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    OpiniónJusticia tardía, pero segura: Darío Celis

    Justicia tardía, pero segura: Darío Celis

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    El supuesto empresario de Chihuahua, Jaime Galván Guerrero, dedicado a la comercialización de leche para programas sociales, fue aprehendido ayer complementando una orden del estado de Quintana Roo.

    Se presume su participación en una serie de fraudes millonarios a diversas empresas alrededor del país, con el objetivo de financiar sus negocios de proveeduría, a fin de dar cumplimiento a los contratos que firmaba con las dependencias y su empresa Prometeo Proyectos Ejecutivos.

    Galván Guerrero es nieto del general Félix Galván López, Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de José López Portillo, financiador de la campaña del gobernador de Chihuahua, César Duarte, y luego beneficiario de su administración.

    Después de haber sido detenido en Las Vegas, Nevada, por una acusación por lavado de dinero y fraude bancario, y recluido en una prisión de Estados Unidos, regresó con su empresa Prometeo Proyectos Ejecutivos.

    Empezó a ganar licitaciones en varios estados del país: inició en Chihuahaua, siguió en Nuevo León y continuó en Oaxaca donde encontró, en la figura José Murat, la voluntad para proveer con diversos contratos amañados a la entidad.

    En Delicias, Chihuahua, de donde es oriundo, desarrolló un viñedo que él mismo, y solo él, da fe de que es el primero en América y se inventa una historia, más allá de lo maravilloso, en donde aparece su familia como la gran protectora de la uva mexicana.

    En ese rancho se han celebrado fiestas y conciertos de todo tipo. Ha llevado a Luis Miguel, de quien también tiene una denuncia por incumplimiento de contrato, al negarse a pagarle.

    Su última incursión la tuvo en Chihuahua hace unas semanas, en donde reapareció como representante de otra empresa, Viva Alimentos, de Alfonso Villanueva, donde habría ganado un contrato por 170 millones para dotar de alimentos al DIF en el estado.

    Ayer, luego de más de un año de evadir sus compromisos, y tras diversas diligencias de los abogados Luis Miguel Campos y Alberto Yair Ferreira, del despacho de Luis Cervantes, fue capturado por la justicia en la CDMX para responder a un sinfín de acusaciones.

    Otra travesura del Juez 60 Civil, el ya famoso José Manuel Salazar Uribe. Pero ahora no es del caso de Cruz Azul, sino del conflicto societario de Genomma Lab entre Rodrigo Herrera y quien fuera su socio y CEO, Máximo Juda. El segundo se separó en septiembre de 2018 y ahora desea vender sus acciones que se encuentran en un fideicomiso en Banco Invex de Juan Guichard. Pero Herrera le tiene especial apego a sus accionistas, al menos a Máximo, pues ha hecho hasta lo imposible para que no se deshaga de su paquete accionario y para ello le solicitó a la estrella de las medidas cautelares, el juez Salazar, que dictó unas de sus ya famosas chicanas para prohibirle a Juda vender. Éste ya promovió un amparo y el Juez 14 de Distrito le concedió no una, sino cuatro suspensiones. Es así como, a fuerza de las suspensiones que le han conseguido sus litigantes, ha podido destrabar y contrarrestar  la medida. Pero qué cree, parece que dicho juez pudo haber incurrido en violación de las suspensiones con las que goza Máximo, así como también pudiera abarcar hasta la Fiduciaria de Invex, que funge como depositaria de las acciones. El juez federal ya valora darle Vista a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si se ha incurrido en algún delito. Máximo Juda está representado por los afamados abogados Roberto Illanes y Ulrich Richter, mientras que Rodrigo Herrera por el despacho Irra y Asociados, de René y José Manuel Irra.

    En el asunto concursal de Progresemos, le platiqué que se impugnó al conciliador Gerardo Badin ante el Juez 14 de Distrito en Materia Civil por el conflicto de intereses y enemistad con los abogados del despacho de Jaime Guerra, ya que lo demandaron por daños y perjuicios en el concurso de Oro Negro. El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) ya manifiestó que no se actualiza ninguna de las hipótesis establecidas en la ley para removerlo. En el concurso de Tecnologías Relacionadas con Energías y Servicios se removió al conciliador, Sergio Eugure, y en el de Equipos Computacionales de Mexico se quitó a Rodolfo Bucio, también por conflictos con ese bufete. En ambos casos el Ifecom no manifestó nada. Por el contrario, sustituyó a los originalmente nombrados. Pero ahora el organismo dirigido por Edgar Bonilla sí mantuvo a Badín en el caso de Progresemos, con todo y la demanda que pesa contra el controvertido ex conciliador de Mexicana.

    Aunque Grupo R de Ramiro Garza Cantú ha seguido sirviendo su deuda y evitado hasta donde le ha sido posible un default, recibió en el último mes dos golpes mortales de la 4T, casi sincronizados. Primero un embargo de cuentas por parte del SAT, que comanda Raquel Buenrostro, y por otro la orden fulminante al más alto nivel de Pemex, que dirige Octavio Romero, de cancelarles anticipadamente todas las obras que tenían con Pemex Exploración y Producción. Grupo R tiene bonos emitidos en el extranjero por unos 900 millones de dólares y ha venido negociando en los últimos meses un stand-still con sus acreedores. Sin embargo este golpe del SAT y Pemex puso en guardia a más de un banco.

    Gilberto López Meyer es vicepresidente de la IATA no de la OACI como publicamos. Es recordado como un funcionario de primera línea. De hecho cuando México fue degradado la primera vez, en julio de 2010, estando en Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el gobierno de Felipe Calderón, participó muy de cerca en la recuperación de la Categoría 1 en cuatro meses y una semana. Otro funcionario excepcional es Roberto Kobeh, director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano de 1978 a 1997. Fue presidente de la OACI entre 2006 y 2013, regresó al Seneam con Enrique Peña Nieto, pero renunció cuando llegó el gobierno de la 4T. No estaba de acuerdo con el aeropuerto de Santa Lucía.

    Tal cual le adelanté la semana pasada, la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez, conformó ayer muy temprano la renuncia de Catalina Clavé a la dirección general adjunta de Cámaras, que incluye la dirección general de la Contraparte Central de Valores de México (CCV) y del Fideicomiso Asigna, Compensación y Liquidación (Asigna), a partir del próximo 7 de junio. Se trata de una baja realmente sensible para el grupo que dirige José Oriol-Bosch.

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