El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha dado inicio a una investigación contra el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) por el presunto uso indebido de datos personales pertenecientes a la reconocida periodista Denise Dresser.
Los acontecimientos se desencadenaron luego de que Dresser expresara su disgusto en redes sociales la noche del lunes debido al desorden y los retrasos en los controles migratorios del aeropuerto, el cual ha estado lidiando con problemas de capacidad durante varios años. En respuesta a sus quejas, la cuenta oficial del AICM en una red social publicó información detallada sobre los movimientos de la periodista desde su llegada al aeropuerto hasta su salida, aparentemente con el propósito de demostrar que su tiempo de espera en los controles no excedió los límites razonables.
Esta acción no solo generó una denuncia formal de Dresser ante el INAI y otras entidades defensoras de la libertad de prensa, sino que también avivó un debate sobre la presencia militar en los accesos a México y el posible uso que las fuerzas de seguridad hacen de la información que manejan.
El desencuentro se inició momentos antes de la medianoche del lunes, cuando Dresser, al atravesar los controles migratorios, reportó una multitud considerable de personas esperando su turno. En su publicación en redes sociales, denunció la situación y cuestionó la eficacia de la transferencia de responsabilidades en los aeropuertos a las fuerzas armadas, mostrando imágenes de una abarrotada Terminal 2 del AICM.
La respuesta del AICM llegó al día siguiente, en la cual detallaba minuciosamente el trayecto de Dresser por el aeropuerto. En su comunicado, la cuenta oficial informó los tiempos exactos en los que la periodista transitó por distintas áreas, argumentando que su tiempo de espera en migración no había excedido los estándares, a pesar de la aglomeración de pasajeros.
Esto provocó reacciones tanto a favor como en contra del Gobierno mexicano, que no solo había delegado el control del aeropuerto capitalino a las Fuerzas Armadas, sino que también había transferido otros 18 aeródromos en varios estados del país a dicha entidad. En el centro del debate se encontraba el uso de información para contrarrestar voces críticas hacia la Administración de Andrés Manuel López Obrador, como en el caso de Dresser.
«El hecho de que se haga un seguimiento minuto a minuto de mis actividades en el aeropuerto es sumamente preocupante», expresó la académica, señalando que las cámaras de seguridad deben emplearse para garantizar la protección y, en caso de delitos o irregularidades, tener evidencia, pero no para hostigar a los ciudadanos. Dresser involucró en su reclamo a Artículo 19, al Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, ambas organizaciones defensoras de la libertad de expresión, así como al INAI.
En respuesta a esta controversia, el INAI procedió con la apertura de una investigación de oficio. En un comunicado, el Instituto señaló que el AICM, como entidad obligada, es responsable del manejo de datos personales obtenidos a través de sus sistemas de videovigilancia y debe cumplir con los principios y deberes establecidos para el uso de dicha información.
El objetivo de esta investigación será verificar los hechos ocurridos y las condiciones en las que el AICM manejó los datos personales relacionados con Dresser. Esta acción ha sido respaldada por Artículo 19, quien ha afirmado que se están utilizando recursos públicos del Estado mexicano para reprimir la crítica hacia la función pública, en este caso, dirigida hacia una académica que ejercía su derecho a la libertad de expresión.