YA SE SABE que las siguientes dos semanas son muy relevantes en el caso de Emilio Lozoya Austin. Si alguien sospechaba que mentía cuando presentó su denuncia a cambio de un criterio de oportunidad, acertó.
Hoy se tiene la seguridad de que muchos de sus señalamientos no se sostienen, que no los ha demostrado y que es improbable que lo haga en los próximos 15 días que le queda para ello.
Sin embargo, aquí lo interesante es que todo indica que a él también le mintieron al decirle que legalmente es procedente concederle un criterio de oportunidad y garantizarle que con ello no pisará la cárcel.
Esto es así porque Lozoya tiene nada menos que 12 carpetas de investigación en su contra, y en ellas tendría que reparar o garantizar el daño causado por los delitos que se le imputan.
Lo anterior impide a la Fiscalía General de la República y a los pupilos de Alejandro Gertz Manero mantener el acuerdo de impunidad que le ofreció a Lozoya el juez Baltazar Garzón.
Recordará que fue el famoso fiscal español el que por un pago de cinco millones de dólares operó la extradición de Lozoya de España con todas las consideraciones, que incluyó el trato privilegiado del que goza.
Quien tiene el sartén por el mango es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, pues representa a la institución que tiene el carácter de ofendida.
Agraviada en muchos de los delitos por los que se investiga al ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que se va a requerir su anuencia para que prospere cualquier acuerdo o negociación.
Por hechos denunciados por la propia UIF, se han generado por lo menos seis carpetas de investigación; por congruencia, Nieto puede y debe oponerse a que se le otorgue a Lozoya un criterio de oportunidad.
Y es que sería incongruente frente a lo insostenible de sus señalamientos y principalmente ante la nula posibilidad de que se repare el daño generado por los delitos que probablemente cometió.
Tanto la UIF como la FGR se están tardando en pedir un cambio de medida cautelar para Lozoya, a fin de que continue las próximas semanas en prisión preventiva y evitar así que pueda escapar otra vez.
Recordemos que la medida cautelar de prisión preventiva sirve justamente para combatir la impunidad y en nada impide a la FGR conceder, de ser procedente, un criterio de oportunidad a Lozoya.
Además de que ha solicitado dicha medida por delitos mucho menos graves contra personas que no tienen sus mismas posibilidades económicas, que no enfrentan imputaciones tan graves o respecto de las que incluso no existen pruebas en su contra, como es el caso de Rosario Robles, Jorge Luis Lavalle y los científicos del Conacyt.
Por si en la FGR no se han dado cuenta, en la CdMx hay 64 helipuertos y por lo menos 165 plataformas. Sólo en Miguel Hidalgo, donde vive Lozoya y es sabido que es su medio preferido de transporte, hay 48 helipuertos.
Y nada impide que en vez de ir a cenar al Hunan, Lozoya finja una reunión en algún edificio ejecutivo, eluda cualquier seguimiento y literalmente se vaya volando para jamás regresar, con todos sus millones y el brazalete electrónico.
Si la FGR no lo hace querría decir quizás que la fuga es en realidad la apuesta de Gertz porque, paradójicamente, detenerlo como es procedente y exigirle que sostenga sus dichos contra todos los que ha involucrado, implica la destrucción del asunto por fata de pruebas.
Habremos de estar atentos a éste que pareciera el round definitivo entre Alejandro Gertz, Santiago Nieto y Emilio Lozoya.
No cabe duda que en la Secretaría de Turismo de la 4T están urgidos por presentar buenas noticias y eso los lleva a tomar decisiones cuestionables. Resulta que el titular, Miguel Torruco, sigue empecinado en ser el publirrelacionista de Aeromar, pese a que es por todos sabido en el sector turístico y de la aviación que la aerolínea de Zvi Katz no paga impuestos, ni salarios ni prestaciones a sus empleados. Hoy habrá una conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento de la primera fase del Proyecto de Reactivación de la Conectividad del Mundo Maya, con la participación de esa empresa y su supuesto socio, G Airways. Estarán presentes el CEO de Aeromar, Danilo Correa, y el pseudo empresario de la inexistente aerolínea G Airways, Ricardo Sagastume, “El Chino”, quien arrastra un negro y largo historial de fraudes. También el mismo Torruco y el embajador de Guatemala en México, Mario Adolfo Búcaro. ¿Que no habrá nadie en el equipo de Torruco que pueda investigar con quién se sienta su jefe? En una revisión del Registro Mercantil de Guatemala no hay dato oficial de G Airways como compañía formalmente constituida. Solo una página de Facebook creada hace apenas cinco días.
Tal y como le adelanté, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó ayer la contradicción de tesis 39/2021 en la que se impuso el criterio de la inconstitucionalidad del precepto de la Ley General para el Control de Tabaco. Ganó la no prohibición del consumo de cigarros electrónicos con una mayoría de siete votos a favor. Fueron los de Juan Luis González Alcántara, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Laynez, Margarita Ríos-Farjat y Arturo Zaldívar. Los que votaron en contra fueron Jasmín Esquivel Mossa, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. Se trata de un duro revés para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, promotor del veto.
En medio del conflicto del Conacyt cobrará relevancia la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados, que hoy anuncia a su nuevo presidente, el diputado federal del Partido Verde, Javier López Casarín, quien tiene vasta experiencia en el ramo financiero, tecnológico, político y de telecomunicaciones. Entre los primeros desafíos para el que se presume es la mano operadora del canciller Marcelo Ebrard, estará llevar por buen camino las iniciativas de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, que comprenden las áreas de CTI.
La reaparición de Manlio Fabio Beltrones, dicen los enterados, tiene una sola lectura: el sonorense ya le perdió el miedo a la 4T y a Andrés Manuel López Obrador. Su regreso a la opinión pública obedecería a dos razones. La primera, que ya resolvió favorablemente la investigación de las autoridades respecto de la cuenta en el Banco de Andorra a nombre de su hija, la senadora priísta Sylvana Beltrones, y de su socio en varios negocios, Alejandro Capdevielle. Y la segunda, que empresas del sector energético están contratando de cabilderos a priístas de peso para influir en los prístas que votarán para que rechacen la contrarreforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y de Manuel Bartlett.
Un usted disculpe es lo que le espera en las próximas horas a Luis Alejandro Beristáin. Le informé que como apoderado legal de Interjet fue detenido el sábado por una presunta defraudación fiscal de 11 millones 952 mil pesos por concepto de ISR retenido en julio de 2020. Este hombre tenía a su cargo las finanzas de la aerolínea y salió de ella en 2017. Era gente de Miguel Alemán Magnani. Su error fue que no dio de baja su Firma Electrónica y le imputaron responsabilidad. Pero también hubo cierto dolo de la administración de Alejandro del Valle y Carlos Rello, quienes en todo caso fueron los que no enteraron al SAT de Raquel Buenrostro.