Independiente al desaseo con que el Servicio a la Navegación al Espacio Aéreo Mexicano reestructuró las rutas en el Valle de México, el gobierno ya tiene enfrente otro toro: la Federal Aviation Administration.
Desde el año pasado la poderosa agencia reguladora de Estados Unidos, mejor conocida como la FAA, sigue esperando que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) cumpla con sus auditorías.
Pero la ‘austeridad republicana’ que más bien es ‘pobreza franciscana’ desmanteló a la AFAC, que no tiene ni infraestructura técnica ni personal suficiente para supervisar a este importente sector.
Hablamos de inspecciones a aerolíneas, aeropuertos y talleres, rubros que desde el año pasado se le pidió al entonces titular, Rodrigo Vázquez Colmenares, quien fue dado de baja en la SCT.
El ejemplo más claro de esas omisiones que la FAA no está dispuesta a seguir solapando, con lo cual podría degradar a la aviación mexicana a categoría 2, fue el caso de Interjet.
Vázquez Colmenares le permitió seguir volando con la venia de sus superiores jerárquicos, Javier Jiménez Espriú, y después con su sustituto, Jorge Arganis, secretarios ambos de Comunicaciones y Transportes.
México debe cumplir requisitos mínimos de seguridad aérea para no perder la calificación de la Organización de Aviación Civil Internacional, como capacidad técnica, personal calificado, mantenimiento de archivos, procedimientos de inspección y resolución de temas de seguridad aérea.
Pero encima de que a todas luces las autoridades locales no acataron las directivas de la FAA, ahora la 4T desafía con la operación simultánea de los aeropuertos Benito Juárez y Felipe Ángeles y una reestructuración del espacio aéreo en el Valle de México que no tomó en cuenta las observaciones de la industria aeronáutica.
A ver cómo nos va ahora con la FAA, que preside Steve Dickson.
La 4t tiene la oportunidad histórica de patear una mala idea de Felipe Calderón y hacerle un favor a los productores mexicanos de papa. Como le adelanté ayer, si no hay cambio de última hora, hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá el amparo que promovió la Confederación Nacional de Productores de Papa, que preside Gerardo García, contra la apertura del mercado a las importaciones de papa fresca provenientes de Estados Unidos. Se trata de un acuerdo de Calderón y Barack Obama, en el que uno comprometió al sector a cambio de que el otro incluyera a México en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico. El secretario de Economía que lo operó fue Bruno Ferrari. Si hoy se impone el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena se corre el riesgo de que 43 plagas ingresen al país, de las que 28 son letales para otros cultivos como maíz, jitomate, chile, azúcar y tabaco. La presidenta de la Sala es Margarita Ríos Farjat y la componen Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el mismo Ortiz-Mena.
Otro expediente que también acabará judicializándose es éste. Ayer en la Comisión de Estudios Legislativos del Senado se consigió la aprobación que faltaba del dictámen por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear el nuevo Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil. Recordará que en esa comisión hubo empate cuando se votó de viva voz el pasado 25 de marzo. En aquel momento los cuatro senadores de Morena votaron a favor, mientras que se opusieron PRI, PAN, MC y PT, con un voto cada uno. Pues ahora mañosamente cambiaron votación a método de “mano alzada” y Morena consiguió el voto favorable de Manuel Añorve, del PRI, que además preside esa comisión. Joel Padilla del PT aplicó la clásica y conveniente ausencia, por lo que los opositores solo lograron dos votos en contra: el de la panista Gina Cruz Blackledge y el del emecista Luis Ortíz Salinas. Tan pronto como mañana el pleno del Senado con la mayoría morenista lo aprobaría para que entre en vigor ya. Los concesionarios y usuarios de celulares deberán recordar que Morena, de la mano de Añorve, idearon un burocrático registro que además pondrá en riesgo nuestros datos biométricos.
El “acuerdo” del gobierno, sindicatos y empresarios sobre el outsourcing que festejó Andrés Manuel López Obrador el lunes, es otra derrota para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y su presidente, Carlos Salazar, por más que se quiera presentar como un “buen convenio”. Al final el Presidente decretó la erradicación de la abusiva práctica de la tercerización y su complemento, el insourcing. Las empresas perdieron en su pretensión de que el PTU se topara a un mes y que les dieran un plazo de cuando menos seis meses para ajustarse a la nueva regulación. Los trabajadores terminarán en la nómina formal de los patrones y accediendo a las prestaciones sociales que por ley tienen derecho, como lo planteó desde el principio López Obrador. Con esto Salazar ya puede ir despidiéndose de su intención de mantenerse un año más al frente del CCE.
En los primeros tres meses del año juzgados de distrito en materia civil de la CDMX, el Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Aguascalientes, Querétaro y Puebla han desechado 30 peticiones de concurso mercantil que involucran a igual número de empresas. Ya sean por la vía de la demanda de un acreedor o porque el comerciante la ha solicitado, la reacción de los jueces es la misma: no darles entrada. Estamos hablando de compañías que están sucumbiendo por la crisis del Covid-19 y que requieren acogerse a esa figura para evitar la quiebra. Por eso no han llegado casos al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que encabeza Edgar Bonilla.
Uno de esos expedientes es el de Dina Camiones, la icónica marca mexicana perteneciente a Grupo G, del tapatío Raymundo Gómez Flores. Resulta que la empresa fue demandada el 10 de enero pasado por uno de sus proveedores, Cummins Comercializadora, la famosa fabricante estadounidense de motores a diesel. Pero el Juzgado Primero de Distrito de la CDMX no admitió la demanda. Dina hasta el cierre del año pasado estaba produciendo un camión por día en su planta de Ciudad Sahagún. Da empleo a más de 250 personas y este año va cumplir 70 años.
Hablando de reestructuras financieras, el lunes Alsea informó que extendió hasta junio de 2022 los acuerdos con sus acreedores para cambiar las condiciones de los contratos de crédito. El grupo que capitanea Alberto Torrado tiene vencimientos este año por unos 4 mil 830 millones de pesos y no tiene cómo hacerle frente por el impacto que el coronavirus tuvo en 2020 en la venta de sus restaurantes. Uno de sus acreedores es el Bancomext, que ahora dirige el joven Juan Pablo Botton. Con la banca de desarrollo arrastran alrededor de mil millones de pesos. Este es otro caso.