AHORA QUE EL Presidente ha anunciado una nueva iniciativa de Reforma a la Ley Eléctrica, se confirma que cerrarle el paso a la generación privada vía la CFE, ha sido no un objetivo, sino una obsesión de la 4T.
El que la dependencia de Manuel Bartlett se asegure el 54% de la producción del fluido, por lo pronto recibió un nuevo palo la semana pasada por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, el camino ahí está y se han articulado todo tipo de estrategias para disminuir el porcentaje de generación de los privados, y el caso más emblemático es la compra de las plantas de Iberdrola.
No obstante, ha habido otro camino, mucho más sigiloso, mucho menos mediático, que es la construcción de todo un sofisticado andamiaje legal y financiero paralelo a la CFE para dar paso a una CFE adjunta.
Este nuevo vehículo posee un marco normativo mucho más permisivo y laxo, que se puede mover más rápido y con total libertad, incluso, ante el propio Consejo de Administración de la empresa.
Cualquier funcionario de buen nivel de la CFE lo reconoce: hay dos empresas, con dos backlogs: la CFE tradicional y la CFEnergía, que tiene los proyectos más importantes y que pesan en la generación.
Desde 2022 advertimos que los megaproyectos de construcción de plantas de ciclo combinado San Luis Rio Colorado, Tuxpan, González Ortega, Valladolid y Mérida, se irían por adjudicación directa, luego de una ronda de licitaciones mañosamente declaradas desiertas.
El objetivo fue repartirlas a la alemana Siemens que comanda Alejandro Preinfalk, la japonesa Mitsubishi al mando de Felipe Rivera, pero sobre todo a “epecistas”, como la española TSK, de Sabino García.
Pero el tema no solamente es la adjudicación directa, sino el armado financiero y legal que permitió la integración de los proyectos, prácticamente fuera del balance de la CFE tradicional.
Lo anterior se logró a través del llamado Fideicomiso Maestro de Inversión, un instrumento que permitió la construcción de una carretera financiera paralela para ésos y otros proyectos.
Este entramado es obra del poblano Miguel Reyes, director de CFEnergía, el más cercano colaborador de Bartlett, que proviene de la academia y con un perfil discreto.
Pero se convirtió en el número dos de la CFE y con derecho a sentarse en las mesas en las que Andrés Manuel López Obrador es informado de los avances de los proyectos.
El brazo operativo de Reyes de todos esos proyectos que involucran al Fideicomiso Maestro, es Miguel Alejandro López, subdirector de Contratación y Servicios de la misma CFE.
Así que no son los 3 mil 500 millones de dólares sin licitar, sino las dos CFE´s que se va a encontrar la próxima administración y que serán una piedra ya sea para Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez.
Las dos CFEs despachan en el Paseo de la Reforma: una en el cruce con Insurgentes, y la otra, que es el verdadero engrane de los dineros que tocan infraestructura, gas, y todo lo internacional, hacia el poniente.
Una CFE fuera de libros, que ha permitido mejorar los números en papel, y cuya deuda no pinta de manera tradicional: CFEnergía y su Fideicomiso Maestro, que pasó desapercibido este sexenio, pero levantará cuestionamientos en unos meses más.
DE LUISA MARÍA Alcalde se pueden decir muchas cosas… y se han dicho. Pero lo que no se puede decir es que no sea una mujer de palabra. Lo manifiesta y se le cumple. La Secretaria de Gobernación en funciones de fiscal plenipotenciaria amenazó con “pedir” nuevas órdenes de aprehensión en contra de los ocho elementos de la Secretaría de la Defensa, injustamente encarcelados bajo prisión preventiva y liberados por resolución de un Tribunal Colegiado, y fueron reaprehendidos el pasado jueves por órdenes libradas por la misma Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales. Fue al momento en que iban a presentarse a cumplir con su medida cautelar de firma periódica, con la que demuestran su voluntad de someterse al proceso. Pero ahora les arrojan el delito de Delincuencia Organizada, pero eso es lo de menos. El (mal) chiste es enmendarle la plana a la ira que habita en Palacio Nacional y, de paso, sacrificar el nombre de las Fuerzas Armadas. Otra cosa de la que todos podemos estar seguros es de la solidez, decoro y pertinencia de este “nuevo” proceso que ha armado ese ente que brilla por su eficiencia y pulcritud técnica: la Fiscalía General de la República. Quien dude de su eficacia que nombre un caso que no se la haya desmoronado.
OTRA ALCALDE, BERTHA, ya dejó sentir su presencia en el ISSSTE, a donde acaba de arribar, como le adelantamos en esta columna hace exactamente una semana. La flamante directora del instituto ya está causando inconformidades y temores al interior y al exterior, sobre todo en las áreas de la Dirección de Administración y Médica. La primera controlada por dos cercanas a Palacio Nacional, Almendra Ortiz y Thalía Lagunas, y la segunda por el doctor Ramiro López Ugalde. Dos encomiendas tiene de entrada Bertha Alcalde: combatir la corrupción en la asignación de los multimillonarios contratos de equipamiento y servicios integrales de laboratorios, y frenar el robo masivo de medicamentos que aparecen posteriormente en los mercados de Iztapalapa en la CDMX y del Santuario en Guadalajara.
A PROPÓSITO DE Thalía Lagunas, la ariete del Presidente fue enviada por el mismo Andrés Manuel López Obrador a ordenar el tiradero que dejó Javier May en el Tren Maya. Hace unos días esta experta en auditoría, finanzas y administración y de todas la confianza del tabasqueño, recibió la orden de dejar a un lado las funciones propias de su posición, subsecretaria de la Función Pública, para instalarse en el sureste y dedicarse de cuerpo y alma en revisar, justificar y legalizar un sinnúmero de asignaciones directas y pago de servicios que carecen de contratos alrededor de ésa, la principal obra del gobierno de la 4T. Hay preocupación ahora que se evidenció cómo se entregaron multimillonarios negocios a personajes como Amílcar Olan y su relación con los hijos del inquilino de Palacio Nacional.