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    OpiniónLa historia detrás del ‘Decretazo’: Darío Celis

    La historia detrás del ‘Decretazo’: Darío Celis

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    EL RETRASO EN las obras del Tren Maya y los riesgos de complicar la refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico alentaron el “decretazo” publicado en el Diario Oficial de la Federación hace una semana.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy molesto. Al paso actual y faltando menos de tres años, tal vez el aeropuerto sea lo único que inaugure parcialmente, y eso está por verse.

    La razón en común para el rezago son los trámites engorrosos para el desarrollo de los proyectos en sus diferentes etapas. En más de una ocasión el subsecretario de Infrastructura, Jorge Nuño, alertó de ello.

    Este funcionario, hoy cuestionado por sectores dentro de la 4T,  planteó una mejora regulatoria para superar la burocracia entre diferentes dependencias federales y entidades de todos los niveles de gobierno.

    Nuño Lara había propuesto crear un grupo de trabajo donde estuvieran las instancias involucradas para hacer una mejora regulatoria integral: trámites simplificados y normas claras.

    Pero en la coyuntura actual ya no hay tiempo para eso y López Obrador exigió soluciones inmediatas. La respuesta vino de una idea del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

    El acuerdo del 22 de noviembre tuvo su origen en la respuesta que dio la Sedena en septiembre de 2019, para contestar el centenar de amparos que buscaban cancelar las obras del nuevo aeropuerto.

    El jurídico de la Defensa Nacional argumentó que al ser el Felipe Ángeles una instalación militar, era un proyecto de seguridad nacional. El juez en materia administrativa les dio la razón y no frenó la obra.

    El aterrizaje de ese precedente legal corrió por cuenta del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien retomó el argumento de seguridad nacional para aplicarlo a toda la infraestructura de la 4T.

    Así se abrió la ventana a las autorizaciones provisionales para iniciar proyectos, emitidas en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de que se soliciten. Y si no se emiten, aplicar la afirmativa ficta.

    Los permisos provisionales tendrán vigencia de un año mientras se obtienen los definitivos. El acuerdo también contrarrestará los amparos, suspensiones y otras acciones legales de quienes se opongan a las obras.

    En Palacio Nacional dieron por hecho que el acuerdo sería impugnado. Por el Legislativo, ni Olga Sánchez Cordero ni Sergio Gutiérrez Luna van a dejar pasar una controversia constitucional.

    Pero el Instituto Nacional de Transparencia que encabeza Blanca Lilia Ibarra ya anunció que sí lo hará. La pregunta es si las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegarán a tiempo.

    Y es que entre el año de vigencia de los permisos provisionales y los fallos de la instancia al mando de Arturo Zaldívar las obras podrán acelerarse y no habrá cómo revertirlas

    ¿Y la transparencia? Bien gracias. Lo de menos era un efecto colateral porque lo que urge es meter acelerador a las obras de López Obrador antes del 2024.

    La 4t tiene presupuestados casi 123 mil millones de pesos para adquirir medicinas, vacunas y dispositivos médicos para suministrarlos al sector público el año próximo. La partida más grande que equivale al 23%, unos 28 mil 108 millones de pesos, podrían destinarse a compras individuales de las instituciones y para la compra consolidada que se asignaría a la controvertida Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (Unops); un 21%, o 26 mil 52 millones, para la compra de genéricos; un 17%, o 20 mil 214 millones, para la adquisición de medicinas de patente vía adjudicacions directas; un 16%, o 20 mil millones, para la compra de vacunas contra el Covid-19; casi 16% también, o 19 mil 859 millones, para dispositivos médicos e insumos para la salud del mercado público, y 7%, u ocho mil 734 millones, para la compra de vacunas de la cartilla. Este cálculo es del Instituto Farmacéutico México, que preside José Carlos Ferreyra. La semana pasada el Instituto de Salud para el Bienestar, que maneja Juan Antonio Ferrer, lanzó la primera licitación. Se propone adquirir hasta 844 millones de piezas de 564 claves de medicamentos por un importe de 26 mil 51 millones de pesos.

    En atención al derecho de réplica, recibimos una invitación para conversar con el Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Carlos Alpizar, para responder y refutar los señalamientos que se hicieron sobre su persona en la columna del 12 de noviembre. Al respecto, encontramos a un funcionario seguro, relajado y mesurado, quien aseguró estar tranquilo porque su actuar en todo momento en el CJF ha sido siempre conforme a Derecho y que, aunque no es lo común, suele suceder que las partes a quienes no favorecen algunas resoluciones señalen o acusen factores externos para seguir sosteniendo que tienen razón en sus litigios. Alpizar prefirió no entrar en detalles de asuntos en particular ya que, es únicamente a través de las sentencias, la manera en cómo los órganos del PJF fijan sus posiciones. Considera que, lamentablemente, la desinformación busca lastimar a un poder que está en proceso de fortalecimiento y reinvención. Finalmente, mencionó que cualquier litigante o interesado en presentar quejas, denuncias o pruebas de ilegalidad en cualquier asunto, es libre y bienvenido para hacerlo a través del área administrativa correspondiente del PJF, asegurando una institución limpia, transparente y abierta al escrutinio público.

    Le decía que está semana se va reactivar el concurso mercantil de Altán Redes, que dirige Salvador Álvarez. Los acreedores, principalmente Nokia y Huawei, están muy atentos al proceso que lidera el bufete Del Castillo y Castro Abogados, que encabeza Fernando del Castillo. El crédito del deudor en posesión o DIP, que por 50 millones de dólares se le extendió al operador de la red compartida, es cuestionado. También esta semana es muy probable que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que comanda Adolfo Cuevas, designe conciliador. Los dos nombres que más están sonando son Gerardo Sierra, quien ya fungió como visitador de Altán, y Gerardo Badín, famoso por ser el conciliador de Mexicana de Aviación.

    Le informé en la primer semana de noviembre que María Elena Álvarez-Buylla trae perdidos mil millones de pesos de los fideicomisos que por orden de Andrés Manuel López Obrador debieron extinguirse y ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Al 30 de junio pasado la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología solo había traspasado a la instancia que lleva María Elvira Concheiro Bórquez 964 millones, de los dos mil 65 millones que tenía. Ese remanente nadie sabe dónde quedó. La Auditoría Superior de la Federación fue la que hizo las observaciones. Pues bien, resulta que la Secretaría de la Fución Pública contrató al despacho RMS México Bogarían para que haga el rastreo.

    Mañana está convocado el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) para conocer la propuesta que estatutariamente debe presentar la Junta de Gobierno del nuevo presidente de ese organismo, tras la renuncia la semana pasada de Guillermo Prieto. Dos nombres que se barajan son los de los actuales directores generales adjuntos: Fernando Lascuráin y Guillermo Rosales. El primero más técnico y con 18 años en la asociación y el segundo más económico y mediático con 15 años de trayectoria. De hecho el segundo ha fungido como el vocero de los distribuidores en los recientes años.

    Será muy probablemente hasta el jueves cuando el Senado procese el nombramiento de la todavía subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Víctoria Rodríguez Ceja, como nueva gobernadora del Banco de México. Mitín en el zócalo el miércoles por los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador mata ratificación. Los legisladores de Morena está volcados en el magno evento que con todo y la nueva cepa del Coronavirus, Omicron, se realizará en la plancha frente a Palacio Nacional.

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