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    OpiniónInsabi y UNOPS violan la ley: Darío Celis

    Insabi y UNOPS violan la ley: Darío Celis

    Opinión

    EL AUDITOR SUPERIOR de la Federación, David Colmenares Páramo, confirmó que su órgano contralor le sigue los pasos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

    Sobre todo a sus fallidas compras consolidadas de medicamentos a través de la inepta y carísima Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

    El modelo aplicado por el antropólogo Juan Antonio Ferrer y sus huestes lideradas por Adalberto Santaella, como coordinador de Abasto, vienen mostrando y arrastrando irregularidades desde su concepción y hasta hoy.

    La historia se remonta al 6 de mayo de 2019, cuando suscribió un primer acuerdo con la oficina que dirige Grete Faremo como ejercicio previo a un acuerdo definitivo que se suscribiría el 31 de julio de 2020 y que abarca las compras de fármacos hasta el 2024.

    A la UNOPS se le ordenó la asistencia en la investigación de mercado, asistencia en la revisión de bases de licitación, acompañamiento en la ejecución de la licitación, asesoría en la evaluación de ofertas técnicas y económicas y asistencia en la negociación de precios de medicinas de alto costo, entre otras.

    Por estos servicios la UNOPS cobró 541 mil dólares (casi 11 millones de pesos), los cuales se liquidaron mediante tres pagos: un anticipo del 50%, un pago por 243 mil dólares a la entrega del documento de recomendaciones para mejorar las bases de licitación y 27 mil de dólares por la entrega del informe final.

    Desde ese primer momento la ASF encontró irregularidades, como la inexistencia del dictamen de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard que daba origen a la contratación de esos servicios.

    Asimismo, la falta de autorización del presupuesto de la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer para cubrir el compromiso derivado de dicho Acuerdo de Colaboración y, más grave aún, falta de entregables del acompañamiento, sobre todo en el análisis de precios.

    A todo esto, la ASF también señaló las violaciones que los métodos de la UNOPS representaban para la Ley de Adquisiciones, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

    Además, por supuesto violaciones a la Constitución, por lo que se alertó sobre lo inservible que resultó el acuerdo, pues el Insabi nunca hizo caso a las recomendaciones que le hicieron.

    El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasó por alto todas estas irregularidades que auguraban incluso licitaciones desiertas por incorporar en los procesos de compra medicamentos de distintas categorías.

    Se enfocó únicamente en diseñar un marco legal que validara su modelo de adquisición para todo el sexenio, el mismo que hoy se tambalea por inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar.

    El resultado no podía ser otro más que el desastre y desabasto de medicamentos que se vive desde hace tres años, todo gracias a una colaboración internacional que ya derivó en una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por parte de la ASF.

    De seguir en el mismo camino la investigación, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación podrían dar lugar a denuncias ante la Función Pública de Roberto Salcedo contra Ferrer, su séquito y por supuesto contra la UNOPS.

    Diego Julián Granada Ramírez, director senior de la Banca de Inversión de BBVA, y testigo clave en relación a la denuncia penal por fraude que Go Gaba presentó contra de Coca-Cola donde los perjuicios ascienden a 345 millones de dólares, al fin declaró ante las autoridades después de tres años y cinco citatorios. Junto con las de Jordi Tasias, hoy director de CDPQ México, podrían deberse a partir de que José Antonio Del Valle, dueño de Go Gaba, dejara constancia a Carlos Torres Vila, presidente mundial del consejo de BBVA, y a Joaquín Gortari Diez, auditor jefe mundial, sobre la conducta de desacato del banco ante las autoridades mexicanas, así como de los agravios que el mismo empresario ha venido sufriendo por las conductas de la multinacional refresquera presidida por James Quincey. Granada y Tasias reconocieron que BBVA sí habría compartido información de su cliente Del Valle a la refresquera, y que BBVA en efecto intervino para negociar el acuerdo entre Coca-Cola y Go Gaba. A la fecha, diversos altos ejecutivos de la primera refresquera no se han presentado ante la fiscalía de Ernestina Godoy, habiendo sido requeridos en múltiples ocasiones. Tal es el caso de Selmán Careaga Castro, presidente Mundial de la Categoría Coca-Cola, en este proceso penal donde continúa imputado su Jefe, Manuel Arroyo Prieto,presidente mundial de Mercadotencia en The Coca-Cola Company.

    El polémico despacho estadounidense Quinn Emanuel, conocido por representar personajes como Tomás Yarrington, Genaro García Luna, Gonzalo Gil y la familia de Roberto Jenkins, entre otros, corre un riesgo de ser condenado por el Juez Segundo Distrito Civil de la CdMx en el concurso de Oro Negro por ocho millones de dólares que recibió en honorarios por parte del hijo de Francisco Gil Díaz cuando conducía la entonces prominente contratista de Pemex. Equivocadamente la firma encabezado por Juan P. Morillo decidió no contestar dos demandas interpuestas por acreedores que alegan que esos pagos no eran en beneficio de la empresa, y por lo tanto renunciaron a su derecho de réplica para controvertir los hechos imputados. Ahora el juicio se irá por la libre y eventualmente saldrá una sentencia condenatoria. Morillo, arriesgado abogado que cree que siempre trae todas sobre la mesa, tendrá que rendirle cuentas a su jefe y socio principal John Quinn.

    La Fiscalía General de Justicia de la CdMx, que comanda Ernestina Godoy, está por judicializar la denuncia contra el banco suizo UBS por discriminación y llamar a cuentas a algunos de sus ex ejecutivos para que se presenten a una audiencia. Aquí le contamos el caso de Leonardo Poblete Galván. Fue en concreto la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Atención Prioritaria, que capitanea Erika Arellano, la que solicitó ya la judicialización de la carpeta de investigación, convirtiendo a la institución que preside Ralph Hamers en la primera empresa que podría ser vinculada en México por ese delito. Al banquillo van Víctor Chávez Longyear, quien fue director de UBS Bank México y de UBS Servicios; Arianna Prasio Sangermano, ex directora de Recursos Humanos de UBS México y Latinoamérica; Aline de Menezes Santos, directora Legal Regional para México y Latinoamérica; y Erin Rowin, directora ejecutiva de Recursos Humanos.

    Sobre la póliza “Todo Bien y Todo Riesgo” del Metro de la CdMx, respecto del siniestro de enero de este año en que se quemó una de las centrales del sistema que dirige Guillermo Calderón, nos informan que no está rechazado el evento. Que el seguro se encuentra en proceso de ajuste con GMX, que capitanea José Luis Llamosas. Las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum han estado entregando documentación esencial. También nos afirman que el reaseguro está colocado en los mercados internacionales al 100% desde el principio y que tiene vigencia total. Asimismo que durante todo este tiempo se han pagado diversos siniestros al Metro. Como prueba de esto último está el pago de la responsabilidad civil del Sistema de Transporte Colectivo en los acotecimientos de la caída de un tramo de la Línea 12. GMX hizo acompañamiento estrecho para la indeminización de fallecidos y lesionados.

    Ayer en Tula, Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador dio por el fin el banderazo a los trabajos de reconfiguración de la refinería Miguel Hidalgo. Dos empresas se llevaron los cuatro desarrollos. ICA, que dirige Guadalupe Phillips, con un contrato cercano a los dos mil millones de dólares para los paquetes 1, 2 y 3 que incluyen los trabajos de la terminación de la coquizadora, sus plantas auxiliares y la reconfiguración de las instalaciones actuales. Hay un cuarto paquete consistente en la integración, almacenamiento y fuerza de la refinería, contrato por otros 350 millones de dólares, que la petrolera dirigida por Octavio Romero está por asignar en breve.

    El gobierno de Samuel García está preparando una licitación para la compra de autobuses a gas natural. Lo que suena raro es que sin que el concurso haya sido emitido, el nuevo gobernador de Nuevo León ya anunció que las unidades serán presentadas en enero. Con la escasez de microchips que ha limitado la velocidad de los procesos industriales, solo habría una manera de hacer una licitación en noviembre y anunciar la llegada de los autobuses en enero, y eso es que ya se tuvieran “apalabrados” con alguna empresa, y que esta empresa fuera de China. Así que ya lo sabe, si la adquisición en Nuevo León trae esos plazos, es que está escrita en chino y con dedicatoria.

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