hernández, pasarían a ser apéndices de la Secretaría de Energía.

    El circo político y mediático va a estar en la Cámara de Diputados, pero la negociación importante, tras bambalinas, en lo privado.

    AYER DESPIDIERON A Tomás J. Natividad Galeana del IMSS. Tenía desde julio de 2019 a su cargo la Unidad de lo Contencioso. Su función era llevar la defensa del instituto de las demandas de todo tipo, preponderantemente las laborales, ya sea de ex trabajadores contra esa dependencia o de trabajadores derechoabientes contra empresas. La razón del cese aún no se conoce, pero su salida abre una caja de Pandora en materia de corrupción que el propio Zoé Robledo y su director jurídico, Antonio Pérez Fonticoba, conocían a la perfección. Y es que Natividad Galeana tenía un grave conflicto de interés: es hijo de Tomás Héctor Natividad Sánchez, el socio fundador de uno de los principales bufetes legales especializados en temas… laborales: Natividad Abogados, donde el ahora ex funcionario trabajó. Los juicios laborales que el Seguro Social tiene abiertos son uno de sus principales pasivos contingentes. Si los llegara a perder, en año y medio la institución se iría a la quiebra.

    EL MAGISTRADO PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, Rafael Guerra, lleva más de un año enfrentado con el sindicato de trabajadores de esa instancia por el incumplimiento en la entrega de vales de despensa a casi 11 mil empleados. Adeuda los de diciembre de 2020 y diciembre de 2021. El pasivo de 240 millones de pesos es con Up Si Vale, que dirige Gerardo Yépez, que los proveyó en 2020 y que suspendió la entrega de la prestación por el incumplimiento de pagos. El Oficial Mayor del tribunal, Sergio Fontes, ya tiene otro frente abierto: Toka Internacional. Y es que la firma de Hugo Villanueva ganó la licitación para dispersarlos el mes pasado y tampoco les entregaron los recursos para el bono navideño. Incomprensible que los dizque impartidores de justicia no la prediquen con sus propios sindicalizados.

    PUES CON LA novedad de que los miembros del Consejo de Administración de El Río Habitat incurrierion en desacato del mandamiento del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo de Jalisco, quien les decretó arraigo. Se trata de los hermanos Luis y Mauricio Amodío, accionistas mayoritarios de CAABSA, amén de Hugo Villa Manzo y Gerardo Minjares. Les demandaron en julio de 2020 el concurso mercantil y desde entonces el juez les aplicó varias medidas. Acostumbrados a moverse en su avión privado entre México, Miami y Madrid, los Amodío intentaron en diciembre levantar el arraigo, pero el juzgado concursal lo negó dos veces. Primero el 3 y luego el 29. Incluso Mauricio compareció y peticionó el levantamiento. Pero ni así.

    LA JUEZA QUE lleva el proceso de reestructura financiera de Aeroméxico en Nueva York, canceló la audiencia de ayer para revisar la objeción del fondo Invictus, que comanda Amit Patel, que se opone a los términos de la salida del Chapter 11 de la compañía dirigida por Andrés Conesa. En la misma reunión, además de escuchar los alegatos del acreedor minoritario, Shelley C. Chapman también iba a analizar la respuesta de Aeroméxico. Pero al final la jueza no consideró necesaria la realización del encuentro y determinó dar un tiempo adicional a las partes para encontrar un arreglo que les haga sentido y que no retrase la aprobación del plan de salida que se espera que sea hacia el próximo 4 de febrero.

    EL PENÚLTIMO DÍA del 2021 el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil admitió a trámite el concurso de empresas relacionadas con Servicios Petroleros Oro Negro, de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo. Se trata de Oro Negro Drilling, Oro Negro Primus, Oro Negro Laurus, Oro Negro Fortius, Oro Negro Decus y Oro Negro Impetus. Son las compañías que detentaban la propiedad de las cinco plataformas que en su momento dieron servicio a Pemex. La realidad es que son cascarones que ya no tienen los activos y que están domiciliadas en Singapur.

    OTRO CONCURSO QUE en este caso ya se admitió por parte del Juzgado Décimo de Distrito también en materia civil, fue el de Landsteiner Scientific. Le informé a finales de año que Zamberk, un proveedor de enpaques, lo demandó. El laboratorio de Miguel Granados y que dirige Arturo Morales tiene créditos con Bancomext, BBVA, Banorte e Invex por unos 90 millones de dólares que no se han dejado de pagar. La compañía es asesorada ya por Solcargo, de Fernando Pérez Correa, y por Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, que lidera Pablo Mijares.

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